La caída de los ingresos ocupa el centro de la escena al analizar la morosidad familiar

El cumplimiento de las obligaciones crediticias se encuentra condicionado por la persistencia de tasas de interés activas elevadas en términos reales, lo que restringe las posibilidades de refinanciación para los deudores del sistema financiero.

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El atraso en los pagos responde de manera directa a la “caída, recuperación parcial, y luego estancamiento (incluso nueva caída leve) del poder adquisitivo de los ingresos, en conjunción con la disminución del empleo formal”.

Asimismo, incidieron las “tasas de interés activas que no acompañaron la disminución de la inflación”, debido a que las entidades financieras aplicaron spreads más altos para compensar el propio incremento de la irregularidad de la cartera, un comportamiento que finalmente “impidió poder refinanciar deudas con tasas más convenientes”.

Estas son las conclusiones de un informe de la consultora LCG, que plantea que la dificultad para afrontar los compromisos financieros abarca a distintos sectores de la población.

La investigación de la entidad detalla que la persistencia de la irregularidad crediticia tiene como correlato que muchas familias enfrenten “dificultades severas para llegar a fin de mes”, viéndose obligadas a recurrir como última instancia “al pago diferido con tarjeta de crédito para el supermercado”, una modalidad de consumo que creció del 37 al 44 por ciento entre 2023 y 2026.

El diagnóstico general del sistema refleja que un 28 por ciento de las personas humanas que mantienen deudas se encuentran registradas en “situación 3 a 5” dentro de la Central de Deudores del Banco Central.

En tanto, el porcentaje de préstamos con atrasos se ubica en el 24,7 por ciento. NA

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El Eco de Tandil

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