En el marco de la investigación en la que interviene la UFI 3, a cargo del fiscal Luis Piotti, la instrucción penal por el presunto abuso a una menor ocurrido en El Calvario se encamina al archivo.En medio del hermetismo que imperó en torno a un delicado caso denunciado, la pesquisa, a partir de los elementos recopilados por estos días, concluiría en la inexistencia del delito penal sospechado a partir de los dichos de la menor, quien será sometida a entrevistas y tratamientos psicológicos en pos de esclarecer cuál sería su situación personal.De acuerdo a lo que se dejó trascender, tras distintas diligencias practicadas, entrevistas y testimonios recogidos a lo largo de la instrucción, para los investigadores resultaría imposible que los hechos sucedieran como en la primera versión de contó de parte de la menor, quien luego cambió su relato y se tornó aún más confuso a la hora de conocer lo que pudo ocurrir.&nbsp;Tanto la información recopilada por las cámaras del Centro de Monitoreo municipal como dispositivos de propiedades privadas de la zona del paseo religioso, expondrían que resultaría imposible que los hechos se desarrollaran como la denunciante primigeniamente relató en medio de un estado de shock que mereció su intervención en el Hospital Santamarina.En este aspecto, precisamente se sumó que los profesionales del centro asistencial descartaron signos de violencia física, por lo que la hipótesis de un abuso se fuera desvaneciendo.&nbsp;Como se informó, minutos después de las 19 del jueves 18 agosto ingresó un llamado al sistema de emergencias 101 Mejorado y rápidamente se montó un operativo en las inmediaciones del paseo público.En principio, la adolescente fue encontrada en el espacio con sus prendas en la mano luego de haber sido atacada por cuatro hombres, según el relato aportado por la víctima, que estuvo internada en un centro asistencial.Tal se detalló, entre las medidas de prueba, el material captado por las cámaras de la red de monitoreo fueron entregadas a la Justicia y de su análisis pudieron establecer el trayecto recorrido por la menor, sin advertirse presencia alguna de los presuntos agresores denunciados.En principio, la joven salió de la escuela y se dirigió hacia el paseo público, al cual ingresó sola. En un determinado momento, dijo que había sido abordada por cuatro hombres, que la atacaron para luego darse a la fuga.En función del registro fílmico obtenido, los investigadores descartaron el grupo de jóvenes que la joven denunció.Por otro lado, de los informes médicos y de los hisopados que fueron tomados junto a otros análisis toxicológicos, descartaron actos violentos contra la menor.A raíz del hecho, ocurrido en jurisdicción de la Seccional Primera, intervino personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, y la instrucción quedó en la órbita de la UFI 3, a cargo del fiscal Luis Piotti.También trabajaron efectivos de la Policía Científica, que inspeccionaron el lugar, mientras que los representantes del Ministerio Público intentan sumar más elementos en la causa mediante entrevistas y otras medidas que permitan esclarecer qué fue lo que verdaderamente ocurrió.

A dos semanas de la denuncia, la pesquisa descartó un abuso a una menor en El Calvario

A pocos meses de cumplirse la condena de un hombre que fue condenado por abusar de una menor en 2015, la madre de la víctima salió a exponer públicamente su preocupación porque el autor del nefasto hecho en su momento la había amenazado con matarla a ella y a toda su familia. Pide que la Justicia les brinde la protección necesaria y alertó a la sociedad de que el abusador va a estar en la calle.&nbsp;Cabe recordar que en agosto de 2015 la víctima había sido contactada por el violador para que le cuidara a un hijo de cinco años, ya que estaba separado y debía viajar. No hizo el viaje y en la madrugada consumó el ataque sexual. El sujeto, de 60 años, había escapado a Capital Federal, donde fue detenido a los cuatro meses de haber violado a la menor.&nbsp;En 2017 Sandro Papodoplo alias&nbsp;“Roberto”, con&nbsp;último domicilio en Aeronáutica Argentina y Rosales, fue condenado a la pena de siete años y tres mes de meses de prisión en un juicio abreviado, &nbsp;al hallarlo penalmente responsable del delito de&nbsp;“abuso sexual con acceso carnal”, hecho cometido el 4 de agosto de 2015 en perjuicio de una menor de 15 años.El magistrado dio por acreditado que el sujeto violó a la menor&nbsp;“aprovechado la inmadurez de la misma, quien tenía en ese momento 15 años de edad, para lo cual hizo que concurriera a su casa bajo el pretexto de que debía cuidar de su hijo”.La madre de la joven en ese momento expuso la situación en El Eco de Tandil desesperada&nbsp;para pedirle a la Justicia que actuara para que el autor del aberrante hecho no se diera a la fuga y pague por lo que hizo (finalmente se dio a la fuga y meses después lograron hallarlo y aprehenderlo).“Ella tiene miedo”Ahora, &nbsp;la madre de la joven que hoy tiene 22 años, contó que si bien la condena se cumple en febrero, su hija fue notificada de que en los próximos días Papodoplo obtendrá el beneficio de libertad condicional.Si bien su hija manifestó su disconformidad por escrito cuando fue notificada de la posible liberación de su agresor hace un par de meses, ahora le confirmaron que será liberado.&nbsp;“A él le dieron una condena abreviada, que no estoy desconforme con el accionar del fiscal y que gracias a El Eco de Tandil nos escuchó y publicó la nota en su momento la Justicia empezó a actuar, después se portaron muy bien, nos acompañaron todo el tiempo, hasta el último momento”, remarcó.&nbsp;Y señaló que “mi hija expresó que no estaba conforme, pidió que cumpliera hasta el último día como corresponde su condena, incluso ella firmó un papel expresando que no estaba conforme. Pero le mandaron otra notificación hace más o menos dos semanas que en el transcurso de estos días lo iban a liberar”.&nbsp;A su vez, consideró que “las personas que nos atienden tendrían que estar más capacitadas acerca de cómo tratar a las víctimas, porque el policía que fue a la casa de mi hija le preguntó por Sandro Papodoplo. Mi hija y su pareja se pusieron muy mal, no le supo explicar nada. Se fue, se informó y volvió, le pidió disculpas pero no sirve porque tienen que mandar una persona informada de lo que pasa. Ella ahí se enteró de que lo iban a liberar”.“Ella tiene miedo porque él la amenazó con matarla y a toda su familia, como hacen siempre estos abusadores”, lamentó.&nbsp;“Fuimos a la Dirección de Asistencia a la Víctima para orientarnos bien y la chica que nos atendió me dijo ‘lo que pasa es que en febrero cumple su condena y ya está’. Pero no es así, para nosotros no va a estar nunca, y le dije que el problema es que no saben lo que se siente hasta que te pasa”, indicó.&nbsp;En tanto, explicó que “no podemos creer que pasaron casi 8 años, somos conscientes de que esto iba a pasar pero no estábamos preparado todavía, se pasó volando el tiempo”.“Él tiene como 70 años, si íbamos a juicio le iban a dar 18, o 22 años e igual iba a salir a los 70. Entonces preferimos un juicio abreviado para que mi hija no pasara por la situación del juicio, y revivir todo, la pasó mal con este tipo, después con la Justicia, porque en un primer momento no le dieron la importancia que debía, yo me enojé en fiscalía, agarré todo a patadas y les dije de alguna forma me van a escuchar. Después se empezaron a mover”, recordó. No obstante, estuvo prófugo 3 meses y 14 días.La mujer consideró que “la restricción debería ser permanente hasta que él se muera. Nosotros estábamos tranquilos porque al ser un hombre grande creíamos que se iba a morir dentro de la cárcel, no pensábamos que iba a salir”.&nbsp;Y señaló que también van a pedir que le den el botón anti pánico para que ella se sienta más segura.&nbsp;

La madre de una joven que fue violada en 2015 expresó temor por la inminente liberación del abusador

