La defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, presentó este jueves en el Concejo Deliberante, acompañada de su adjunta, Mercedes Argeri, el informe anual de su gestión correspondiente al año 2022.&nbsp;La exposición fue un resumen de la labor desarrollada, los resultados obtenidos y las gestiones e intervenciones efectuadas por el organismo, como así también estadísticas de las temáticas más reclamadas y los derechos involucrados.La defensora resaltó que en este año “tan importante” en el que transitamos&nbsp; el bicentenario de la ciudad, Tandil es pionera en la creación de Organismos de Promoción de Derecho Humanos que acercan la administración pública a los administrados, como es la defensoría del pueblo local.<section class="noteSuggested" data-id="94709" data-title="Puede interesarte"></section>&nbsp;Remarcó Lafourcade que los resultados mostrados no son solo logros individuales sino colectivos, fruto de un trabajo colaborativo y mancomunado con las distintas áreas municipales, provinciales y nacionales.“Me enorgullece ser tandilense, y trabajar junto con el equipo que me acompaña cada día en pos de un Tandil mejor, más inclusivo, y comprometido con los Derechos Humanos”, destacó.&nbsp;En la rendición de cuentas ante el HCD, se destacó el salto cualitativo&nbsp;obtenido&nbsp;por la institución: no solo en el número de reclamos recibidos, sino en los resultados favorables logrados en el transcurso del año, cercano al 88,66 % en general, y en especial en las causas referidas a las cuestiones de salud donde el porcentaje asciende al 93,28%.&nbsp;Asimismo, hizo hincapié en el rol fundamental de la defensoría en los reclamos de incidencia colectiva,&nbsp; como la protección del medio ambiente, el acceso a los servicios públicos para todos los habitantes, en particular al suministro de agua potable, la seguridad en los barrios, el estado de las calles, entre otros. “El defensor del pueblo es un mediador entre la sociedad y la administración o poder político”, dijo.Las estadísticas&nbsp;arrojaron datos relevantes que pueden ser utilizados para diseñar políticas públicas a nivel local. Así, el 67,66% de los reclamos fueron ingresados por mujeres, el 58.23% fueron causas municipales, y el 43,55% de los requerimientos se efectuaron de manera virtual.La titular recordó que la Defensoría del Pueblo es un organismo abierto a la comunidad, donde se reciben desde el primer día de forma ágil y rápida los distintos requerimientos y consultas de los tandilenses.&nbsp;También hizo hincapié en que las defensorías, tanto en la Argentina como en Latinoamérica, no son solo organismos de contralor de la Administración Publica sino que también promueven y defienden los derechos humanos&nbsp; de sus habitantes. Es por ello que se participa activamente en asociaciones que nuclean a defensorías nacionales y locales como son el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), y el Consorcio de Defensores del pueblo municipales de la provincia de Buenos Aires.Por último, destacó el acompañamiento a los vecinos que se lleva a cabo en territorio, tanto en los barrios como en localidades rurales, mesas y foros de nuestra ciudad, como en proyectos de extensión con impacto en la sociedad civil de nuestra ciudad. “Estar cerca de la ciudadanía a través de una escucha activa es una prioridad constante en esta gestión”.Finalmente agradeció a su equipo de trabajo, y reafirmó su compromiso de trabajar por y para el pueblo de Tandil en el año de su aniversario.

Lafourcade presentó el informe anual de la Defensoría ante el Concejo

Tras el reclamo de los vecinos y la nota presentada al Municipio luego del<a href="https://www.eleco.com.ar/la-ciudad/un-muerto-y-una-mujer-herida-de-gravedad-en-un-accidente-en-la-entrada-al-cerro-el-centinela"> fatal siniestro ocurrido en el ingreso a El Centinela</a>, en el que fallecieron dos jóvenes oriundos de Azul, la Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto y acompañó a los vecinos en el reclamo por mayor seguridad vial en la zona.De acuerdo a lo expuesto por la titular de la Defensoría, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco Multimedios, fueron varios los residentes de la zona que le presentaron los reclamos para que se mejore la señalización con el objetivo de evitar futuros accidentes.Entre las eventuales mejoras para solucionar la cuestión, además de colocar más carteles para anunciar el acceso, se encuentra también la posibilidad de buscar alternativas para llegar al paseo; ingresar por vías alternativas sin tener que girar a la izquierda desde la calzada.<section class="noteSuggested" data-id="94030" data-title="Puede interesarte"></section>Si bien resaltó, al igual que varios funcionarios, la dificultad del caso por el hecho de que el camino de entrada se encuentra en plena subida, expuso que se deben tomar cartas en el asunto de inmediato y que la Secretaría de Obras Públicas debe encargarse de analizar la situación y ver si es viable colocar una dársena, por ejemplo.“La posibilidad de si es conveniente o no una dársena ahí o en otro punto, no lo sabemos. Pero sí que los vecinos manifiestan que no es el primer accidente que ocurre”, sostuvo Lafourcade, en referencia al trágico suceso. <a href="https://www.eleco.com.ar/la-ciudad/tras-el-fatal-accidente-cerone-se-sumo-a-la-preocupacion-por-el-transito-en-el-acceso-a-el-centinela">Vale destacar que el propio titular del complejo, Luis Cerone, refirió semanas atrás que nunca habían tenido un hecho de tal magnitud en ese lugar.</a>

La Defensoría del Pueblo acompañó a los vecinos en el reclamo por mayor seguridad vial en El Centinela

Ante los reiterados reclamos, la Defensoría del Pueblo de Tandil envió un misiva al subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, para pedirle información acerca de los avances en la implementación del Registro de Usuarios Residenciales de Gas Licuado de Petróleo bonaerense.En diálogo con El Eco Multimedios, Paula Lafourcade, titular de la Defensoría, explicó que le escribieron para conocer el estado del registro porque “estamos en marzo, estamos a punto de cumplir los dos años, y todavía no tenemos ningún tipo de novedades”.Por ello, resaltó que continuarán insistiendo, ya que "ese es el rol de los defensores", para que pueda “terminar de ser justo el acceso al gas para todos los habitantes del mismo Partido”.<section class="noteSuggested" data-id="94591" data-title="Puede interesarte"></section>El objetivo del pedido es conocer el estado de situación del registro que se debía implementar en la Provincia respecto a los usuarios residenciales de gas licuado, ya que sin esa aplicación, que era el primer paso, “es muy difícil implementar la zona fría”, que rige desde julio del 2021.“Se luchó por muchos años; hubo muchísimos reclamos por estas diferencias, estas discriminaciones en materia climática; ya ahora, dentro de la misma ciudad, tenemos usuario que pagan diferentes valores de metro cúbico”, declaró Lafourcade y agregó que, si bien está vigente el Plan Hogar, “no es suficiente”.

