El Gobierno adjudicó la venta de AySA y la Provincia prepara una ofensiva judicial para frenar el proceso

El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la venta del 90 por ciento del paquete accionario de AySA, la empresa encargada de prestar los servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por un monto de 340,2 millones de dólares. 

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La decisión fue formalizada este jueves 22 de octubre a través de la Resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, donde la cartera liderada por Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación.

El consorcio que se hará cargo de la firma está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. Según lo establecido en el pliego de bases y condiciones, el contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026. El paquete accionario adjudicado comprende 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, que representan el 90 por ciento del capital social y los votos de la compañía, con un valor nominal de 1000 pesos cada una.

Ofensiva judicial y críticas

A pesar de los avances en la privatización, el proceso enfrenta una fuerte resistencia judicial impulsada por la Defensoría del Pueblo y un grupo de legisladores. Los cuestionamientos se centran en la reducción de los estándares ambientales y sanitarios, así como en el supuesto ocultamiento de la tasación oficial realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

En este sentido, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, advirtió que la medida perjudica el acceso a servicios básicos para millones de habitantes. Según datos oficiales, en el AMBA el 24,5 por ciento de la población no cuenta con agua de red y el 36,4 por ciento carece de cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”, manifestó Katopodis.

El funcionario también cuestionó la gestión tarifaria y la inversión en infraestructura. “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei”, sentenció.

De acuerdo con lo expuesto por el ministro, en los últimos tres años las tarifas aumentaron un 555 por ciento en valores nominales, mientras que la inversión en obras registró una caída del 75 por ciento en términos reales.

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El Eco de Tandil

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