Y un día llegó la hora de la verdad judicial. Tras años de derrotero procesal en medio de un humor social caldeado a partir de versiones cruzadas, acusaciones y manifestaciones en pugna, con una opinión pública dividida en torno al sensible caso ventilado, era tiempo de desmenuzar en la sala de audiencias del TOC 1 el expediente sustanciado por la instrucción penal preparatoria que llevó a juicio al docente de teatro Juan Rosso, acusado de abusar de un niño de cuatro años en los baños del Jardín 901.&nbsp;La atención mediática que generó aquellas crónicas judiciales imprimió en los actores judiciales un semblante particular, que incluso mereció tomar medidas particulares para el curso de las audiencias programadas. Por caso, una fuerte presencia policial que, al decir de la primera jornada, no se condice con lo que se respiró en la sala.&nbsp;Sólo un grupo de familiares y allegados al acusado, que siguió con respetuoso silencio y atención el devenir de los testimonios ayer escuchados y no más. Recién una vez que prestaron declaración los papás del niño presuntamente abusado permanecieron en la sala para también conocer en vivo y en directo lo que expondrían las docentes del Jardín que fueron citadas para la ocasión.&nbsp;Muy atento a todo lo que acontecía en el recinto también estuvo el propio Juan Rosso, quien lapicera en mano, fue anotando en un pequeño cuaderno distintas consideraciones que se irían diciendo a lo largo de la jornada, como así también compartiendo algunos comentarios por lo bajo con su abogada.&nbsp;Según coinciden los protagonistas de esta historia judicial por resolverse a través del debate, lo más trascendente ocurrirá mañana, en la segunda jornada, cuando se reproduzcan las Cámaras Gesell de los niños (sólo serán vistas y oídas por las partes, sin público) y los peritos psicólogos que oportunamente intervinieron en el caso.&nbsp;En definitiva y por mas esmero de las partes por anexar testimonios y pruebas que se suman como indicios para solventar sus respectivas hipótesis, la credibilidad de los relatos de los niños y los especialistas son el basamento de la acusación que oportunamente contó con el aval del Juzgado de Garantías y la propia Cámara de Apelaciones,&nbsp; y resultarán pilares para el veredicto del Tribunal, integrado en esta oportunidad por los jueces Carlos Pocorena, Alberto Moragas y Florencia Giombini.&nbsp;Comenzó el juicioEl juicio por la denuncia tipificada como “Abuso sexual gravemente ultrajante”, comenzó con la intervención del fiscal José Ignacio Calonje y de la defensora particular Patricia Perelló, quienes trazaron los lineamientos de sus respectivas hipótesis.&nbsp;El Ministerio Público anticiparía en una rápida lectura de lo que oportunamente resultó la requisitoria a elevación &nbsp;a juicio, ratificando que bregaría por acreditar el suceso ventilado como la responsabilidad penal del que estaba sentado en el banquillo de los acusados.&nbsp;El letrado Juan Carlos O' Brien, como particular damnificado, coincidió en un todo con lo expuesto por el fiscal.La doctora Perelló, a su turno, postularía una hipótesis diametralmente opuesta y si bien aclaró que no era responsabilidad de una defensa la carga de la prueba, iba a demostrar que los hechos nunca sucedieron y alegaría por la inocencia de su cliente, no sin anticipar que también haría hincapié en que se había arribado a esta instancia por el accionar de determinados actores judiciales que no estuvieron a la altura.&nbsp;Luego, llegó la apertura de la prueba con el comparendo de ocho testigos citados para este primer capítulo. Los padres del menor y personal docente, administrativo y auxiliar que trabajaba en la institución educativa al momento de realizarse la denuncia (julio de 2019).A la vez, las partes acordaron desistir de la declaración de algunos&nbsp; testigos&nbsp; cuyas manifestaciones previas en la investigación o actos en los que intervinieron fueron incorporadas por lectura, por caso los otros progenitores de compañeritos de la víctima.Luego de un cuarto intermedio y ya transitando la tarde, la jornada se retomó con una inspección ocular que tuvo lugar en la institución escolar señalada en la denuncia como el escenario del presunto hecho. Diligencia que fundamentalmente le servirá a los jueces a la hora de corroborar las características del jardín, la disposición de las aulas y los baños y, fundamentalmente, mensurarlo con lo que dijeron los docentes sobre sus respectivas ubicaciones a la hora de ver o no, lo que pudo haber sucedido en el baño, tal reza la denuncia y la defensa se aferra a desacreditar enfáticamente como que nunca ocurrió.&nbsp;Los papás denunciantesAbrió el fuego de las declaraciones el papá del niño, quien a pedido del fiscal Calonje dio cuenta de la historia familiar y acto seguido reseñó sobre el suceso que mereció la denuncia y consiguiente investigación.El papá recordó aquella escena cuando en el hogar observó como su hijo se tocaba la cola con signos de que algo le molestaba o le dolía. Alertó a su mujer lo que veía y la mamá fue a su encuentro. Allí le preguntaron qué le pasaba y respondió que le dolía. A más preguntas sobre qué le había pasado, dijo “me tocaron la cola”.&nbsp;-¿Dónde?, preguntaron. –En el jardín, respondió. A más aseveraciones del niño en dicha escena decidieron llamar a la policía y de allí, fueron invitados a realizar la presentación en la Comisaría de la Mujer. Acto seguido, el hombre con su hijo, ya era de noche, fueron al Hospital donde una médica los atendió y, si bien no quedó constancia escrita de lo que habría sido la revisión médica, la profesional le habría confiado que no evidenciaba lesiones externas en sus partes íntimas.&nbsp;El padre siguió contando a preguntas de las partes cómo siguieron sus historias personales como la judicial. Habló de los cambios de conducta de su niño, que se aferró a un oso de peluche y que tuvo episodios de incontinencia en la cama. Cambio de carácter. Situación que, sumada a la exposición que había ganado el caso, los hizo decidir irse de la ciudad y radicarse en Mar del Plata, donde viven actualmente, aunque ellos como padres dejaron de ser pareja.&nbsp;Fiscal como Defensa volvieron a indagarlo sobre la conducta que tuvieron una vez el develamiento del niño, acerca de compartir su caso en el grupo de WhatsApp de padres del jardín, donde se expusieron las fotos de los profes en pos de que el niño identificara quién le había tocado la cola.&nbsp;Es que el niño habló del “profe nuevo de gimnasia”, por lo que los papás le mostraron la imagen del único profesor que cuenta la institución, que no era nuevo por cierto, ya que trabajaba hace años. Al verlo, el niño negó que haya sido el que lo tocó en el baño. Luego en el grupo se expuso la imagen del profe nuevo, el de teatro, y allí asintió. Ese era Juan Rosso.&nbsp;Ya indagado sobre su propia historia personal, el hombre admitió haber sido víctima de abuso sexual cuando niño. Asimismo, reconoció sucesos de violencia con quien era su pareja y mamá de los niños. De hecho, uno de los episodios fue presenciado por los chicos. Intervino en el caso la policía. A propósito de dicha violencia doméstica, al decir de los docentes e informes de la institución, los padres habían sido citados porque el niño y su hermanita melliza habían ingresado esos días con mucha angustia al Jardín y hablaron de lo que habían presenciado.&nbsp;La mamá tambiénLuego sería la mamá del niño, quien afrontaría el interrogatorio y, soportaría con estoicismo, fundamentalmente los embates de una defensa severa que procuró con ella y el papá también, hacer trastabillar sus relatos exponiendo lo que entendió como contradicciones y procurando poner en crisis la credibilidad de los mismos.Más allá del fuerte ida y vuelta con la defensora de los intereses de Rosso, la mujer, como su expareja, se mostraron solventes en sus dichos, espontáneos y, en especial, sin animosidad para con quien resultó imputado, a quien no conocían hasta el develamiento de su niño (ni siquiera habían sido notificados de la presencia de un profesor de Teatro en el Jardín).También la mujer fue indagada sobre su pasado y confió que también había sido víctima de abusos sexuales cuando niña. Estas confesiones no serían –ni serán- un dato menor para Perelló y su estrategia. Se especula con que dichos padres ya venían con una carga en su historia íntima que podría haber influido en lo que luego termina diciendo su propio hijo.&nbsp;La defensora resultó implacable en su interrogatorio y se tomó del expediente para hacerles notar las contradicciones que incurrieron sobre lo que oportunamente habían expuesto en la denuncia como lo que ahora estaban relatando en la sala. Elemento que también será tenido en cuenta a la hora de alegar por la inocencia de su pupilo.&nbsp;Empero, dichos padres al menos en la apariencia frente a los jueces mostraron naturalidad y para nada proclives a imponerle un guión al niño que luego replicaría en la Cámara Gesell. Es más, admitieron que su otra niña, hermanita de la presunta víctima, primeramente había dicho que también había sido tocada por el docente y ellos mismos al indagarla notaron que no era verdad, que solo lo hacía para llamar la atención que, por esas horas, esos días, acaparaba el otro menor. A la vez, también aceptaron que la médica que atendió al nene en el Hospital habló de que no presentaba lesión alguna.&nbsp;Estas como otras particularidades de los citados testimonios serán oportunamente mensurados por los magistrados, quien al final del debate serán los que tengan la última palabra, con su veredicto.&nbsp;Para los docentes, no pudo haber pasadoTras otro breve cuarto intermedio, los jueces dispusieron tal lo presentado por fiscalía como listado de testigos, así los docentes desfilaron por la sala para exponer lo que también oportunamente habían ya expuesto en el grueso expediente cargado de fojas que imprimió la instrucción.&nbsp;La subdirectora del Jardín, como las preceptoras y docentes que comparecieron, reconocieron que ese día del supuesto hecho había faltado una maestra, por lo que los roles se fueron superponiendo en pos de cubrir la demanda de las distintas salitas, en el contexto que se iba a celebrar un acto patrio, por lo que el SUM estaba siendo vestido para la ocasión.&nbsp;Todas refirieron al funcionamiento de la institución y sus distintos roles, y se encargaron de señalar que ninguna vio que Rosso se haya quedado solo con los chicos y, mucho menos, que haya ido al baño con el grupo de menores que los propios chicos dijeron. Si bien no lo pudieron confirmar, dejaron en claro que por protocolo jamás debía ocurrir una situación de esa naturaleza. Un docente “externo” no podía ir al baño de los niños. De todas maneras, ninguna pudo dar precisiones sobre ese eventual instante, admitiendo que estaban abocadas a distintas tareas diarias, por lo que no podían aseverar ni desacreditar con certeza si pudo o no ocurrir dicho presunto aberrante episodio.&nbsp;El personal que estaba a cargo de observar las distintas situaciones que se vivían puertas adentro, tampoco advirtió nada extraño.&nbsp;Sí todas coincidieron en que ese año había sido muy particular y, en especial esa salita a la cual formaban parte los hermanitos en cuestión, describiéndolo como un grupo muy complicado, con situaciones violentas que merecieron incluso el pedido de reuniones con los progenitores.&nbsp;Tal vez el testimonio más revelador del presente docente lo dio una preceptora que rompería en llanto por lo que le tocó y toca vivir a diario (ver aparte).La angustia de ser docenteSi bien el tenor de su declaración no hizo a lo que se busca esclarecer en el juicio - &nbsp;aunque será utilizado por la defensa para esgrimir determinadas situaciones que hacen al duro peregrinar de los docentes-, el comparendo de una preceptora del jardín caló hondo en los presentes, a partir de exponer lo que pareciera ser el sentir de muchos educadores por estos tiempos.&nbsp;Habló de la angustia y el miedo por tener que afrontar las situaciones de violencia intraescolar con las que conviven, con esta nueva realidad que ni siquiera se permiten cambiar a los chicos ante una eventualidad por temor a una posible denuncia.&nbsp;Contó hasta una escena cotidiana por fuera del jardín, en una plaza, donde ella estaba con su sobrino y un chiquito le pidió que la ayudara a subir a un tobogán y ella se negó por miedo a algún problema posterior.&nbsp;“Estamos cansadas de denuncias, no quiero seguir más”, destiló con angustia hasta llegar al llanto. “Me da pena que hayamos llegado a esto”, haciendo a una situación generalizada y no en particular, aclarando que estas&nbsp; escenas ocurrían en establecimientos públicos como privados.&nbsp;