Lafourcade explicó los motivos del reclamo por el descuento de zona fría en el gas envasado

Con la finalidad de acercar la Defensoría del Pueblo de la Provincia a toda la comunidad tandilense, el próximo martes 8 de noviembre la delegación de Tandil, a cargo de Noelia Domenighini, realizará una jornada de atención y difusión para todos los vecinos.&nbsp;La misma se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en Quintana 450, en el barrio Villa Italia. Durante la mañana, entre las 10 y las 12, se recibirán consultas y reclamos y se brindará asesoramiento sobre servicios públicos, ambiente, género, asociaciones civiles, entre otros temas.&nbsp;Por cualquier duda, problema o consulta, las oficinas de la delegación Tandil, ubicada en Roca 192, están abiertas de lunes a viernes de 8 a 14. Además, las vías de comunicación, disponibles las 24 horas, son el WhatsApp: 221 358-1323; las redes sociales: @defensoriaPBA; la web: www.defensorba.org.ar; y la línea gratuita: 0800-222-5262.

La Defensoría del Pueblo realizará una jornada de atención en la Biblioteca Sarmiento

En la sesión del último jueves, la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, presentó la rendición de la gestión del año pasado, conforme lo establece la Ordenanza 15.971. La estadística del organismo reveló que concretó más de 3.100 intervenciones –como gestiones, pedidos de informes, exhortos, recomendaciones y derivaciones a áreas públicas y privadas, audiencias y acciones judiciales-, unas mil más que el año anterior, y atendió a 1.700 vecinos por reclamos individuales y colectivos.&nbsp;La Defensoría entregó una revista informativa a cada bloque político, con un resumen de las denuncias recibidas durante 2021 y las resoluciones que logró este “órgano ágil de la democracia semiparticipativa”. En el recinto, la abogada realizó una introducción y luego expuso un video con placas que incluyeron números y gráficos.&nbsp;En principio, Lafourcade definió que el defensor del Pueblo es un “nexo entre el ciudadano y la administración pública” y agregó que “en este rol que me toca presidir o representar desde 2019, hemos recibido a 1.700 vecinos que de forma individual o colectiva se acercaron a la Defensoría para consultar, para asesorarse, para reclamar, sobre distintas problemáticas que los afectaban”.&nbsp;Sostuvo que el 73 por ciento de esas causas son municipales, el ámbito de incumbencia de la Defensoría del Pueblo de Tandil. Agregó que 37 fueron de incidencia colectiva, desde ruidos molestos, inseguridad vial, aplicación de agroquímicos en el partido, construcción en el faldeo serrano, reclamos de servicio de agua potable en diferentes barrios, etc.&nbsp;En cuanto a los resultados, indicó que de los casos de competencia local, “tenemos un 93 por ciento de gestión exitosa en cuestiones de salud y un 88,52 por ciento en general”.&nbsp;En ese aspecto, destacó como dos patas importantes “la intervención de la Defensoría, que toma el reclamo de los vecinos, y por el otro lado, los funcionarios de la administración pública nacional, provincial y municipal que colaboran en tomar ese reclamo y hacer las soluciones correspondientes”.&nbsp;En paralelo, indicó que del 93 por ciento de resultados positivos, “quiero destacar problemas de Tandil que eran reclamos históricos, en los que la Defensoría participó y que se fueron solucionando, como la iluminación de la rotonda de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 30, y la incorporación de Tandil en el Régimen de Zona Fría para el Gas Residencial”.&nbsp;Atención descentralizadaAdemás, la defensora resaltó el rol del organismo en la protección y promoción de los derechos humanos, y en ese marco, indicó que tras la pandemia, el año pasado “nos permitió concretar nuestro sueño de salir a la calle y desde noviembre cada jueves del mes estamos en diferentes barrios de nuestra ciudad, como Villa Italia, Villa Aguirre, Las Tunitas, La Movediza. Agradezco profundamente a las instituciones que nos han abierto sus puertas para tal cometido”.&nbsp;Ante el Concejo, la abogada destacó las numerosas reuniones realizadas con el fin de fortalecer los vínculos con instituciones y organismos locales y nacionales, asociaciones civiles de Tandil, las participaciones en las distintas mesas, foros de esta ciudad, y la participación en convenios de cooperación y proyectos de extensión, como el Programa Estratégico de Cannabis Medicinal.&nbsp;Por último, agradeció a la defensora adjunta, doctora María Mercedes Argeri, y al equipo de trabajo, en especial a Gastón Escribano, quien regresó a la planta del Concejo Deliberante luego de tres años en el organismo descentralizado, y a los pasantes de la Universidad Fasta.&nbsp;&nbsp;

