Crecieron los procesos judiciales por quiebras y concursos en pequeñas y medianas empresas
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos advierte sobre el impacto de la crisis económica en el sector, con un aumento significativo en la judicialización de las firmas.
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Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, un total de 24.437 pymes cerraron sus actividades en todo el territorio nacional. Esta situación, marcada por la baja en la producción y el consumo, además de una ruptura en la cadena de pagos, impactó directamente en los pedidos de concursos y quiebras. El cese de operaciones dejó a 327.813 trabajadores sin la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl informe fue presentado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos a través de Germán Alberto Pizzano, abogado del Departamento Legal de la entidad. El documento alerta sobre la judicialización de la crisis empresaria y el avance del estado de cesación de pagos en el entramado industrial del país.
La crisis PyME ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales.
Según las estadísticas, en 2023 se registraron 82 concursos preventivos, mientras que en 2025 la cifra subió a 190, lo que representa un aumento del 131,71%. La tendencia se mantiene al alza durante el inicio de este año, ya que solo en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 procesos concursales.
El aumento de los concursos preventivos muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial. La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor.
Ante este panorama, el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos planteó la necesidad de sancionar una legislación de emergencia económica y productiva. El objetivo es otorgar herramientas transitorias como la suspensión de ejecuciones judiciales, la facilitación de soluciones preventivas y la extensión de los plazos concursales para evitar cierres definitivos.
Se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra. De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas.
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