Los papás que denunciaron el abuso en el Jardín ratificaron sus dichos y para los docentes jamás podría haber ocurrido

Los papás que denunciaron el abuso en el Jardín ratificaron sus dichos

Como un paso más en el camino de reparación y búsqueda de la verdad, las víctimas del profesor Eduardo Aldasoro ofrecieron, por primera vez &nbsp;públicamente, su testimonio acerca de los abusos que padecieron por parte del exdocente de Educación Física en la década de 1980, en diferentes instituciones educativas de la ciudad.&nbsp;La conferencia de prensa convocada a tales efectos se llevó a cabo ayer en el centro cultural La Compañía, y participaron la periodista Ivy Cángaro, Romina (una de las damnificadas cuyo testimonio aún debe presentarse ante la Justicia), María José Rizzardi, Silvina Díaz e Inés Rizzardi, tres de las denunciantes.&nbsp;Hay, hasta el momento, 10 denuncias que integran una causa judicial contra Aldasoro por abusar de sus alumnas en la Escuela Primaria 11 y en la Colonia Municipal de vacaciones. De a poco, hay más voces que se van sumando, dos testimonios más se anexarán a la causa y, si bien por ahora las denunciantes son todas mujeres, también habría dos varones víctimas. &nbsp;En cuanto al estado de la causa, aunque el 28 de diciembre de 2021 la jueza de Garantías Stella Maris Aracil dictaminó la prescripción de la misma, el doctor Christian Urlezaga, fiscal en feria de la Fiscalía 4 de Olavarría (la UFI 3 de Tandil se había excusado de investigar el caso y pasó a esta dependencia), interpuso un recurso de apelación&nbsp;y el expediente pasó a la Cámara de Apelación y Garantías de Azul.En el mes en curso, el tribunal conformado por los jueces Cini, Echevarría y Pagliere&nbsp; ratificó la prescripción de la causa, con el voto en disidencia del doctor&nbsp; Pagliere. En relación a este fallo, la fiscalía olavarriense, por medio de la fiscal Paula Serrano, seguirá apelando a todas las instancias posibles, inclusive nacionales, motivo por el cual el expediente judicial no será archivado por prescripción.&nbsp;Las víctimas&nbsp;Las denunciantes&nbsp;han transitado con valentía un largo derrotero. Primero, en lo personal, para poder hablar públicamente de un tema tan doloroso y colectivizar el pedido de justicia. Segundo, cumpliendo todas las instancias judiciales solicitadas desde que radicaron la denuncia &nbsp;en marzo de 2021 y se sometieron a diferentes pericias psicológicas, además de brindar su testimonio ante el fuero penal.&nbsp;Sus declaraciones dan cuenta del entramado de complicidad y omisión obrante en aquellos años, algo que resulta escalofriante. Si estos abusos sucedieron, es porque hubo un sistema que de algún modo avaló y facilitó que así fuera.&nbsp;A las víctimas les costó mucho tiempo y silencio reconocerse como tales y poder articular sus experiencias, que posteriormente se colectivizaron para encarar la demanda judicial. Además, el hecho de poder compartir sus testimonios también es una acto de reparación que sirve para que otras víctimas de abuso sepan que se puede romper el cerco de silencio y hablar sobre la problemática.&nbsp;Al respecto, Inés Rizzardi señaló que “nadie hablaba del tema pero todos lo veían, era algo repetido y sostenido en el tiempo, ahí se ve la complicidad de los adultos, de la escuela, iban a hacer la denuncia y decían que no pasaba nada”.&nbsp;“La causa no está prescripta y vamos a seguir apelando. Pero queremos destacar que prescripción no significa inocencia. Que nunca más ningún niño o niña pase por lo que pasamos, que podría haberse evitado si hubiera existido una sociedad más comprometida. Queremos que se nos escuche, que se nos crea, que se sepa lo que pasó, que no se nos juzgue a nosotras, porque nos dicen que podríamos haberlo dicho antes para evitar que siguiera pasando, pero hablamos cuando pudimos hacerlo", clamaron las mujeres.&nbsp;Los testimonios&nbsp;Inés Rizzaardi, de 51 años, fue la primera en hablar y contó lo que le pasó &nbsp;cuando concurría a la Colonia Municipal, actividad que realizó en los años 1981, 1982 y 1983. En su caso, los abusos sucedieron en el colectivo que recolectaba a los menores para llevarlos a la colonia.&nbsp;Según expuso: “Aldasoro iba en esos recorridos, como iban otros profes, y se acercaba al asiento de la nena que le gustaba, siempre eran niñas flaquitas y de pelo claro. Te sentaba a upa, era simpático, de confianza, generaba admiración que el profe Aldasoro te eligiera.&nbsp; Así, como jugando, empezaba a tocar, metía una mano entre la ropa y tocaba partes íntimas, que en ese momento uno no tenía idea.&nbsp; Cuando me di cuenta de que no me gustaba traté de correrme y cuando se acercaba me iba, esa fue mi estrategia para que no me pase más. Logré acomodarme y defenderme de esa manera, pero veía que se lo hacía a otras nenas, no me animaba a comentarlo y vi que lo siguió haciendo, siempre tenía una nena sentada en su falda”.Luego, su hermana, María José Rizzardi, leyó el testimonio presentado ante la Justicia de lo que sufrió en la Escuela 11, donde fue alumna de Aldasoro entre 1983 y 1984, años en los que cursó primero y segundo grado, pero después siguió en contacto porque el docente trabajaba en la institución.&nbsp;Así lo detalló: “Teníamos educación física en el último patio de la escuela, que daba al corazón de la manzana. Él indicaba la actividad, se sentaba en un lateral&nbsp; en un banco o en cuclillas, siempre con alguna alumna a upa, con otros nenes sentado en el piso a sus costados. Yo estaba sentada sobre su pierna derecha&nbsp;y su brazo derecho sobre mis hombros, con la mano colgando por delante de mi torso. Desde allí me levantó el pantalón, y metió la mano entre el pantalón y la bombacha. Me quedé petrificada. Me levantó la bombacha, metió la mano adentro, acariciándome la vulva. Salí corriendo como&nbsp; catapultada y a partir&nbsp;de ahí evitaba su cercanía física, conducta que repetí toda mi infancia por temor hacia los adultos masculinos. De grandes,&nbsp;hablando con Inés, mi hermana, me contó que&nbsp; vivió una situación similar. Aldasoro era un hombre encantador, tenía una relación cordial con mis padres, quienes lo estimaban.&nbsp; En noviembre de 2019, en un &nbsp;acto de cinismo extremo, envió al domicilio de mi familia una nota de pésame, en papel, dirigida a mi madre y todos sus hijos por la muerte de mi padre”.&nbsp;“No puede ser, te habrá parecido”&nbsp;Por su parte, Silvina Díaz compartió su caso con los presentes. A su turno, precisó: “Cuando tenía alrededor de 6, 7, 8 años, concurría a la Escuela 11, y&nbsp; las clases de educación física las daba el profesor Eduardo Aldasoro. En sus clases elegía a una de las nenas para que se sentara en su falda mientras el resto de los chicos hacía las actividades. En pleno patio&nbsp;nos sentaba en su falda, con un brazo nos sostenía y con el otro&nbsp;introducía su mano dentro de nuestro&nbsp; pantalón y ropa interior. Recuerdo que no era la única en ese momento que elegía para sentarnos, había otras nenas.&nbsp;Le conté a una prima que iba a la misma escuela y era un año más grande lo que me estaba pasando, sin entender qué era lo que sucedía. En una conversación les contó a mis padres lo que pasaba, mis padres hablaron conmigo y yo tenía miedo por no saber si era la culpable de algo, pero les conté todo".Asimismo, agregó que su padre fue a la escuela y habló con los directivos sobre el asunto, no obstante esto, las autoridades negaron lo ocurrido.&nbsp;"Pusieron en duda&nbsp;mi palabra, diciendo que yo mentía y que era todo inventado. Mi papá, seguro de lo que yo decía, insistió en el tema pero al encontrarse&nbsp;sin respuesta, dejó asentado en actas que yo nunca más iba a hacer educación física mientras estuviera Eduardo Aldasoro en las clases. Así fue hasta sexto grado, cuando nuevamente me tocó con él. Durante las clases me quedaba en el salón. Un día la maestra me preguntó por qué yo no iba a educación física y le dije lo que él me hacía. ‘No puede ser, te habrá parecido’, me contestó”, expresó Silvina.&nbsp;Retiro de homenajes&nbsp;Vale recordar que las víctimas solicitaron el 3 de diciembre del año pasado al Concejo Deliberante que se retire el nombre impuesto al Polideportivo Municipal en homenaje a Eduardo Aldasoro, como así también de cualquier otro espacio público de la ciudad donde se lo haya reconocido.&nbsp;Este pedido provocó posturas dispares en el ámbito Legislativo. No obstante, el 21 de abril, el intendente Miguel Lunghi elevó una carta al Concejo para pedir que se derogue la ordenanza que imponía el nombre de Aldasoro al Polideportivo.&nbsp;Acto seguido, aún en la previa del debate en el cuerpo Deliberativo, ordenó el retiro de todas las placas y carteles existentes en el predio en cuestión, petición que ya fue ejecutada. En tanto, el expediente legislativo se tratará en el recinto en la sesión de mañana.&nbsp;Educación Sexual Integral para prevenir abusos&nbsp;Hay mucho para hacer desde el sistema educativo y la Educación Sexual Integral para prevenir el abuso sexual perpetrado contra las infancias y adolescencias.Un docente puede ser, en muchos casos, la única persona a la que se puedan dirigir los menores para contar lo que están viviendo o que pueda detectar que son víctimas de abusos sexuales.&nbsp;En este sentido, la Ley de Educación Sexual Integral vigente en el país desde 2006, permite enseñar a los niños a conocer, respetar y proteger el propio cuerpo y el de los demás; aprender a decir que no; conocer el significado de los secretos y qué cosas sí deben contarse a los adultos; habilitarlos a pedir ayuda; y desarrollar competencias para expresar sentimientos, necesidades y problemas, es decir, habilitar el diálogo que permite generar espacios de confianza.

