En las últimas horas, un grupo de representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó al Congreso nacional una batería de propuestas fiscales, laborales y financieras para enfrentar la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes). El planteo surge en un contexto marcado por la caída del consumo interno y las dificultades para sostener la actividad productiva.

Dirigentes del sector participaron de una reunión con diputados nacionales de todos los bloques que integran el recinto, donde expusieron un documento con un diagnóstico respecto de la situación de las pymes y propusieron medidas orientadas a evitar los cierres definitivos de las plantas y recuperar los empleos perdidos en los últimos dos años.

Según dejaron trascender, el encuentro con los legisladores se produjo mientras numerosos comercios advierten por una fuerte retracción en las ventas, una de las principales preocupaciones que hoy atraviesan al sector. Por eso, desde la CAME remarcaron que, sin una recuperación de la demanda, cualquier mejora normativa resulta insuficiente para revertir la situación que enfrentan miles de empresas en todo el país.

El presidente de la entidad, Ricardo Diab, sintetizó este planteo ante los legisladores al señalar que “se puede trabajar en mejores leyes, pero si no hay consumo no se puede transformar nada”. En esa misma línea, el titular de la institución sostuvo que la falta de movimiento en el mercado interno impacta directamente en la inversión, la innovación y la generación de puestos de trabajo. “No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, agregó durante la reunión, donde también analizó los costos impositivos y las dificultades de acceso al crédito.

Más allá del reclamo por la caída del poder adquisitivo, la entidad empresaria presentó un memorándum técnico con reformas concretas para promover un entorno más eficiente, previsible y equitativo. En el plano impositivo, uno de los puntos centrales refiere al IVA, donde se planteó ampliar la base imponible junto con un esquema de devolución automática y focalizada para sectores de menores ingresos.

Respecto del Impuesto a las Ganancias, la entidad liderada reclamó un régimen diferencial para pymes, con deducción inmediata de inversiones productivas y una reducción de la alícuota general. Según el sector, estas medidas permitirían liberar recursos para capital de trabajo y modernización tecnológica.

Otro capítulo relevante apunta a las cargas patronales, proponiendo reducir las contribuciones marginales para nuevos empleos. En cuanto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, la propuesta consiste en convertir el 100% de ese tributo en crédito fiscal utilizable contra IVA o Ganancias en un plazo de dos años.

Finalmente, en materia laboral, el documento impulsa la creación de una Junta Médica Paritaria y una Base Única de Certificados Laborales. Asimismo, se planteó tipificar penalmente la falsificación de certificados médicos y mejorar la interoperabilidad entre organismos como las ART y el SIPA para reducir la litigiosidad y dar mayor previsibilidad al esquema formal.

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