A través del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas en esa condición en las 19 provincias que adhirieron a la iniciativa. Según el informe oficial, el universo relevado se compone de un 17% de mujeres y un 83% de varones.

En relación con el rango etario, el 92% de la población tiene más de 18 años, mientras que el 6% se sitúa por debajo de esa edad. El estudio se basó en 7.894 entrevistas realizadas en espacios públicos, como plazas y zonas céntricas, y en dispositivos de alojamiento. Entre los datos destacados, se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

La cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello señaló mediante un comunicado que "el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física". Asimismo, remarcaron que "contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz".

Desde el organismo explicaron que "la planificación de la recolección de datos ha sido el resultado de un proceso de trabajo político y técnico que se viene desplegando de manera conjunta, simultánea y coordinada con las provincias y los municipios". Este proceso busca asegurar criterios unificados que se ajusten a las particularidades de cada territorio.

Cambio de paradigma

El informe resalta que "se llevó adelante un importante cambio de paradigma: se pasó de la reacción ante la urgencia, al trabajo planificado; de la dispersión a la coordinación; de la intuición a la evidencia y del asistencialismo aislado a la estrategia integral".

Además, concluye que "los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático".

En cuanto a la situación socioeconómica, el 52% cuenta con la primaria completa pero el secundario incompleto. Por otro lado, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales, mientras que un 8% recibe otros ingresos.

Cabe destacar que, desde junio pasado, el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención de estas personas a las jurisdicciones, asumiendo únicamente la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.

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