Las víctimas de abuso de Aldasoro hicieron oír su voz y ratificaron que la causa sigue adelante

Ayer, la policía procedió a la detención de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad por años. La aprehensión se sucedió en una localidad de la provincia de Corrientes, donde el sindicado residía hace un tiempo junto a su familia, entre ellos la madre y los hermanos de la víctima, &nbsp;que hace un mes y medio pudo vomitar en Cámara Gesell lo padecido ante los actores judiciales y así ahora, derivar en la detención citada.&nbsp;La cruenta y sórdida historia de abuso intrafamiliar se reveló hace unos meses, pero se remontaría a varios años. Más precisamente, recientemente la menor de 13 años supo confiar sus padecimientos a través de la Cámara Gesell frente al psicólogo de la Asesoría Pericial y bajo la atenta mirada de la fiscalía y defensa bajo la coordinación del juzgado de Garantías.&nbsp;Allí, la menor brindó pormenores de los abusos que ocurrieron en un establecimiento rural de la zona de Cerro Leones, donde vivían junto a la familia y también una tía y primas.&nbsp;Precisamente éstas fueron las primeras en recibir el escalofriante relato de la víctima, cuando estaban jugando a contarse secretos nunca develados. Allí la niña, en su círculo de confianza contaría los abusos propinados por su propio padre. Las primas transfirieron la sensible información a su madre y ésta sería la que anoticiaría a la mamá de la menor lo que estaba sucediendo en el seno de la propia familia.&nbsp;Al detonarse el aberrante escenario, el hombre señalado, de oficio empleado rural, emprendió la ida hacia Corrientes, donde ayer fue hallado y detenido.&nbsp;El acusado no se fue solo, también su mujer y madre de la niña, se fue con él y el resto de los hijos, en tanto que la víctima quedó a la guarda de la tía, en Tandil, donde ahora, con la distancia de la amenazante presencia del abusador, pudo despojarse de sus miedos y contar su verdad a los agentes judiciales.&nbsp;Según se confió, la misma menor, cuando más niña (seis años), había sido atendida en el Hospital de Niños Blanco Villegas con signos de lesiones en sus partes íntimas, de lo que los profesionales advirtieron a la propia madre. En aquella circunstancia, la niña habría mentido, señalando que dichas lesiones se las había provocado con un golpe en la escuela. La madre concurrió al establecimiento educativo a exigir explicaciones, pero los docentes de aquel entonces negaron tajantemente que hubiera ocurrido un accidente o agresión con la niña como protagonista. El singular suceso quedó teñido en las sombras y en silencio hasta ahora, cuando la propia niña pudo contar la verdad, lo que haría presagiar a los investigadores desde qué tiempo la víctima ha sido ultrajada.&nbsp;La detención&nbsp;Según consta en el parte oficial, con la intervención del fiscal Damián Pablo Borean, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 12,&nbsp; y del juez de Garantías 1 José Alberto Moragas, el 9 del corriente se había emitido una orden de detención para Jorge Darío Lima (36), acusado de abuso sexual de una menor.Ayer, personal de la SubDDI Tandil se comisionó a la ciudad de La Cruz, provincia de Corrientes, donde en horas de la mañana se logró dar con el buscado, procediéndose a su detención.&nbsp;Según se consignó, la comisión policial se hallaba anoche a la espera de la extradición mediante exhorto para poder así trasladar al detenido a esta ciudad para que cumpla con los pasos procesales.&nbsp;El detenido y que en las próximas horas sería trasladado a Tandil, está acusado del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado –reiterado- contra una niña menor de trece (13) años de edad, agravado por ser cometido por su progenitor –ascendiente- y por aprovecharse de la situación de convivencia preexistente con la victima menor de dieciocho (18) años de edad”.

Fue detenido en Corrientes un hombre acusado de abusar de su hija por años

Este viernes en horas de la mañana se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en Brandsen al 100 por una causa de abuso sexual a una menor de edad.El imputado es Franco Rossi, de 27 años, quien se desempeña como fotógrafo. La denuncia, realizada por una menor, da cuenta de que mientras se encontraba en un cumpleaños de 15 habría sido abusada sexualmente por el imputado.Si bien la denuncia se radicó en la Comisaría de la Mujer hace una semana, el hecho investigado sucedió en febrero de 2019.En el allanamiento se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación y se notificó al imputado de la causa, aunque al momento no se tomó ninguna medida restrictiva de su libertad.&nbsp;La causa quedó caratulada como “Abuso sexual”.&nbsp;

Este viernes en horas de la mañana se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en Brandsen al 100 por una causa de abuso sexual a una menor de edad en la cual quedó imputado Franco Rossi, de 27 años, quien se desempeña como fotógrafo.&nbsp;La denuncia, realizada por una menor, da cuenta de que mientras se encontraba en un cumpleaños de 15 habría sido abusada sexualmente por el imputado.Si bien la denuncia se radicó en la Comisaría de la Mujer hace una semana, el hecho investigado sucedió en febrero de 2019.En el allanamiento se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación y se notificó al imputado de la formación de la causa, aunque al momento no se tomó ninguna medida restrictiva de su libertad.&nbsp;La causa quedó caratulada como “Abuso sexual” y está a cargo de la UFI 12 del fiscal Damián Borean.El allanamientoEl operativo policial se llevó a cabo a las 7.30 en la vivienda situada en Brandsen 79. Si bien el imputado no se encontraba en la casa al arribar los efectivos policiales, minutos después llegó y se llevó adelante el procedimiento.El operativo generó gran despliegue en la barriada y los vecinos al ver el movimiento salieron de sus casas para tomar conocimiento de lo que sucedía, aunque muchos ya sabían algo de los hechos por rumores del barrio y también porque en los últimos días hubo varios escraches en redes sociales para con el imputado.En la puerta de la vivienda había un patrullero de la Comisaría de la Mujer, otro de la Seccional Primera de Policía y uno de la DDI.&nbsp;En el domicilio de Franco Rossi la policía secuestró elementos de interés para la causa como celulares, elementos de almacenamiento de datos y algunos medicamentos.&nbsp;Se notificó de la formación de la causa a Rossi pero al momento no se tomó ninguna medida restrictiva de su libertad. &nbsp;La denunciaSi bien por el momento hay una sola denuncia formalizada y judicializada, trascendió que luego de conocerse el caso, otras menores se habrían acercado a manifestar interés en denunciar hechos similares con respecto al imputado.La adolescente, que al momento del hecho tenía 15 años, se animó a radicar la denuncia y contar lo que le sucedió en febrero de 2019 hace una semana.&nbsp;De acuerdo a lo que manifestó en la denuncia, el fotógrafo imputado utilizando algún fármaco o psicotrópico la habría drogado, con lo cual ella perdió en algún momento la conciencia de lo que sucedía. De acuerdo al relato, ella se encontraba en el cumpleaños de 15 y de pronto se despertó en una habitación en el interior del mismo salón, y en la misma estaba el imputado también.Si bien la causa está caratulada como abuso sexual, podría en el curso de la investigación derivar en “Abuso sexual con acceso carnal” ya que la joven en su denuncia manifestó expresamente que hubo una violación, con lo cual comenzó ya la investigación en torno a corroborar esos hechos mediante las pericias correspondientes y la toma de testimonios.&nbsp;Asimismo, en los próximos días se comenzará a citar a personas que estuvieron presentes en el cumpleaños para que presten declaración en la causa, mayormente menores de edad, teniendo en cuenta que se trataba de un cumpleaños de 15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Allanaron la vivienda de un fotógrafo imputado en una causa de abuso sexual a una menor

