El senador del bloque de Unión por la Patria (UxP), Walter Torchio, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear un Observatorio Provincial sobre Inteligencia Artificial (IA) a fin de orientar su uso en el diseño de políticas públicas de manera ética, segura, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

La iniciativa apunta a que el Observatorio Provincial permita generar, recopilar y difundir información actualizada, así como análisis y recomendaciones para el diseño de políticas públicas, regulaciones y estrategias que favorezcan el desarrollo y el usó sostenible de la IA en la provincia de Buenos Aires.

“La inteligencia artificial constituye uno de los fenómenos tecnológicos más transformadores de nuestro tiempo. Su irrupción marca un cambio de paradigma porque no se trata únicamente de un avance técnico, sino de una mutación cultural, económica y jurídica de enorme profundidad, que ya impacta en todos los aspectos”, alegó el senador por la Cuarta sección electoral.

En ese sentido, Torchio remarcó que son varios los especialistas que advierten sobre los desafíos que implica la IA; desde riesgos éticos y jurídicos hasta tensiones que genera la innovación, privacidad y equidad social. Sin embargo, destacó que estas nuevas tecnologías abren oportunidades para el desarrollo humano.

Por ello, el senador bonaerense señaló que, la cuestión no es si debe regularse la IA, sino cómo hacerlo, con qué objetivos y bajo qué principios. “El Estado debe establecer marcos jurídicos que, sin ahogar la iniciativa privada, garanticen un uso ético, responsable y producente”, alegó.

En ese marco, el legislador recordó la Ley de Inteligencia Artificial que sancionó la Unión Europea en 2021, la cual establece un marco regulatorio para el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA en la región.

Vale mencionar que, la normativa europea clasifica los sistemas según su potencial para causar daño: prohíbe los de riesgo inaceptable (como la puntuación social o los juguetes que inducen comportamientos peligrosos); somete a requisitos estrictos los de alto riesgo (por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial o los que manipulan el comportamiento humano).

Además, la ley impone obligaciones de transparencia a los de riesgo limitado (como los chatbots de atención al cliente); y exime de mayores recaudos a los de riesgo mínimo (como las calculadoras o filtros de spam).

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