Reflotaron proyecto en la Legislatura bonaerense para sancionar expresiones negacionistas

En medio del debate sobre la memoria histórica, la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Silvina Nardini, retomó un proyecto de ley originalmente presentado en 2022 por la exlegisladora Susana González. La iniciativa busca establecer un Consejo Provincial de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado, con el fin de prevenir y sancionar expresiones que relativicen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y el etnocidio contra los pueblos originarios.

Sobre la importancia de esta construcción histórica, Susana González señaló en los fundamentos del proyecto: “La historia de América Latina y nuestro país ha demostrado lo difícil que resulta construir democracia con Memoria, Verdad y Justicia. Las flagrantes violaciones de DDHH de la dictadura cívico militar, los juicios y leyes del año 1983 y la larga lucha de organismos como Madres, Abuelas, Hijos y Familiares, entre otros, dan cuenta de la complejidad de lo expuesto”.

El organismo propuesto contaría con la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y el Defensor del Pueblo. Entre sus funciones, se destaca la creación de una base documental sobre el negacionismo y el desarrollo de protocolos de intervención ante denuncias. Asimismo, el consejo tendría la potestad de constituirse como querellante en instancias judiciales y aplicar sanciones administrativas a funcionarios públicos que incurran en prácticas negacionistas.

La propuesta también contempla la incorporación del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas cuando los hechos afecten a comunidades originarias. Además, tras gestiones del Honorable Concejo Deliberante de Ensenada, se busca incluir a la comunidad afrodescendiente en el alcance de la norma, la cual obtuvo recientemente dictamen favorable en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

En paralelo, la senadora Malena Galmarini presentó una iniciativa similar que propone capacitaciones obligatorias para el sector público. Al respecto, la legisladora sostuvo: “Debe entenderse el negacionismo como una narrativa antihumanitaria, desconocedora de los derechos elementales de las personas y antidemocrática, que sin dudas debe confrontarse no solo por la sociedad civil sino mediante políticas públicas dirigidas a este fin”.

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