La decisión fue dispuesta en respuesta a un recurso de apelación presentado por el fiscal General departamental Marcelo Sobrino, luego de que en una segunda instancia los jueces de la Cámara Penal de Azul no habían avalado la elevación a juicio de esta Investigación Penal Preparatoria y, en consecuencia, dispusieran el sobreseimiento del encausado, consignó el diario El Tiempo de Azul.Una investigación penal llevada adelante desde la UFI 22 a cargo del fiscal Lucas Moyano señalaba al todavía encausado, llamado Oscar Alejandro Dei y con domicilio en Tandil, como el autor del hecho.Esa causa había sido caratulada como "facilitación y/o distribución de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".Ahora, tras el fallo de los jueces que integran en La Plata una de las salas de la Casación e intervinieron en dicho sumario, ese hombre continúa procesado.Al hacer lugar al recurso de Casación interpuesto por el Fiscal General de Azul, desde la Alzada con asiento en La Plata se ordenó -además de revocar el sobreseimiento del acusado- "devolver las actuaciones a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado". En otras palabras, para que el imputado termine siendo juzgado tal como en un principio había sido ordenado por el Juez de Garantías que también entendió en esta investigación penal.El delitoLos jueces María Florencia Budiño, Fernando Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, desde la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, fueron quienes revocaron lo dispuesto en este caso por los magistrados que integran la Cámara Penal de Azul.De acuerdo con lo investigado, la imagen ya mencionada de la menor había sido difundida por el encausado el 6 de marzo de 2017, a través de su perfil en la red social Facebook y mediante un mensaje privado por la aplicación Messenger.Según se describe en las actuaciones, se trató de "una fotografía de contenido pornográfico infantil en la cual puede observarse a una menor de edad mostrando sus genitales con fines predominantemente sexuales".Iniciada aquella pesquisa, posteriormente había sido allanado el domicilio del imputado, sin que ese procedimiento -llevado a cabo por personal policial- arrojara resultados de interés para la causa teniendo en cuenta los elementos que habían sido secuestrados durante aquella diligencia.Tras lo resuelto en la Cámara Penal de Azul, en el recurso de apelación -que finalmente prosperó- ante Casación el fiscal general Sobrino sostenía que en esa imagen difundida por el investigado "existía una situación concreta de abuso o agresión sexual, lo que se debía tener presente al evaluar si la fotografía revestía características de material pornográfico y si había vulnerado los derechos de la niña involucrada". Algo que para el funcionario judicial azuleño, al analizar los elementos colectados en la causa, "a todas luces" había ocurrido, señala el informe del diario azuleño.Sobrino afirmaba también que la niña protagonista de la imagen en cuestión "había sido claramente vulnerada en sus derechos", más allá de que específicamente no se observaban a simple vista en la foto sus genitales,Además, señalaba que teniendo en cuenta lo especificado en la norma vinculada con este tipo de delitos -el artículo 128 del Código Penal- "la fotografía en su conjunto era pornografía, siendo por tanto arbitraria la valoración de la prueba y errónea la interpretación" que de la mencionada norma se hiciera en segunda instancia por parte de los jueces de la Alzada departamental con asiento en el tercer piso del Palacio de Justicia de Azul.

La decisión fue dispuesta en respuesta a un recurso de apelación presentado por el fiscal General departamental Marcelo Sobrino, luego de que en una segunda instancia los jueces de la Cámara Penal de Azul no habían avalado la elevación a juicio de esta Investigación Penal Preparatoria y, en consecuencia, dispusieran el sobreseimiento del encausado, consignó el diario El Tiempo de Azul.Una investigación penal llevada adelante desde la UFI 22 a cargo del fiscal Lucas Moyano señalaba al todavía encausado, llamado Oscar Alejandro Dei y con domicilio en Tandil, como el autor del hecho.Esa causa había sido caratulada como "facilitación y/o distribución de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".Ahora, tras el fallo de los jueces que integran en La Plata una de las salas de la Casación e intervinieron en dicho sumario, ese hombre continúa procesado.Al hacer lugar al recurso de Casación interpuesto por el Fiscal General de Azul, desde la Alzada con asiento en La Plata se ordenó -además de revocar el sobreseimiento del acusado- "devolver las actuaciones a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado". En otras palabras, para que el imputado termine siendo juzgado tal como en un principio había sido ordenado por el Juez de Garantías que también entendió en esta investigación penal.El delitoLos jueces María Florencia Budiño, Fernando Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, desde la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, fueron quienes revocaron lo dispuesto en este caso por los magistrados que integran la Cámara Penal de Azul.De acuerdo con lo investigado, la imagen ya mencionada de la menor había sido difundida por el encausado el 6 de marzo de 2017, a través de su perfil en la red social Facebook y mediante un mensaje privado por la aplicación Messenger.Según se describe en las actuaciones, se trató de "una fotografía de contenido pornográfico infantil en la cual puede observarse a una menor de edad mostrando sus genitales con fines predominantemente sexuales".Iniciada aquella pesquisa, posteriormente había sido allanado el domicilio del imputado, sin que ese procedimiento -llevado a cabo por personal policial- arrojara resultados de interés para la causa teniendo en cuenta los elementos que habían sido secuestrados durante aquella diligencia.Tras lo resuelto en la Cámara Penal de Azul, en el recurso de apelación -que finalmente prosperó- ante Casación el fiscal general Sobrino sostenía que en esa imagen difundida por el investigado "existía una situación concreta de abuso o agresión sexual, lo que se debía tener presente al evaluar si la fotografía revestía características de material pornográfico y si había vulnerado los derechos de la niña involucrada". Algo que para el funcionario judicial azuleño, al analizar los elementos colectados en la causa, "a todas luces" había ocurrido, señala el informe del diario azuleño.Sobrino afirmaba también que la niña protagonista de la imagen en cuestión "había sido claramente vulnerada en sus derechos", más allá de que específicamente no se observaban a simple vista en la foto sus genitales,Además, señalaba que teniendo en cuenta lo especificado en la norma vinculada con este tipo de delitos -el artículo 128 del Código Penal- "la fotografía en su conjunto era pornografía, siendo por tanto arbitraria la valoración de la prueba y errónea la interpretación" que de la mencionada norma se hiciera en segunda instancia por parte de los jueces de la Alzada departamental con asiento en el tercer piso del Palacio de Justicia de Azul.Las diferencias &nbsp;entre los juecesEl fallo de la Cámara Penal que ahora fue revocado señalaba en uno de sus párrafos textualmente: "En el caso se le atribuye a Dei el envío por medio de la red social Facebook mediante mensaje privado (Messenger) de la imagen en la que se observa una persona dormida, de entre 12 y 13 años de edad, desnuda, en posición de cúbito lateral, con las piernas leventemente flexionadas, no pudiéndose observar su pubis ni, en consecuencia, sus genitales, lo que impide categorizarla como una imagen de las previstas en el art. 128 del C.P.".Pero diferente fue el enfoque sobre la situación hecha por los jueces de la Casación.El voto en primer término de la jueza Budiño en el fallo se tradujo en que en uno de los párrafos señalara: "Entiendo que la imagen de la niña que Dei distribuyó o facilitó está comprendida en el tipo penal analizado, pues se observa a la menor acostada en una cama, sin bombacha, lo que permite ver sus glúteos, sus piernas y parte del vientre"."Además, tiene levantada la remera y se ven sus senos. La foto parece tomada desde arriba, por un tercero, y ella está aparentemente dormida, lo que suma otro trasvasamiento a su vulnerabilidad, en tanto tal imagen nos da cuenta de un aprovechamiento de la niña en una situación de total indefensión y de su cosificación en la máxima expresión. Ello, dejando a salvo que resulta indiferente al tipo penal el consentimiento o no de la niña para la adquisición del material en análisis", señaló también."Tal representación de su sexualidad entraña una degradación de la menor, para la satisfacción de terceros. En el caso, la niña de la imagen ha sido utilizada como "objeto" con fines predominantemente sexuales, es decir, claramente comprendida por la descripción y contenido del art. 128 del C.P.".El artículo en cuestión castiga con penas de prisión de tres a seis años a la persona que "produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores". Y también señala que "será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización. Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años. Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece años".

Revocaron el sobreseimiento de un tandilense investigado por difundir imágenes de una menor con connotaciones sexuales

Ayer, desde el Juzgado de Garantías 2, se informó que la magistrada Stella Maris Aracil, requirió nuevamente de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario, la instalación de la pulsera electrónica para el imputado Juan Martín Rosso, quien aún permanece detenido alojado en la UP 37 de Barker, en razón de haber dispuesto la Alzada Departamental que la resolución por ella dictada el 25 de junio, que revocó la decisión de esta instancia y concedió el arresto domiciliario,  está ahora en condiciones de ser ejecutada.
Como se consignó, la medida fue oportunamente suspendida en su ejecución en razón  de que el fiscal general  y el letrado patrocinante de los particulares damnificados, había planteado recursos de Casación contra dicha resolución de la jueza.
Finalmente, la Cámara el 25 de septiembre de 2020 rechazó los recursos de Casación interpuestos por las partes acusadoras y el 2 de octubre el juzgado hizo lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la Defensora, declarando ahora ejecutable la decisión que otorgó el arresto domiciliario de Rosso.
Vale reseñar que el docente de teatro seguirá bajo proceso, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante del que habría resultado víctima un niño de 4 años en el Jardín 901.
Los antecedentes
El 19 de noviembre de 2019, la doctora Stella Maris Aracil, titular del Juzgado de Garantías 2 de Tandil, dictó la prisión preventiva a Rosso, quien ya estaba detenido, por considerarlo autor penalmente responsable del delito citado por las circunstancias de su realización agravado por ser cometido por la persona encargada de la educación.
En tanto, la defensa del profesor de teatro recurrió a la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul, que confirmó la prisión preventiva.
Por otra parte, se abrió un incidente por la solicitud del arresto domiciliario, ante el que la jueza de Garantías no hizo lugar a la morigeración de la prisión preventiva solicitada a favor de Juan Martín Rosso.
En tanto, las defensoras Patricia Perelló y Mariana Fardín apelaron y la Cámara azuleña hizo lugar al recurso, revocó la resolución de Garantías y dispuso la morigeración de la prisión preventiva.
Ante esa situación, el fiscal general Marcelo Sobrino y el particular damnificado Juan Carlos O’Brien interpusieron un recurso de Casación, que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones.
“Ante esto, en ejercicio de los derechos de la víctima es que vengo en legal tiempo y forma a interponer formal recurso de queja por considerar que la denegatoria fue rechazada de manera ilegal y arbitraria”, resumió el representante legal de la víctima.
El abogado Juan Carlos O´Brien, quien representa a la familia de la víctima en la causa que investiga el abuso a un niño en el Jardín de Infantes, interpuso una queja ante el Tribunal de Casación Penal tras que denegara el recurso de casación que había presentado, en sintonía con el fiscal general de Azul Marcelo Sobrino. El escrito, junto a documental respaldatoria, fue presentado el último lunes.
El letrado solicitó a la Cámara que “haga lugar a la queja y -en consecuencia- se declare mal denegado el recurso de casación que fuera interpuesto por esta parte, se conceda el mismo, y oportunamente, se avoque ese Excelentísimo Tribunal al tratamiento y resolución de la cuestión de fondo”.
El recurso de queja pretende atacar la denegatoria del de casación que habían interpuesto O’Brien y el fiscal Sobrino, en vías de revertir la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Azul que otorgó el beneficio de prisión domiciliaria para Juan Martín Rosso, quien se encuentra con prisión preventiva y privado de la libertad hace casi un año y ahora aguarda por el dispositivo que le permita ser trasladado al domicilio ya fijado para su residencia hasta tanto se sustancie el proceso, rumbo al juicio.

