La Provincia asegura que Nación le debe $19,1 billones y denuncia unas mil obras abandonadas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que la deuda que mantiene Nación con el territorio bonaerense asciende a $19,1 billones, de acuerdo con una estimación realizada con valores acumulados hasta julio de 2026.

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El encargado de presentar las cifras fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien detalló que el cálculo contempla tres grandes componentes: obligaciones directas de la administración nacional, obras públicas comprometidas y programas que fueron discontinuados o registraron demoras en el envío de recursos.

El rubro de mayor peso corresponde a obras públicas comprometidas por Nación en distintos puntos de la provincia, cuyo saldo fue calculado en aproximadamente $10,1 billones. Allí aparecen trabajos que estaban bajo responsabilidad directa del Gobierno nacional, convenios celebrados con la Provincia y los municipios, además de proyectos habitacionales y de infraestructura.

Durante su habitual conferencia de prensa, Bianco cuestionó la política adoptada por la administración de Javier Milei y aseguró que desde el cambio de Gobierno se produjo una paralización generalizada de proyectos.

“Se abandonaron aproximadamente mil obras en la Provincia de Buenos Aires y eso ha tenido un impacto presupuestario muy, muy importante”, sostuvo el funcionario.

Dentro de ese universo, la administración bonaerense contabilizó 105 convenios correspondientes al programa Procrear para construir 6.578 viviendas en 28 municipios. También incluyó otras 9.725 viviendas previstas mediante los programas Casa Propia y Reconstruir en 52 municipios.

A su vez, el relevamiento incorpora 128 obras acordadas entre Nación y Provincia y otras 755 convenidas directamente entre el Gobierno nacional y diferentes municipios, además de proyectos de infraestructura vinculados con programas nacionales y universidades.

Otro de los principales componentes corresponde a obligaciones directas que, según la Provincia, Nación mantiene pendientes, por un monto cercano a los $4,7 billones.

En este apartado aparecen transferencias de Anses a la Caja provincial, compensaciones contempladas en el Consenso Fiscal de 2017, recursos correspondientes al Fonid, un convenio de asistencia financiera firmado en 2023, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y partidas relacionadas con el Ministerio de Salud.

También se contemplaron obligaciones relacionadas con programas sanitarios, políticas de nutrición infantil y fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense. El documento presentado por la Provincia ubicó específicamente este segmento en $4.654.472 millones.

Por último, el Ejecutivo bonaerense calculó en alrededor de $4,3 billones el impacto económico generado por programas nacionales discontinuados o demorados.

Entre ellos mencionó nuevamente el Fonid y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, además del programa Acompañar, la asistencia destinada a la compra de alimentos para comedores, el Fondo de Compensación del Transporte Público y diferentes políticas sanitarias.

El relevamiento también incorporó recursos vinculados con emergencias climáticas, tratamientos contra la tuberculosis, el programa Remediar y medicamentos destinados a pacientes trasplantados a través de Cucaiba. Por estos conceptos, la Provincia calculó un perjuicio de $4.260.349 millones.

De esta manera, el monto denunciado por el Gobierno bonaerense surge de sumar $4,7 billones en obligaciones directas, $10,1 billones correspondientes a obras comprometidas y $4,3 billones por programas discontinuados o demorados, lo que arroja una cifra global cercana a los $19,1 billones.

Sin embargo, la administración de Axel Kicillof amplió el cálculo al considerar también la reducción general de recursos registrada durante los últimos años. Según el informe, la caída de fondos de origen nacional representa otros $5,9 billones, mientras que la merma de recursos provinciales fue estimada en $3,4 billones.

Al incorporar esos montos a la deuda denunciada, el Ejecutivo bonaerense estimó un desfinanciamiento total de $28,4 billones, situación que atribuyó a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

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El Eco de Tandil

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