En la sesión del último jueves, la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, presentó la rendición de la gestión del año pasado, conforme lo establece la Ordenanza 15.971. La estadística del organismo reveló que concretó más de 3.100 intervenciones –como gestiones, pedidos de informes, exhortos, recomendaciones y derivaciones a áreas públicas y privadas, audiencias y acciones judiciales-, unas mil más que el año anterior, y atendió a 1.700 vecinos por reclamos individuales y colectivos.&nbsp;La Defensoría entregó una revista informativa a cada bloque político, con un resumen de las denuncias recibidas durante 2021 y las resoluciones que logró este “órgano ágil de la democracia semiparticipativa”. En el recinto, la abogada realizó una introducción y luego expuso un video con placas que incluyeron números y gráficos.&nbsp;En principio, Lafourcade definió que el defensor del Pueblo es un “nexo entre el ciudadano y la administración pública” y agregó que “en este rol que me toca presidir o representar desde 2019, hemos recibido a 1.700 vecinos que de forma individual o colectiva se acercaron a la Defensoría para consultar, para asesorarse, para reclamar, sobre distintas problemáticas que los afectaban”.&nbsp;Sostuvo que el 73 por ciento de esas causas son municipales, el ámbito de incumbencia de la Defensoría del Pueblo de Tandil. Agregó que 37 fueron de incidencia colectiva, desde ruidos molestos, inseguridad vial, aplicación de agroquímicos en el partido, construcción en el faldeo serrano, reclamos de servicio de agua potable en diferentes barrios, etc.&nbsp;En cuanto a los resultados, indicó que de los casos de competencia local, “tenemos un 93 por ciento de gestión exitosa en cuestiones de salud y un 88,52 por ciento en general”.&nbsp;En ese aspecto, destacó como dos patas importantes “la intervención de la Defensoría, que toma el reclamo de los vecinos, y por el otro lado, los funcionarios de la administración pública nacional, provincial y municipal que colaboran en tomar ese reclamo y hacer las soluciones correspondientes”.&nbsp;En paralelo, indicó que del 93 por ciento de resultados positivos, “quiero destacar problemas de Tandil que eran reclamos históricos, en los que la Defensoría participó y que se fueron solucionando, como la iluminación de la rotonda de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 30, y la incorporación de Tandil en el Régimen de Zona Fría para el Gas Residencial”.&nbsp;Atención descentralizadaAdemás, la defensora resaltó el rol del organismo en la protección y promoción de los derechos humanos, y en ese marco, indicó que tras la pandemia, el año pasado “nos permitió concretar nuestro sueño de salir a la calle y desde noviembre cada jueves del mes estamos en diferentes barrios de nuestra ciudad, como Villa Italia, Villa Aguirre, Las Tunitas, La Movediza. Agradezco profundamente a las instituciones que nos han abierto sus puertas para tal cometido”.&nbsp;Ante el Concejo, la abogada destacó las numerosas reuniones realizadas con el fin de fortalecer los vínculos con instituciones y organismos locales y nacionales, asociaciones civiles de Tandil, las participaciones en las distintas mesas, foros de esta ciudad, y la participación en convenios de cooperación y proyectos de extensión, como el Programa Estratégico de Cannabis Medicinal.&nbsp;Por último, agradeció a la defensora adjunta, doctora María Mercedes Argeri, y al equipo de trabajo, en especial a Gastón Escribano, quien regresó a la planta del Concejo Deliberante luego de tres años en el organismo descentralizado, y a los pasantes de la Universidad Fasta.Las estadísticasEn el tercer año de funcionamiento, el organismo superó las 3.100 intervenciones, unas mil más que en 2020. En tanto, recibió 1.700 demandas individuales o colectivas, de las cuales el 73 por ciento tramitó ante el Municipio y el 23 por ciento en Provincia y Nación.&nbsp;De las 828 causas individuales y colectivas (las últimas fueron 37), 607 se dirigieron a la comuna. De ese total, el 44,2 por ciento se remitió a Legal y Técnica; 29, 3 por ciento al Sistema Integrado de Salud Pública; 11,7 por ciento a Planeamiento y Obras Públicas; 3,7 por ciento a Desarrollo Humano; 3,7 por ciento a Gobierno; 2,8 por ciento a Economía; 2,3 por ciento a la Usina y 2,3 por ciento a Protección Ciudadana.&nbsp;Otros datos que reportó la Defensoría señalaron que el 88,52 por ciento de las causas se resolvió y que tramitó 22 vinculadas a medioambiente. Y al evaluar los derechos involucrados, 314 fueron a la información; 259 a la salud; 187 de los consumidores; 126 sobre urbanismo y vivienda;&nbsp; 119 a acceso a la Justicia; 115 de usuarios; 64 de igualdad; 49 a la propiedad; 33 de familia; 26 de adultos mayores, entre otros.&nbsp;Respecto de los reclamos de incidencia colectiva -22 versaron sobre conflictos medioambientales-, la Defensoría indicó que trató la situación de los distintos barrios, a través de comisiones vecinales y organizaciones civiles del lugar, entre ellos los más preponderantes fueron el pedido para declarar a Tandil como zona fría a efectos de lograr una tarifa de gas justa y equitativa, mayor iluminación en espacios verdes públicos y mantenimiento permanente de los mismos en distintos puntos de la ciudad, y la extensión del servicio de agua para vecinos, particularmente en los barrios Canadá, La Movediza I y II, y Los Charitos.Las temáticasDurante 2021, la Secretaría Legal y Técnica recibió el mayor caudal de denuncias o consultas de vecinos que recepcionó la Defensoría. El total fue de 362, la mayoría de las cuales se remitió la OMIC, a la Oficina de Mediación Comunitaria o a la Oficina de Atención al Inquilino.&nbsp;Al abordar las demandas por área municipal competente, el informe de la Defensoría indicó que en Planeamiento y Obras Públicas abordaron reclamos sobre obras de pavimentación en urbanizaciones especiales por parte de la entidad promotora del conjunto habitacional; apertura de calles; extensión de servicios; mejoramiento de calles y avenidas (ensanches y colocación de reductores de velocidad, y extensión de redes de agua, entre otros.&nbsp;En la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas, el 25,9 por ciento de los reclamos fue para la Dirección de Servicios; el 19,4 por ciento a Obras Privadas; el 17,9 por ciento a Medioambiente; el 14,9 por ciento a Obras Públicas; el 13, 4 por ciento a Espacios Verdes y el 6 por ciento a Desarrollo Urbano.&nbsp;En relación a Servicios, se registraron denuncias por problemas con la recolección domiciliaria de residuos, basurales a cielo abierto, falta de cartelería de nomencladores de calles y de señalética de seguridad vial.&nbsp;En las áreas de Desarrollo Urbano, Obras Privadas y Catastro, las quejas fueron originadas por el Plan de Desarrollo Territorial y el Código de Edificación, lo que derivó en pedidos de inspección por obras irregulares, estado del permiso de construcción y ejecución de proyectos.&nbsp;En cuanto a Obras Sanitarias, las demandas fueron motivas por “red cloacal en arterias que carecen de dicho servicio, provisión y conexión del servicio de agua potable; problemas de presión y pérdidas de agua; requerimientos de camión aguatero en zonas donde no existe red de agua y pérdidas de agua en veredas, etc.”.&nbsp;Además, el organismo abordó temas de seguridad y tomó denuncias sobre picadas, ruidos molestos e inseguridad vial, mayor presencia policial fundamentalmente en las zonas del barrio Canadá, Lago del Fuerte y Parque Independencia, agregándose a las anteriores los pedidos de vecinos por ruidos molestos y la peligrosidad emanada del Tiro Federal.Los pacientes con obras sociales motorizaron los reclamos al SISPEn el campo al rubro de la salud, los reclamos que atendió la Defensoría del Pueblo de Tandil se duplicaron respecto a 2020 y la mayoría apuntó al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). Como contrapartida, el 93 por ciento se resolvió de manera favorable, es decir que se logró la prestación médica o la medicación solicitada.&nbsp;Las denuncias más recurrentes fueron de pacientes que no podían obtener asistencia médica o medicación a través del Hospital Santamarina. El principal motivo era que se encontraban inscriptos en el Registro de Obras Sociales.&nbsp;Desde la Defensoría explicaron que una vez recibido el reclamo, constataba que en muchos casos no estaban debidamente empadronados por las obras sociales, no cubrían los aportes mínimos para poder obtener la cobertura, existía baja o deuda de la obra social, entre otras causas. En esos casos, el organismo gestionó la atención o prestación requerida.&nbsp;También registró reclamos contra PAMI, IOMA y Iosfa, de los cuales gestionó algunos y otros los derivó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia o a la Defensoría Federal.&nbsp;En cuanto al sector privado, los pedidos –la mayoría por demora o carencia de cobertura de prácticas médicas, materiales o medicamentos-, el organismo los trabajó a través de la Superintendencia de Servicios de Salud o la Defensoría Federal.&nbsp;En tanto, consignó que entre las incumbencias de la Dirección de Bromatología y Zoonosis, los vecinos denunciaron infecciones por murciélagos, perros, garrapatas, roedores, pero además, proliferación de basurales y presencia en la vía pública de animales de gran porte sueltos.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