Se concedió la prisión domiciliaria al docente acusado de abuso sexual y ahora aguarda por una pulsera

El docente acusado de abuso sexual aguarda por la pulsera y el arresto domiciliario

Al cerrar la semana, la opinión pública se anoticiaba de un nuevo mojón en el expediente judicial que parece dividir las aguas en la ciudad, acerca de la situación procesal del profesor de teatro Juan Martín Rosso, imputado por abuso sexual infantil, suceso que, al decir de la denuncia y posterior acusación, ocurrió en el Jardín 901.
Ante la insistencia recursiva de la defensa del señalado, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamental de Azul resolvió otorgar la morigeración de la prisión preventiva, novedad procesal que deparó la satisfacción de aquellos que enarbolan la inocencia del docente y la impotencia de la familia y allegados al niño, presentado en la causa como la víctima.
Precisamente el singular apoyo que recibió públicamente el profesor acusado y detenido por lo que habría ocurrido el 1 de julio del año pasado, sobre todo de instituciones de peso en el quehacer local y regional, fue el elemento que fundó ahora sí el visto bueno de los camaristas para conceder las pretensiones defensistas. En efecto, la Facultad de Arte de la Unicen y gremios docentes como garantes, fueron clave a la hora de conceder el arresto domiciliario, que se efectivizará una vez otorgada la pulsera electrónica para que el Servicio Penitenciario controle el régimen citado.
Cabe consignar, que más allá del beneficio otorgado, el proceso y la respectiva imputación continúa tal reza el delito tipificado oportunamente por la acusación fiscal, ratificada por la jueza de Garantías y, también, la Cámara azuleña. Rosso está acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por las circunstancias de realización y por ser el encargado de la educación”, calificación que la fiscalía mantendrá en lo que será próximamente la elevación de la requisitoria a juicio.
Como se informó, acerca de la parte resolutiva camarista, los jueces Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere (h) resolvieron revocar la resolución impugnada disponiendo la morigeración de la prisión preventiva de Rosso bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
La medida se dispone “bajo la caución real brindada por su progenitor y la fianza personal ofrecida por sus abogadas defensoras y sujeto a la tutoría de su padre y del señor Mario Valiente (decano de la Facultad de Arte)”.
En ese tren, el juzgado de la instancia deberá “certificar la instalación del sistema de monitoreo electrónico y garantizar la efectiva disponibilidad de las garantías ofrecidas, todo esto sin perjuicio de las condiciones y seguridades adicionales que el a quo estime corresponder”.
Una vez notificado del fallo, el Juzgado de Garantías a cargo de la doctora Stella Maris Aracil, deberá tramitar el pedido para que asigne una tobillera. Hasta tanto se complete el procedimiento para hacer efectiva la medida, el imputado continuará alojado en la Unidad Penal 37 de Barker.
Circunstancias excepcionales
Previo a ingresar al tratamiento de los agravios esgrimidos por la defensa, los camaristas señalaron que a Rosso se le dictó la prisión preventiva, resolución que fue recurrida y confirmada por este Tribunal con el 27 de diciembre de 2019, oportunidad en la que se merituó –en base a los elementos de juicio presentes en ese momento– la existencia de peligros procesales. “Resolución que se halla firme”, aclararon.
Los jueces de alzada, argumentaron en su resolución que para conceder la morigeración requerida resultaba necesario que la parte (la defensa) invoque y acredite la existencia de circunstancias excepcionales que permitan inferir que los peligros procesales que justificaron la medida de coerción se han visto disminuidos.
Bajo ese prisma, se coincidió con la Defensa en que en el caso concurren circunstancias excepcionales que habilitaron la concesión de la morigeración de la prisión preventiva.
Párrafo siguiente, el tribunal azuleño admitió que si bien es cierto que ha señalado de manera reiterada y sostenida que las circunstancias comunes y ordinarias (como pueden ser el arraigo, la carencia de antecedentes penales, la edad del encartado) no logran por sí solas diluir el peligro procesal emanado de la pena en expectativa, siendo necesario que la peticionante acredite la existencia de características y situaciones personales excepcionales, se advirtió ahora que en este caso esa singularidad se halló presente.
Se añadió al respecto que Juan Martín Rosso no posee antecedentes penales, tiene arraigo acreditado en la ciudad de Tandil y cuenta con un domicilio para el cumplimiento de la prisión domiciliaria que resulta apto para tal fin, reuniendo las condiciones adecuadas.
Pero además –señaló la resolución- , cabe resaltar que el causante ha aportado una serie de garantías de relevancia, a la vez que cuenta con un vasto entramado de contención familiar, social y de instituciones sociales que dan cuenta de la existencia de circunstancias excepcionales que habilitan la morigeración solicitada.
Los jueces apreciaron, en primer lugar, una gran cantidad de cauciones personales y reales que en el caso se ofrecen para reasegurar que se cumplan los fines del proceso. Garantías que lejos de agotarse en el ofrecimiento de un familiar que velará por el cumplimiento de las obligaciones que desde la magistratura se impongan, se extienden más allá, habiéndose ofrecido el decano de la Facultad de Arte de la Unicen, Mario Valiente, quien declaró en el expediente su voluntad “de garantizar el cumplimiento por parte de Juan Martín Rosso de todas las condiciones que eventualmente se dispusieran en el marco del arresto domiciliario”.
Cabe consignar que la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil, había desestimado dichas garantías por considerar que Valiente se halla comprendido en lo dispuesto por el artículo 277 inciso 4 del Código Procesal, acerca de la amistad con el acusado y su entorno familiar, mientras que para los camaristas no se acreditó, dado que el tutor “no es amigo íntimo del procesado, ni se ha demostrado que Valiente le deba especial gratitud al mismo”, por lo que se consideró apto a Valiente para cumplir con su función reaseguradora.
Por otro lado, los magistrados también destacaron que las letradas a cargo de la defensa de Rosso ofrecieron una fianza personal, que abonarán en caso de incumplimiento, para asegurar que el imputado se mantendrá a derecho.
Asimismo, se agregó que el padre del imputado brindó –si bien luego de la denegatoria del beneficio– una caución real poniendo como garantía su única vivienda, oportunidad en la que se ofrecen dos personas más como tutores personales que no se encontrarían unidos al encausado por ningún vínculo familiar o de amistad.
Del mismo modo, no soslayaron las presentaciones de Suteba, a través del secretario general de la delegación Tandil, Hugo González, y de la Asociación Memoria por la Vida en Democracia, quienes han apoyado la petición de morigeración de la prisión.
A más apoyos, se cita a representantes de organizaciones de derechos humanos, gremios docentes, particulares docentes y teatristas y representantes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que acuden a la causa a acompañar el pedido de prisión domiciliaria, declarando que el imputado goza de excelente concepto entre sus colegas y en sus lugares de trabajo.
Frente a todo ese cúmulo de adhesiones plasmadas en el expediente, los jueces consideraron que la objetiva valoración de las condiciones personales del imputado y otras circunstancias relevantes permiten presumir que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de una medida menos gravosa, como lo es la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
Así, entonces, en el caso existen circunstancias excepcionales que por su pluralidad y relevancia disipan el peligro procesal y presumiblemente influirán en el ánimo de Rosso y en su conducta, haciendo que, mediante la aplicación de una medida coercitiva menos gravosa –como lo es la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico–, igualmente permanezca a derecho durante la tramitación de la causa.
Las condiciones
Arribando al desenlace de la resolución, Pagliere y compañía no dejaron de destacar que “la morigeración de la prisión preventiva mantiene al encausado privado de su libertad personal, en prisión domiciliaria, con permanentes controles tecnológicos, bajo la tutela parental y el reaseguro tuitivo del decano de la Facultad de Arte de Tandil, Mario Valiente, con compromiso de fianza personal (por parte de Patricia Perelló y Mariana Fardín) y caución real consistente en poner el progenitor como garantía su única vivienda, cauciones pasibles de ser ejecutadas en caso de incumplimiento procesal del docente procesado.
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La Unicen y Suteba como garantes, la clave para otorgar el arresto domiciliario al docente acusado de abuso sexual

La Unicen como garante, la clave para otorgar el arresto domiciliario a Juan Rosso

