Según la entidad, un grupo de empresas exportadoras multinacionales, haciendo uso de lo que se describe como una posición oligopólica y dominante, ha comenzado a imponer condiciones para la compra de soja que vulneran la confidencialidad comercial de sus vendedores tradicionales, principalmente acopios y cooperativas.

La denuncia se centra en que la exportación está exigiendo que se le entreguen datos sumamente específicos y privados de cada productor individual. Entre la información requerida se encuentran las hectáreas sembradas, el nombre del establecimiento, la ubicación precisa (localidad y provincia) y el Renspa del productor que comercializa su mercadería a través de los acopios.

Desde la Federación sostienen que esta demanda es un hecho sin precedentes en la historia del mercado de granos argentino, calificándola como un intento de exigencia coercitiva que violenta el principio elemental de protección de datos comerciales de los clientes.

Para la entidad que nuclea a los acopiadores, la maniobra tiene un trasfondo que va más allá de un simple registro administrativo. “La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos”, señalaron en un comunicado oficial.

Inviable y ofensiva

La Federación advierte que este accionar busca una apropiación de datos comerciales sensibles con el objetivo final de eliminar progresivamente la figura del acopio y la cooperativa, permitiendo a las multinacionales ejercer un dominio total del mercado granario. Además, califican la medida como inviable, ya que técnicamente es imposible informar qué camión específico corresponde a qué productor una vez que el grano ha ingresado y se ha procesado en una planta de acopio.

Además, la calificaron como ofensiva (al vulnerar la confidencialidad de los clientes) e innecesaria, debido a que ya existen sistemas eficientes como el VISEC (coordinado por los propios exportadores), que permite certificar compromisos ambientales mediante datos encriptados que resguardan el secreto comercial.

El planteo de la Federación de Acopiadores subraya que esta pretensión de los exportadores excede cualquier normativa pública vigente, citando que incluso sistemas oficiales de registración como SIO-Granos preservan estrictamente el secreto comercial.

Legalmente, la entidad sostiene que esta exigencia violaría la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 y diversas disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. Específicamente, se menciona que el comportamiento de los exportadores podría configurar una violación a los incisos d, e, j y k del artículo 10 de dicho decreto, lo que facultaría a los afectados a iniciar acciones judiciales por daños y perjuicios.

Un frente común

Frente a la excusa de los exportadores sobre un supuesto "road map climático", los acopiadores responden que los objetivos ambientales no pueden justificar una intromisión de esta magnitud en la esfera privada de los negocios.

En respuesta, la Federación ha iniciado gestiones con organizaciones representativas de productores y corredores de granos para coordinar un plan de acción conjunto que frene estas exigencias. "Cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente", concluyeron, reafirmando que la comercialización en Argentina debe sostenerse sobre reglas de “competencia leal y respeto por la confidencialidad”, se dijo.

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