En 2021, la Defensoría del Pueblo intervino en 827 demandas y 607 se dirigieron al Municipio

El concejal Juan Arrizabalaga, junto a la Asamblea de Inquilinos de Tandil, llevó el reclamo a la defensora del Pueblo Municipal, Paula Lafourcade, por los alquileres temporarios informales y la “inacción municipal” ante la necesaria regulación.<h2>"Se viene Semana Santa en Tandil y este mes no hay alquileres para las renovaciones de contrato"</h2>"Nos reunimos con Paula Lafourcade. Llevamos el reclamo por la inacción municipal ante el fenómeno de los alquileres turísticos temporarios que se desarrollan de manera informal en la ciudad", manifestó Arrizabalaga."Esto impacta negativamente compitiendo de forma desleal con los alojamientos registrados y, particularmente, achica la oferta y genera un fuerte aumento de precios en los alquileres de vivienda, en el marco de una grave crisis habitacional. A lo que se suman nuevos abusos contra los Inquilinos en la pretensión de alternar alquiler permanente con alquiler temporario, fuera de toda norma y a precios imposibles", agregó.Asimismo, recordó que hace ya casi dos años que presentaron un proyecto de ordenanza para su regulación pero lamentó que “el Municipio no hace nada”.Finalmente, destacó que peticionaron ante el “incumplimiento de la función pública” por parte del Gobierno municipal, la Dirección de Habilitaciones, la Dirección de Rentas y la Dirección de Turismo.

Arrizabalaga llevó a la Defensoría del Pueblo un reclamo por inacción municipal ante alquileres temporarios

Arrizabalaga llevó a la Defensoría del Pueblo un reclamo por inacción municipal ante alquileres temporari

Mientras se elabora el balance anual, la Defensora subrayó las principales demandas

Las diferencias que no logran zanjar IOMA y el Círculo Médico de Tandil repercuten en unos 25 mil tandilenses afiliados a la obra social que padecen por el corte de prestaciones traumatología, ginecología, obstetricia y clínica médica, entre otras. En ese marco, el abogado Ricardo Mauhourat recomendó a las personas que vean vulnerado su derecho a la salud que recurran a las defensorías del Pueblo “que para eso han sido creadas”.
En diálogo con “Buenas y santas” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios), el profesional dimensionó a IOMA y definió que es la obra social de todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, que en Tandil tiene unos 25 mil afiliados.
“El espectro de gente que está bajo esa cobertura, bajo ese paraguas, es enorme, y por eso, cuando falla esta administración, que lamentablemente lo vemos bastante seguido, se producen serios problemas para la gente que necesita la cobertura de esa obra social”, evaluó el letrado.
Al mismo tiempo, destacó que el afiliado de IOMA está “cautivo”, ya que “no tiene ninguna posibilidad de cambiarse de obra social, y hay que agregar un dato más, la salud es una política esencial del Estado porque es un derecho inalienable del ciudadano, que necesariamente debe estar protegido, tanto en la salud, la educación y la seguridad. Esos son deberes fundamentales del Estado y es donde no puede fallar el dirigente político que está a cargo de la administración pública”.
El amparo
Por otra parte, Mauhourat expuso que el ciudadano cuenta con herramientas ante una obra social como IOMA, cuando los médicos o el sistema de salud no le prestan servicio porque la obra social está cortada. “En los casos urgentes y más graves es necesario recurrir a la Justicia en busca de un amparo judicial, para que sea la Justicia la que le ordene a la obra social brindarle la prestación al ciudadano. Debo reconocer en estos casos que la Justicia actúa rápido”, dijo.
Es decir, frente a casos de extrema gravedad, la Justicia procede con celeridad. “Lo que pasa es que para el ciudadano común, que no está en el medio judicial, que no es operador del sistema judicial, es un trámite que se le pone adelante que en realidad parecería más una valla que facilitarle la posibilidad de lograr la atención que necesita. Entonces, el medio al que debe recurrir cuando necesita una atención, cuando la cuestión es realmente urgente, tiene la Justicia a mano para utilizar una herramienta que le pueda dar la cobertura que la obra social no está brindando”, señaló.
Desde lo técnico, explicó que “el recurso de amparo es una acción judicial que en términos procesales en el sistema de Justicia es la más rápida. Cuando se encuentra vulnerado el derecho de un ciudadano y la administración pública o una empresa privada no retrotraen su conducta, continúan con esa vulneración, el ciudadano puede presentarse ante el juez y decirle ‘la obra social me tiene que dar cobertura y no me da porque está cortada’. Entonces el juez, en el marco de ese recurso de amparo, dicta una medida cautelar, que es un anticipo de la sentencia, que dice que mientras tramita el recurso de amparo, la obra social le tiene que dar cobertura”.
Alternativa gratuita
Por otra parte, Mauhourat reparó en el rol de los defensores del Pueblo y en las ventanillas que funcionan en Tandil, tanto de la figura municipal como provincial. “Sería una vía alternativa que pueden utilizar también para que implementen mecanismos para proteger al ciudadano, porque en realidad, los defensores del Pueblo están para eso, donde el Estado falla y el ciudadano ve vulnerados sus derechos, tiene que intervenir. Es una buena oportunidad para recurrir a estas oficinas para que le solucionen los problemas al ciudadano, que para eso han sido creadas”, consideró.
Más allá de las urgencias, sugirió la misma vía para las consultas médicas y consideró que las defensorías constituyen “un mecanismo que se podría utilizar”. Entonces, instó al afiliado a que solicite en estas ventanillas una mediación ante IOMA para que brinde cobertura.
“Si alguien tiene que ir a un abogado privado para hacer un amparo, va a tener un costo adicional en su economía. Y si no lo puede pagar, tendrá que recurrir al abogado de la asesoría jurídica gratuita que tiene el Colegio de Abogados o la asesoría de la Justicia, o a los abogados que de las defensorías del Pueblo para lograr su cometido”.
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El abogado Mauhourat instó  a los afiliados de IOMA a  recurrir a las oficinas de los defensores del Pueblo