En las últimas horas se confirmó la resolución que asumió el Tribunal Criminal 1 local, respecto a una prisión domiciliaria que había concedido en el marco de la pandemia y las disposiciones que había determinado Casación penal, pero que luego fueron “salvadas” por la Suprema Corte, en el medio de una fuerte reacción social de repudio y el consiguiente acto reflejo del poder político.
En efecto, a partir de la sentencia del máximo tribunal, desde el TOC 1 se resolvió revocar uno de los arrestos domiciliarios que habían aprobado a partir del informe médico del servicio penitenciario, en el marco del riesgo sanitario por la pandemia del coronavirus.
Se trató de uno de los casos que generó mayor repudio vecinal, a partir de tratarse de un condenado por un delito por abuso sexual infantil, beneficio que provocó la impotencia e indignación de la familia de la víctima, quienes anoticiados de aquella resolución expusieron en los medios su rechazo.
El sentenciado que había accedido a la morigeración de su prisión resultó Alberto Lucero, quien a principios de abril fue trasladado al domicilio de su pareja para acogerse al beneficio a partir de diagnosticársele un cuadro de Epoc y asma, parámetros que a priori alcanzaban, según el hábeas corpus masivo que había dictado Casación Penal, lo que generó un repudio generalizado, manifestaciones mediante, cacerolas en mano.
Lucero fue condenado a la pena de 11 años y 9 meses por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en 2016 y debería recuperar su libertad en el 2026. Apenas 4 años más tarde de aquella sentencia, la Justicia le concedía el citado beneficio que ahora fue revocado por el mismo magistrado, a partir de las nuevas directrices volcadas por el máximo tribunal judicial bonaerense
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, dictó la sentencia definitiva por el recurso de queja presentado por el Ministerio Público ante el habeas corpus colectivo y correctivo del Tribunal de Casación Penal, quien hizo lugar durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio a una serie de medidas respecto de los habeas corpus colectivos presentados en la causa.
Ahora, con la resolución de la Suprema Corte, varias de aquellas resoluciones se revirtieron en el territorio bonaerense, entre ellas la de Lucero, que regresó al penal y quien deberá ser atendido con el protocolo sanitario de rigor ante su cuadro, pero dentro de la unidad carcelaria.
“Lleva solamente 4 años y medio en la cárcel, esto fue un beneficio que él tuvo por el tema de la pandemia, yo no sé qué tan grave está para estar en su domicilio y no donde tiene que estar, que es en la cárcel”, cuestionó oportunamente la madre de la víctima quien la semana pasada fue notificada de la nueva disposición que trajo alivio a sus días.
“El cometió un delito grave y mi hija es la víctima, entonces si él está afuera, mi hija está en peligro emocional porque ella se siente muy mal. Sentimos muy injusto que tenga el beneficio porque creemos que los beneficios los tiene que tener la víctima, no el culpable de esta situación, y aparte como no tiene tobillera no sabemos si no tiene intenciones de fugarse”, expuso por aquellos días la mujer.
El caso
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Lucero es el tío abuelo de la víctima. Roxana contó que “siempre estuvimos juntos, no fuimos parientes lejanos, nos criamos juntos pero él se aprovechó de esta situación”.
Contó que era común que su hija se quedara en la casa de sus tíos abuelos donde pasaba el día con ellos y sus primos. “Muchas veces ella se quedaba a dormir en la casa de él porque tenían asado con los chicos, cumpleaños, al vivir lejos de nosotros, era común que se quedara ya que se suponía que era la hija que no había tenido porque tiene tres hijos varones, y yo era su sobrina con la que mejor se llevaba”, rememoró.
Y explicó que “yo me quería morir cuando mi hija me contó lo que había pasado. Un día me dijo que tenía que contarme algo, que no aguantaba más, que quería que dejara de suceder, y yo empecé a sacarle información porque a ella le costaba contarme”.
En tanto, recalcó la “inteligencia con la que él actuaba con nosotros porque es manipulador” y por eso nunca sospecharon que algo así pudiera suceder.
Más tarde en el juicio declararon también dos primas de Roxana que manifestaron haber sido víctima de abuso sexual ellas también.
Roxana contó que cuando tomó conocimiento de la situación citó “a toda la familia para que esto no fuera un chusmerío, porque era un delito muy grave, yo quería justicia para mi hija, y les dije que lo había denunciado, y que iba a ir hasta las últimas consecuencias. Parte de los hermanos, que son ocho se quedaron con él, y parte conmigo, mis abuelos los defendieron, así que yo nos los vi nunca más”.
Tras hacer la denuncia, todo tomó sus tiempos hasta que llegó el momento del juicio.
“Para ella a partir de que lo detuvieron y decidir no arreglar e ir a juicio también fue tremendo porque el fiscal quería arreglar su condena porque no sabía si ella iba a poder dar su testimonio porque estaba muy mal, pero entre ella y mis primas que también dieron su testimonio en el juicio lograron que le dieran 11 años y pico”, indicó.
Si bien aseguró que hubiera esperado el máximo de condena, consideró que fue mejor que haber llegado a un arreglo antes.
Los casos a tener en cuenta
Sobre la sentencia de la Corte, entre otros factores dignos de consideración bajo los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, cobran relevancia los siguientes:
 Los bienes jurídicos afectados.
 Las condiciones personales del procesado o condenado.
 El grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito.
 Las modalidades de la comisión del delito (v.gr. la forma en que se afectó el bien jurídico, los medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas.
 El nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado,
 La pena en expectativa o la ya establecida.
 El examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales.
 La situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante.
 La consideración de la existencia de lugares especialmente destinados por el sistema carcelario para alojar personas en riesgo sanitario agravado,
 Todo otro factor a sopesar prudencialmente por el órgano judicial competente. Asimismo, la decisión señala que dentro de la urgencia comprometida, “el examen circunstanciado a la luz de las pautas antes señaladas ha de efectuarse sin descuidar el enfoque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad: en casos de violencia familiar o de género o agresión sexual, al sólo efecto enunciativo”.
A la vez, se estableció que en el supuesto de las víctimas de delitos de violencia de género, debe tenerse en cuenta el estándar de protección para su seguridad y la de sus familiares, el principio de indemnidad y la necesidad de prevenir intimidaciones, represalias o riesgos como consecuencia de sus denuncias.
Debe asignarse prioridad al trámite de las peticiones articuladas en favor de las personas que integran el universo de riesgo, a fin de dirimirlas con la mayor celeridad posible y con participación de las partes interesadas.

Con la nueva resolución de la Suprema Corte, se  revocó la domiciliaria para el condenado por abuso

Se revocó el arresto domiciliario para el condenado por violación

Tras un debate desarrollado en el juzgado Correccional a cargo del magistrado Carlos Alberto Pocorena, fue sentenciado Miguel Ángel Torres, a la pena de un año y diez meses de prisión, de ejecución condicional, por resultar autor penalmente responsable del delito de captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales –grooming– y abuso sexual simple, en concurso real.
Según dejó constancia el juez, quedó probado que en Tandil,  en el período comprendido entre el 7 y 11 de noviembre de 2016, el acusado contactó a la menor de 13 años desde la aplicación Facebook con el fin de cometer algún delito contra la integridad sexual de la menor, enviándole mensajes de texto con clara connotación sexual tales como “Xq es así me gusta esa co… dios” , “es la verdad estás re buena bebe te quiero toda” , “vos sos hermosa y quiero hacerte muy feliz” , “cuando estes conmigo se hacer de todo” , “ojalá te pudiera llevar. Para novia y hacerte sentir lo que tengo” , “no soy malo no quiero que lo sepan xq sino me tengo que ir de acá y no quiero irme entiendes” , “Y vos me encantas bebé como te deseo” y “Cuando lo hagamos los vamos a entregar todo bebé vas aprobar lo q tengo” , entre otras.
Además, en la puerta de acceso al domicilio de la menor, aprovechándose de la relación de confianza que tenía con la familia, y cuando la joven lo iba a saludar giró en forma sorpresiva su rostro, dándole un beso en la boca –con claro contenido sexual– y en contra de la voluntad de ésta.
El alerta de la hermana 
El magistrado tuvo en consideración a la hora de merituar la condena la declaración de la hermana de la víctima, quien expresó, entre otros párrafos de su testimonio, que  “Yo a este tipo no lo veía bien, porque salía a la vereda a mirar a las nenas que salían del colegio, a mí me miraba raro, pero no le di importancia, sí cuando empezó a mirar mi hermana (…)”
Reseñó sobre la situación cuando su hermana portaba un celular que le había dado la madre para jugar y cuando ella se le pidió para ver qué tenía la hermana se lo negaba hasta que se lo arrebató. Se puso a leer y vio cómo se estaba escribiendo por Facebook con este tipo.
“Nosotras no sabíamos que tenía Facebook, empiezo a ver los mensajes y me agarra un ataque, le empiezo a gritar y lo digo porqué, ella se pone a llorar, no sabía qué decirme. Entonces yo doy la vuelta, le golpeo la puerta a la casa del tipo y le dije por qué se estaba escribiendo con una menor. Si no se daba cuenta que era una menor”. A lo cual él le replica: “¿Qué es lo que leíste vos?”, haciéndose el desentendido.
Ella le leyó el contenido de los mensajes y la alertó que cuando regresara su mamá se iba a saber todo. A lo cual el sujeto le cerró la puerta de golpe y se encerró, contó la joven.
Siguió relatando que le pidió el teléfono a un vecino y llamó a su mamá que estaba en el centro haciendo mandados. Después de alertar a su madre, fue a buscar al sujeto para reprocharle la actitud y que se quedara allí pero el hombre salió corriendo. Se subió al camión y huyó.
Cuando la testigo aludía a “este tipo”, se refería a Miguel Torres, el imputado.
La joven recordó que su hermana se ponía muy mal después de este hecho. “Se ponía a llorar, no quería hablar, se encerraba, no quería salir a hacer mandados, los tenía que hacer yo, al colegio tenía miedo de ir porque pasaba él varias veces con el camión, por la puerta de casa y tenía miedo que le hiciera algo, no sé por qué pasaba por casa, no trabajaba cerca de ahí, esto nos ponía mal, mi hermana se ponía a llorar cuando sabía eso”.
El testimonio de cargo de complementó como prueba a lo expresado por la propia menor víctima en la Cámara Gesell, quien corroboró los mensajes por la red social que constaban en el expediente.
Dichas manifestaciones también encontraron corroboración en los dichos de su madre,  quien en el debate ratificó la versión de sus hijas.
El juez descartó, tanto por no haberse esgrimido ni tampoco probado, la existencia en la víctima o en su grupo familiar, de ánimo o interés especial en perjudicar al acusado.
De la prueba colectada quedó en evidencia los indicios de posesión, de oportunidad, de fuga y de ocultamiento, aportados por la circunstancia de ser el titular de la cuenta de la red social a su nombre, por residir en el lugar y allí haber conocido a la menor, de emprender una retirada al serle recriminada su conducta y finalmente al haber procedido a eliminar de su teléfono todos los elementos incriminantes.
Al decir del juez, dicha circunstancia no puede menos que “evaluarse que el propósito de la comunicación que este sujeto mantenía a través del medio informático se encontraba animado por la finalidad de luego cometer un delito sexual en perjuicio de la menor de edad –sin que sea necesario el comienzo de ejecución del mismo–, y a ello se logra arribar luego de analizar el contexto comunicacional, en que al haber hallado a una víctima vulnerable, inexperta e inocente por su escasa edad, aprovechó su madurez y práctica, para lograr ganar su confianza y cariño a través de la seducción, con la única finalidad de satisfacer sus deseos sexuales”.
Según Pocorena en su sentencia, el imputado reconoció, en forma implícita conocer que la chica era menor de edad ya que se desprende del propio contenido de sus comunicaciones con ésta, cuidándose de ser advertida por otros la relación que mantenían, luego la indicación para que la víctima borre los mensajes y la manipulación efectuada acerca de la consecuencia que ello le aparejaría, de tener que irse de dicha vivienda, como también la acción de hacer borrar por el hijo de una vecina los mensajes de su propio celular.
El fiscal planteó como circunstancias agravantes que el hecho debía enmarcarse en la violencia de género, por la intimidación efectuada, las consecuencias sufridas por la víctima, la cercanía del domicilio del imputado y la circunstancia de borrar sus mensajes.
En relación al planteo, el juez ratificó que claramente la conducta en juzgamiento implica y se corresponde a una situación de violencia de género, al ubicarse el imputado como hombre dominante y con poder frente a una víctima de sexo femenino a la cual cosifica, y que ello no implica la realización de la conducta típica sino una circunstancia potenciadora de la pena a imponer.
Grooming
De tal forma, en el hecho ventilado en el debate se dieron los elementos objetivos y subjetivos del delito de “grooming”, ya que el tipo penal requiere:
-La existencia de un contacto –comunicación y recepción-
-Que el contacto lo sea por medio de tecnologías de transmisión de datos
-Que el sujeto pasivo sea un menor de edad
-Que la finalidad de la comunicación sea la comisión de alguno de los delitos contra la integridad sexual que prevé el ordenamiento penal.

