Avanza la causa contra Martínez Lastra y analizan la responsabilidad del Municipio

La denuncia presentada contra el titular del sindicato de trabajadores municipales, Roberto Martínez Lastra, ha ingresado en una etapa clave de su instrucción penal preparatoria. 

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Así lo confirmó el doctor Facundo Llano, abogado de una de las denunciantes, durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. 

Según detalló el letrado, tras resolverse una cuestión de competencia, la causa ha sido asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12, donde se continuará con la investigación de los hechos denunciados por la trabajadora municipal.

El proceso penal, que se inició a partir de la presentación formal de la víctima, busca esclarecer una serie de situaciones de violencia de género ocurridas en el ámbito laboral. Llano explicó que, en su rol de particular damnificado, su estudio jurídico se encuentra ejerciendo un acompañamiento activo a la investigación que lleva adelante el fiscal. 

El objetivo es que, una vez reunidas las pruebas y analizada la calificación legal de los hechos, se pueda avanzar hacia una imputación objetiva y, eventualmente, a una instancia de juicio oral para determinar las responsabilidades penales del denunciado.

Más allá de la arista judicial, el caso ha puesto el foco en la responsabilidad del Municipio como empleador. Al tratarse de una trabajadora que cumplía funciones en comisión dentro del sindicato, el abogado subrayó “la importancia de analizar cómo se gestionan estos pases y quiénes son los responsables de supervisar las condiciones laborales”. 

Y en este punto, Llano manifestó que "nosotros tenemos que velar por la salud del empleado municipal; hay que avanzar respecto a la responsabilidad del empleador en cómo destina a esa persona, en qué ámbito de trabajo y bajo qué órdenes", refirió durante la entrevista.

En este sentido, el letrado destacó que “ya se ha iniciado un sumario administrativo por parte de las autoridades municipales, en cumplimiento con el protocolo de actuación para casos de violencia de género”. 

Esta instancia “es independiente de la penal y busca determinar si la conducta del denunciado configura una falta administrativa pasible de sanción”, explicó. 

El equipo legal de la denunciante se encuentra siguiendo de cerca este expediente, con el fin de asegurar que se apliquen las medidas de protección necesarias para la trabajadora, quien actualmente se encuentra bajo licencia y recibiendo acompañamiento psicológico.

Respecto a la situación de la víctima, el abogado reconoció que el proceso resulta sumamente complejo desde lo personal. "Es el temor a que no pase nada", señaló Llano al describir el estado de ánimo de su representada, quien ha tenido que someterse a diversos informes. 

Estos estudios, realizados por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima (CAP), ya han sido incorporados al expediente judicial, “aportando elementos fundamentales para el avance de la causa”, agregó el letrado, quien valoró “la celeridad con la que han actuado los organismos judiciales en esta etapa inicial”.

El enfoque de la representación legal está puesto ahora en la protección integral de la trabajadora ante su futuro reintegro laboral. Llano enfatizó que, “si bien el proceso penal se mantendrá bajo reserva para preservar la integridad de la investigación, la cuestión administrativa es de interés público debido a la envergadura de los involucrados”. 

"Estamos hablando de un ámbito público y de funcionarios con responsabilidades, por lo que es necesario explicarle a la comunidad lo que está sucediendo", afirmó el abogado, quien mantendrá reuniones con las autoridades sumariantes para coordinar los pasos a seguir.

El letrado también hizo hincapié en que existen al menos dos denuncias contra el mismo dirigente, lo que refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva. 

La expectativa es que, durante la presente semana, surjan novedades concretas desde la fiscalía interviniente. Mientras tanto, el equipo legal se prepara para realizar nuevas presentaciones administrativas que garanticen que la cadena de mando y las responsabilidades institucionales sean debidamente evaluadas, evitando que el caso quede limitado únicamente a una cuestión personal entre las partes involucradas.

“La transparencia en el manejo de estos expedientes” es, para el doctor Llano, “una condición indispensable para restaurar la confianza en las instituciones”. 

El abogado reiteró que, aunque no ha mantenido comunicaciones directas con el Ejecutivo municipal hasta el momento, se encuentra “abierto al diálogo siempre que este sea en beneficio de la protección de la víctima”, afirmó. 

La prioridad absoluta, según remarcó, es que “la trabajadora pueda sentirse respaldada por el Estado, tanto en su faceta de empleador como en su rol de garante de los derechos fundamentales de sus agentes”.

Finalmente, el representante legal destacó la importancia de que los organismos de control actúen con celeridad y rigor. "Nosotros no buscamos el reproche administrativo solamente, queremos determinar todas las responsabilidades", concluyó Llano.

La causa, que ha generado una fuerte repercusión, se encamina ahora hacia una etapa de definiciones donde tanto la justicia penal como el sumario administrativo deberán dictaminar sobre las conductas denunciadas, marcando un precedente sobre el tratamiento de la violencia de género en el ámbito público local.

Sobre el autor

Carola Núñez