Ricardo Mauhourat instó a los afiliados de  IOMA a recurrir a los defensores del Pueblo

El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, realizó un informe que describe el control que mantienen dos holdings extranjeros en el mercado local, los cuales se expanden de la mano de una millonaria inversión publicitaria. Refiere que los niveles de ingesta de cerveza crecieron exponencialmente durante la última década y ubican a la Argentina entre las naciones con mayor consumo per cápita del continente. Algunos de los datos más alarmantes se registran entre la población femenina.
Esta realidad pudo ser constatada por el último relevamiento del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Martello. El estudio arrojó que la mayoría de los/as jóvenes de entre 12 y 18 años, que reconocieron haber atravesado episodios de excesos vinculados con bebidas alcohólicas, son mujeres.
Cabe recordar que una polémica publicidad, realizada por uno de los gigantes que controla gran parte del negocio de la cerveza industrial, generó un masivo rechazo en las redes sociales.  La publicidad de Brahma, entre otras atrocidades, planteaba una suerte de incentivo para que las mujeres, especialmente aquellas que no se sienten atraídas por el alcohol, se inicien en la ingesta de cerveza, promocionando una bebida “con un toque de lima, menos amarga”.  El aviso en cuestión se difundió en momentos en que el consumo de alcohol presenta indicadores que deberían constituir un severo llamado de atención.
De acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta 2019 sobre Consumo de Alcohol en Niñas, Niños y Adolescentes, elaborada por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Consumo Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA) – también conocido como “Binge Drinking” (BD)- apareció en 132 casos, representando más del 22% de la muestra, constituida por 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad. De los 132 casos de consumo excesivo, el 57% son mujeres (75 casos) y el 43% hombres (57 individuos).
Ante esta situación, Martello se pregunta en su informe: ¿la industria cervecera desconoce estos indicadores de consumo problemático?, ¿la publicidad fue un hecho aislado?, ¿fue solo un error de cálculo dentro de una estrategia que insume una fastuosa inversión que se destina a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales?
“Más allá de que se haya reconocido el error, el aviso en cuestión no escapa a una concepción desarrollada en distintas partes del mundo, pero que en nuestro país ha tenido – y aún tiene- especial predicamento Se trata de una matriz publicitaria que retroalimenta estereotipos de género y violencia simbólica; que busca vincular la ingesta de alcohol con la diversión y que también pretende asociar arbitrariamente el consumo de cervezas con el éxito y el deporte”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto.
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Los últimos datos que se dieron a conocer hablan de que la industria cervecera, sólo en la Argentina, estaría invirtiendo por año cerca 1200 millones de pesos en publicidad y marketing. Eso no es todo: el año pasado, AB InBev -el principal grupo cervecero que opera en la Argentina, de origen belga- inauguró en Buenos Aires su propio estudio creativo, con una veintena profesionales que están abocados, casi exclusivamente, a generar contenidos y estrategias de marketing y publicidad que ayuden al holding a extender sus negocios y captar nuevos clientes, especialmente nuevos consumidores de alcohol.
La Argentina es una de los territorios a escala global donde la industria cervecera ha tenido mayor éxito en los últimos años, siendo uno de los mercados “emergentes” más atractivos. Algunos números hablan por sí solos ya que, según un relevamiento global realizado por el gigante Kirin (el holding de bebidas más importante de Japón), nuestro país es una de las naciones del mundo donde más ha aumentado la producción de cerveza durante la última década. Más precisamente, la Argentina ocupa el sexto lugar luego de Vietnam, India, Filipinas, Francia y Brasil. Además, la tasa de crecimiento registrada en Argentina casi que quintuplica al aumento global, en términos porcentuales.
A su vez, el consumo de esta burbujeante bebida en la Argentina se ubica en niveles históricos, en torno a los 45 litros per cápita por año.  Este dato, que fue informado el año pasado por la Cámara Cervecera, pondría a nuestro país entre las 40 naciones de mayor ingesta del mundo, superando a Japón y Corea del Sur, y muy cerca de países nórdicos como Noruega. “Lejos de ser una estadística para enorgullecernos, los elevados índices de consumo deberían constituir un severo llamado de atención para las autoridades sanitarias ya que se enmarcan dentro de un panorama a nivel continental que tiene a la Argentina como uno de los países con mayor consumo de alcohol en América. Según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, sólo es superado por Uruguay y Santa Lucía”, explicó Martello.
El responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos propuso avanzar en una serie de reformas que contemplen cambios impositivos que grave la venta de cerveza en el mercado interno, especialmente cervezas industriales, como forma de desalentar el consumo. Parte de lo recaudado podría servir para financiar programas de concientización y prevención del alcoholismo y otras adicciones.
También planteó que se debe reformar la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, que aún no fue reglamentada en su totalidad pese a que pasaron dos décadas desde su sanción, y endurecer el marco legal de la publicidad de alcohol, estableciendo nuevas regulaciones para los medios de difusión o comunicación, redes sociales, influencers y vía pública. La nueva normativa también debería contemplar “Nuevo parámetros de etiquetados” que incluyan dos iconos y leyendas sanitarias más grandes.