Condenado por grooming contra una menor

La causa contra el profesor de teatro acusado de abuso en el Jardín de Infantes 901 tuvo un nuevo capítulo ayer. Tras la detención de Juan Martín Rosso el lunes mientras dictaba clases en Olavarría, ayer fue trasladado a Tandil  para prestar declaración indagatoria ante el doctor José Ignacio Calonje, titular de la  Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia Institucional de Azul.
Al enterarse de la novedad a través de un grupo de Whatsapp en el que se compartió la nota publicada por este medio, Andrés y Eliana, los padres del menor involucrado, se acercaron hasta la sede del Ministerio Público Fiscal junto a un grupo de allegados. En conversación con El Eco de Tandil refirieron que la detención los tomó por sorpresa y que fue “muy shockeante”. Inmediatamente consultaron a las fuentes pertinentes y confirmaron el procedimiento.
En horas del mediodía, cuando el joven imputado era trasladado por los uniformados hacia la oficina del fiscal, con la cabeza tapada, se sucedieron una serie de gritos e insultos que tensionaron el ambiente en la dependencia judicial. La madre del pequeño que aparece como damnificado gritó a viva voz: &#8220;Yo defiendo mi hijo, ¿quién te defiende a vos, Rosso? Estás solo&#8221;.
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&#8220;Queremos la prisión preventiva&#8221; 
Los progenitores de la presunta víctima se mostraron indignados porque Rosso seguía dando clases y celebraron la decisión judicial. No obstante, no dudan de que el abuso se cometió y está probado, independientemente de los pasos legales que resten.
“Queremos que la Justicia actúe y sea rápida. Nos convertimos en co-fiscales, pedimos la detención urgente y la habían denegado. Queremos decirle a los docentes que lo defendieron que las pruebas son contundentes como fueron siempre. Las pruebas están, los menores hablaron; hay que apoyar a los niños”, expuso Eliana.
“Quiero que se le dicte la prisión preventiva, que quede preso, el abuso se cometió y está comprobado”, destacó.
La mujer, que presenció la Cámara Gesell, afirmó que los pequeños relataron los hechos, identificaron al implicado en imágenes y distinguieron el baño que fue escenario del suceso. Los padres detallaron que tanto el niño víctima como su hermana melliza fueron retirados de la institución y que continúan sus clases en un establecimiento privado.
En aras de visibilizar el caso y de hacer público su pedido de que el acusado se mantenga alejado de la práctica docente y los espacios educativos, convocaron a una movilización para hoy a las 9. La concentración será en la puerta del Jardín 901, sito en Maipú 341, y el recorrido pasará por el Rectorado de la Unicen y los gremios docentes, hasta desembocar en la Fiscalía, situada en Uriburu Sur y Alem.
La otra versión 
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En la vereda opuesta, los padres del acusado, Natalia Gargiulo y Martín Rosso, defendieron a su hijo Juan y proclamaron su inocencia. Luego de permanecer en silencio durante los cuatro meses que duró la instrucción,  el docente universitario indicó que contemplaban la posibilidad de una detención porque el defensor oficial asignado, el letrado Leonel Calles, se los había advertido debido al desarrollo de la investigación.
Con respecto a la concatenación de los últimos eventos, Rosso señaló que en primera instancia fueron a buscar a su hijo al domicilio y que al no encontrarlo, lo llamaron por teléfono y  entonces el joven proporcionó su ubicación exacta. Tras activarse los mecanismos, la DDI de Olavarría procedió a su aprehensión y posterior traslado.
“No se tomaron en cuenta las hipótesis que salieron claras en la Cámara Gesell, el fiscal sólo ponía el foco en el caso de Juan como única posibilidad”, subrayó.
En torno a los testimonios de los pequeños, de acuerdo a su versión, la presunta víctima ofreció una declaración idéntica a la de sus padres. La hermana, después de las vacaciones invernales, cambió los dichos y refirió que el profesor  no les había tocado la cola sino que les había dado un “chirlo”.  “Hay una diferencia entre un abuso y dar un chirlo”, aseveró.
Caza de brujas 
El acusado no participó de las dos primeras Cámaras por tratarse de los hermanitos miembro de la familia denunciante, pero sí asistió a las  dos restantes, efectuadas a otros compañeros involucrados en el episodio.
“La nena testigo lo único que dijo fue que le mintió a su mamá, no le pudieron sacar nada. El cuarto niño expresó que estuvieron en el baño, que les dio un chirlo tres veces, hizo el gesto de la palmada y que le había propinado un golpe con el taco del pie.  Le mostraron una foto de Juan y el nene dijo que no era él, que fue otra persona. Yo no voy a decirlo porque no quiero que esta caza de brujas pase a otro, pero hay datos para llamar a la persona e investigarla”, relató.
Rosso padre consideró que los jueces y fiscales no se quieren responsabilizar -en casos tan delicados y caros a la opinión pública- de que no hay pruebas suficientes para poner preso a alguien. Por lo tanto,  lo que hacen, es “descartarse la causas”.
También objetó que su hijo no haya sido citado a indagatoria con anterioridad y que el personal del Jardín no fue tenido en cuenta para atestiguar. De acuerdo a lo sindicado en la entrevista, la maestra a cargo de sala y dos trabajadoras auxiliares estuvieron con el docente durante toda la clase que dictó en el SUM del establecimiento, y son testigos de que nunca se dirigió al baño con los alumnos como se indica en el expediente. “Sabemos que nuestro hijo es inocente”, remarcó.
El respaldo familiar 
Por su parte, Natalia Gargiulo sostuvo que “lo único que toman en cuenta son los testimonios de los padres y hablan de que hay que escuchar a los niños”. Asimismo, criticó el abordaje que la fiscalía hizo de las evidencias recolectadas en las Cámaras Gesell y la parcialidad, a su criterio, de la interpretación de los hechos allí narrados.
“Un abuso es una aberración, pero es una aberración que se ponga preso a un inocente y que ese niño siga siendo vulnerado en su derecho, porque no se sabe si sigue siendo víctima de maltrato”, manifestó.
La mujer, quien también se desempeña como docente, ratificó que  “indudablemente” no hubo abuso según las pericias médicas y se refugió en el respaldo familiar para afrontar este duro trance.
“Estoy tratando de estar firme y con dignidad porque sé el hijo que criamos. Es un hijo íntegro. No le van a arruinar la vida porque tiene una familia detrás y llevó todo con tranquilidad. Hoy los padres reclamamos que la justicia investigue todas las pruebas y que se llegue a la verdad”, concluyó.
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