Un informe de la Defensoría del Pueblo expone el  crecimiento exponencial del consumo de cerveza

¿Quién es quién en el negocio cervecero?

El organismo que conduce Guido Lorenzino analizó la suba de los precios de una canasta básica con 90 productos. En el primer trimestre de 2019, aumentaron un 14,27 por ciento.
Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense en distintos puntos de la Provincia arrojó que en los últimos doce meses la canasta básica de alimentos aumentó un 62,6 por ciento, con los rubros panadería, congelados y carnicería como los que más se incrementaron en la comparación interanual.
El relevamiento realizado del área de Asuntos Económicos del organismo que conduce Guido Lorenzino tomó como referencia los precios registrados en el primer trimestre del año, y analizó datos de 90 productos en 135 comercios de los 34 distritos donde la Defensoría tiene delegaciones.
Respecto a los incrementos registrados en marzo, comparados con el mismo mes de 2018, el rubro “Panadería” encabezó el podio, con una suba del 117,34 %, seguido por “Congelados”, con un 115,56 %, y “Carnicería”, con el 68,35 %. Más atrás quedaron los productos de almacén, las frutas y verduras, los frescos, las conservas y las verduras.
En el primer trimestre del año, en tanto, el aumento de la canasta fue del 14,27 %. “Conservas”, con una suba del 30,15%; “Frescos”, con un 21,53%; y “Carnicería”, con un 20,92 %, fueron los rubros con mayor porcentaje de incrementos.
El análisis también reflejó lo que sucedió al comparar marzo de 2019 con el mes anterior, y arrojó que la suba de la canasta fue del 5,4 %. En este caso, hubo un incremento intermensual del 15,56 % en el rubro “Congelados”, seguido por “Conservas”, con un aumento del 8,28 %, y “Carnicería”, con un 7,53 %.
En este periodo también se observó que la región sudoeste de la Provincia fue la que contabilizó una canasta básica con productos más caros, que en total sumaron 5.150,36 pesos. En tanto, la más baja se registró en la región norte, con un valor de 5.056,18 pesos.
“Los incrementos se explican por el fracaso del gobierno para frenar la suba de los precios. La gente no soporta más aumentos en los alimentos como en los servicios públicos. Las familias no pueden proyectar nada porque sus economías están duramente afectadas, y los que menos tienen son sobre quienes habrá que depositar mayor atención”, sostuvo Lorenzino.
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Según la Defensoría, los alimentos  subieron más del 60 por ciento en un año

Así lo afirmó el Defensor de Pueblo Adjunto, Walter Martello, al participar en la audiencia pública que fue convocada para tratar el aumento de las tarifas propuesto por Camuzzi, Metrogas y el resto de las distribuidoras. Martello alertó sobre el impacto del Impuesto al Cheque que las  compañías transfieren a los usuarios: alrededor de $150 millones por año.
A su vez, el Defensor del Pueblo adjunto sostuvo que el marco normativo instituido en los años 90 también posibilita el traslado de Ingresos Brutos y ello genera, a partir de las diferencias existentes entre jurisdicciones, serias inconsistencias. “Por ejemplo, si tomáramos dos hogares de igual consumo, uno ubicado en el Conurbano y otro en Puerto Madero, el primero paga un cargo variable mayor respecto al usuario que vive que en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.
El funcionario también advirtió que, mientras se multiplican las utilidades de las empresas distribuidoras, cae el número de usuarios en la Provincia y se incrementa la cantidad de hogares que no acceden a la red.
“Los incrementos que se vienen aplicando desde hace tres años violan los requisitos de previsibilidad, gradualidad y razonabilidad que en su momento estableció la Corte Suprema de Justicia. A punto tal que si ahora se aprueba el aumento que propone Camuzzi, los precios en algunas categorías de usuarios acumularán una suba de más de 2300 por ciento en los últimos tres años. El último balance de Camuzzi Gas Pampeana muestra que, pese a la devaluación, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense.
Otro aspecto controvertido del pedido de revisión tarifaria radica en que, en el caso de la empresa Metrogas, no se tuvieron en cuenta los 3 indicadores económicos -ponderados en un tercio cada uno- establecidos por el organismo de control (Enargas). Este sistema fue utilizado el año pasado, provocando una variación tarifaria menor a la que había propuesto la compañía. Por tal motivo, la empresa presentó un recurso de reconsideración que, llamativamente, aún está pendiente de resolución por parte del organismo de control. “Producto de ello, ahora Metrogas vuelven a utilizar los indicadores que más le conviene a sus intereses. Propone subas de entre 32 y 35 por ciento en los cargos fijos y variables, cuando la inflación proyectada por el gobierno del Presupuesto 2019 es del 23%”, dijo el defensor del Pueblo Adjunto.
Otro dato que genera preocupación es la caída en la entrega de gas a clientes residenciales, que en el caso de Metrogas se encuentra en el nivel más bajo desde 1998. Eso no es todo: los últimos meses del año pasado, según datos del ENARGAS, esta compañía que distribuye gas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires perdió más de 87 mil clientes. “Si bien la situación puede deberse a varios factores, uno de los motivos principales de esa reducción sería la imposibilidad de hacer frente a los aumentos de tarifas”, sostuvo Martello.
En ese contexto, salieron a la luz incongruencias manifiestas en lo que se refiere a la importación y exportación de gas. Concretamente, YPF viene realizando contratos de exportación a Chile que contemplan precios mucho más bajos respecto a lo que se le paga a Bolivia por la importación de gas no industrializado.
“YPF, que tiene la mayoría accionaria de Metrogas, le vende gas a Chile a 3.86 US$/MMBTU, mientras en la última adenda del contrato con Bolivia se estableció un precio de importación de 7,14 US$/MMBTU. Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, concluyó Martello.

“En tres años, las subas en las tarifas  de gas acumulan el 2300 por ciento”

En los últimos 17 años, murieron al menos 32 personas en siniestros viales con cuatriciclos, ocurridos mayoritariamente en la Costa Atlántica bonaerense. Desde el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, elaboraron un informe donde se alerta sobre la cantidad de siniestros que se producen cada año cuando menores de edad operan estos vehículos, así como sobre la nueva normativa referida a cuatriciclos que rige a partir de este verano. Preocupación por el impacto del recorte de $61 millones aplicado en el presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Pinamar, Villa Gesell, Monte Hermoso y otros municipios de la provincia de Buenos Aires, sancionaron ordenanzas de corredores seguros, ya que entre el 2001 y el 2018 se registraron al menos 32 personas muertas al operar cuatriciclos en zonas turísticas durante vacaciones o feriados. De los 32 muertos, 21 eran menores de edad. De esas muertes, 18 se produjeron en territorio bonaerense en la zona de la costa atlántica. Y de esas 18 muertes, 12 eran de menores de edad (cuyas edades comprendían entre 4 y 16 años). Cabe destacar que, los siniestros viales, es la principal causa de muerte de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes en la Argentina.
Los Cuatriciclos, Quads, ATV (All TerrainVehicle) o UTV (Utility Terrain Vehicle) tienen un atractivo innegable: parecen ser “fáciles de manejar” y divertidos. Quienes los utilizan por primera vez sienten una falsa sensación de estabilidad (por sus ruedas anchas y bien plantadas en el suelo) sin embargo, estos vehículos poseen un centro de gravedad alto que los hace proclive a vuelcos al efectuar giros cerrados. Otras de las características principales son: su alta relación peso/potencia (que les confiere rápidas aceleraciones y velocidad); la falta de diferencial en las ruedas en muchos modelos (lo que ocasiona derrapes al girar); la falta de una carrocería que proteja al piloto; la falta de medidas de seguridad pasivas (cinturones de seguridad, luces, luces de giro, bocina, muchos ni siquiera tiene espejo retrovisor, etc). Estas características, sumado a la “sensación distendida” propia de las vacaciones, más las dificultades propias de la orografía donde circulan (principalmente médanos, donde la visibilidad es reducida), son la combinación perfecta para que sucedan accidentes.
En definitiva, el comportamiento dinámico de estos vehículos, dadas sus características estructurales, resulta peligroso para quienes no están habituados a su uso. Máxime si se trata de menores de edad (lo cual está legalmente prohibido) y si circulan en zonas con presencia de turistas y/o de otros vehículos.
“El mes pasado, el Ministerio de Transporte lanzó una campaña para controlar, de forma coordinada con municipios y la Provincia, que se cumpla con la nueva normativa de tránsito que establece que los cuatriciclos tendrán que respetar las zonas de circulación seguras, determinadas y señalizadas por cada municipio. Se trata de una acción positiva, aunque nos genera preocupación lo que está sucediendo con el presupuesto destinado a la seguridad vial”, explicó Martello.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense explicó que, según se desprende de los últimos datos nacionales del Ministerio de Hacienda, el presupuesto definitivo de la ANSV del año pasado fue de $838,21 millones, lo que significó un recorte de $61 millones respecto a lo que se había establecido a principios de año. A su vez, teniendo en cuenta los $838 millones que debían estar disponible, al 24 de diciembre, solo se habían devengado $674 millones”.
“Según el Presupuesto 2019, la Agencia recibirá este año apenas un 8% de aumento, muy por debajo de los índices de inflación. Más allá de que las jurisdicciones locales son quienes tienen la mayor responsabilidad, al ser la autoridad de aplicación y comprobación de la Ley de Tránsito, resulta preocupante que la seguridad vial a nivel nacional, en un país que tiene alrededor de 7000 muertos en accidentes de tránsito por año, sea considerada una variable de ajuste”, remarcó Martello.
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¿Pueden circular los cuatriciclos en la vía pública?
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Con la vigencia de la Disposición 196/2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció una tipología de marcos de circulación de los cuatriciclos dentro de la vía pública, siempre que esta sea dentro de los corredores de circulación seguros, persistiendo la prohibición general de circulación en la vía pública.
A criterio de la autoridad local podrán hacerlo legalmente en la vía pública, aunque preferentemente se buscará que dichos corredores se establezcan “…en vías de baja circulación vehicular y de terrenos sueltos o no compactados mecánicamente, cuando la infraestructura local así lo permita” lo cual estaba anteriormente prohibido, aunque esta prohibición era ignorada e infringida muchas veces ante la mirada impotente de las autoridades locales las cuales por falta de presupuesto y personal no podía dar respuesta a la invasión de cuatriciclos.
“Otras veces, sospechamos que había permisividad, ya que el uso de cuatriciclos se había generalizado y era una práctica del turismo que se había naturalizado. Solo aparecían los controles cuando se producía un accidente con víctimas fatales. Hay que tener presente que durante años se publicito como una más de las ofertas turísticas de la costa el alquiler de cuatriciclos y las excursiones guiadas utilizándolos”, señaló Martello.
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Recomendaciones
<ul>
<li>A los Padres: Prudencia, recordar que los cuatriciclos son verdaderos vehículos automotores con sus peligros inherentes. Tomar conciencia del peligro. No permitir su uso a menores de 17 años. Los accidentes con cuatriciclos generan graves lesiones e incluso la muerte del conductor, del acompañante o de terceros.</li>
</ul>
<ul>
<li>A los Usuarios de Cuatriciclos: Prudencia y respeto a la normativa legal vigente, la cual fue pensada para proteger a los usuarios de cuatriciclos y a los peatones. Operar los vehículos utilizando los elementos de seguridad (casco normalizado, protección visual, pechera de protección, calzado adecuado, y antena con banderín rojo), respetando el número máximo de plazas admitidas, y solo en las zonas permitidas.</li>
</ul>
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<ul>
<li>A las Autoridades: Las jurisdicciones locales son quienes tienen la mayor responsabilidad ya que son la autoridad de aplicación y comprobación de la Ley Nacional de Transito N° 24.449 (art. 2° de la norma citada). Concurren con ella las autoridades provinciales y nacionales en la materia. Hacer cumplir y respetar la ley, no permitiendo ni tolerando la circulación de cuatriciclos por fuera de las zonas permitidas. Aplicar especial control sobre las empresas de alquiler de cuatriciclos.</li>
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En los últimos 17 años, murieron al menos 32 personas en siniestros viales con cuatriciclos, ocurridos mayoritariamente en la Costa Atlántica bonaerense. Desde el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, elaboraron un informe donde se alerta sobre la cantidad de siniestros que se producen cada año cuando menores de edad operan estos vehículos, así como sobre la nueva normativa referida a cuatriciclos que rige a partir de este verano. Preocupación por el impacto del recorte de $61 millones aplicado en el presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Pinamar, Villa Gesell, Monte Hermoso y otros municipios de la provincia de Buenos Aires, sancionaron ordenanzas de corredores seguros, ya que entre el 2001 y el 2018 se registraron al menos 32 personas muertas al operar cuatriciclos en zonas turísticas durante vacaciones o feriados. De los 32 muertos, 21 eran menores de edad. De esas muertes, 18 se produjeron en territorio bonaerense en la zona de la costa atlántica. Y de esas 18 muertes, 12 eran de menores de edad (cuyas edades comprendían entre 4 y 16 años). Cabe destacar que, los siniestros viales, es la principal causa de muerte de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes en la Argentina.
Los Cuatriciclos, Quads, ATV (All TerrainVehicle) o UTV (Utility Terrain Vehicle) tienen un atractivo innegable: parecen ser “fáciles de manejar” y divertidos. Quienes los utilizan por primera vez sienten una falsa sensación de estabilidad (por sus ruedas anchas y bien plantadas en el suelo) sin embargo, estos vehículos poseen un centro de gravedad alto que los hace proclive a vuelcos al efectuar giros cerrados. Otras de las características principales son: su alta relación peso/potencia (que les confiere rápidas aceleraciones y velocidad); la falta de diferencial en las ruedas en muchos modelos (lo que ocasiona derrapes al girar); la falta de una carrocería que proteja al piloto; la falta de medidas de seguridad pasivas (cinturones de seguridad, luces, luces de giro, bocina, muchos ni siquiera tiene espejo retrovisor, etc). Estas características, sumado a la “sensación distendida” propia de las vacaciones, más las dificultades propias de la orografía donde circulan (principalmente médanos, donde la visibilidad es reducida), son la combinación perfecta para que sucedan accidentes.
En definitiva, el comportamiento dinámico de estos vehículos, dadas sus características estructurales, resulta peligroso para quienes no están habituados a su uso. Máxime si se trata de menores de edad (lo cual está legalmente prohibido) y si circulan en zonas con presencia de turistas y/o de otros vehículos.
“El mes pasado, el Ministerio de Transporte lanzó una campaña para controlar, de forma coordinada con municipios y la Provincia, que se cumpla con la nueva normativa de tránsito que establece que los cuatriciclos tendrán que respetar las zonas de circulación seguras, determinadas y señalizadas por cada municipio. Se trata de una acción positiva, aunque nos genera preocupación lo que está sucediendo con el presupuesto destinado a la seguridad vial”, explicó Martello.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense explicó que, según se desprende de los últimos datos nacionales del Ministerio de Hacienda, el presupuesto definitivo de la ANSV del año pasado fue de $838,21 millones, lo que significó un recorte de $61 millones respecto a lo que se había establecido a principios de año. A su vez, teniendo en cuenta los $838 millones que debían estar disponible, al 24 de diciembre, solo se habían devengado $674 millones”.
“Según el Presupuesto 2019, la Agencia recibirá este año apenas un 8% de aumento, muy por debajo de los índices de inflación. Más allá de que las jurisdicciones locales son quienes tienen la mayor responsabilidad, al ser la autoridad de aplicación y comprobación de la Ley de Tránsito, resulta preocupante que la seguridad vial a nivel nacional, en un país que tiene alrededor de 7000 muertos en accidentes de tránsito por año, sea considerada una variable de ajuste”, remarcó Martello.
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¿Pueden circular los cuatriciclos en la vía pública?
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Con la vigencia de la Disposición 196/2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció una tipología de marcos de circulación de los cuatriciclos dentro de la vía pública, siempre que esta sea dentro de los corredores de circulación seguros, persistiendo la prohibición general de circulación en la vía pública.
A criterio de la autoridad local podrán hacerlo legalmente en la vía pública, aunque preferentemente se buscará que dichos corredores se establezcan “…en vías de baja circulación vehicular y de terrenos sueltos o no compactados mecánicamente, cuando la infraestructura local así lo permita” lo cual estaba anteriormente prohibido, aunque esta prohibición era ignorada e infringida muchas veces ante la mirada impotente de las autoridades locales las cuales por falta de presupuesto y personal no podía dar respuesta a la invasión de cuatriciclos.
“Otras veces, sospechamos que había permisividad, ya que el uso de cuatriciclos se había generalizado y era una práctica del turismo que se había naturalizado. Solo aparecían los controles cuando se producía un accidente con víctimas fatales. Hay que tener presente que durante años se publicito como una más de las ofertas turísticas de la costa el alquiler de cuatriciclos y las excursiones guiadas utilizándolos”, señaló Martello.
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Recomendaciones
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<li>A los Padres: Prudencia, recordar que los cuatriciclos son verdaderos vehículos automotores con sus peligros inherentes. Tomar conciencia del peligro. No permitir su uso a menores de 17 años. Los accidentes con cuatriciclos generan graves lesiones e incluso la muerte del conductor, del acompañante o de terceros.</li>
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<li>A los Usuarios de Cuatriciclos: Prudencia y respeto a la normativa legal vigente, la cual fue pensada para proteger a los usuarios de cuatriciclos y a los peatones. Operar los vehículos utilizando los elementos de seguridad (casco normalizado, protección visual, pechera de protección, calzado adecuado, y antena con banderín rojo), respetando el número máximo de plazas admitidas, y solo en las zonas permitidas.</li>
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<li>A las Autoridades: Las jurisdicciones locales son quienes tienen la mayor responsabilidad ya que son la autoridad de aplicación y comprobación de la Ley Nacional de Transito N° 24.449 (art. 2° de la norma citada). Concurren con ella las autoridades provinciales y nacionales en la materia. Hacer cumplir y respetar la ley, no permitiendo ni tolerando la circulación de cuatriciclos por fuera de las zonas permitidas. Aplicar especial control sobre las empresas de alquiler de cuatriciclos.</li>
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