Impulsan un proyecto de ley para que la Defensoría del Pueblo Bonaerense asista a personas sobreendeudadas

Ante el incremento sostenido de personas con dificultades financieras en el territorio bonaerense, se ha presentado un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La iniciativa propone que la Defensoría del Pueblo, organismo encabezado por Guido Lorenzino, actúe como un actor central en la resolución de estos conflictos, ofreciendo una instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de pasivos.

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El proyecto, impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, tiene como eje fundamental equilibrar la relación entre los consumidores y los acreedores. La propuesta busca que el Estado intervenga para igualar el poder de negociación, evitando que las personas deban enfrentar de manera aislada y desigual a financieras, plataformas digitales y agencias de cobro que, en muchos casos, incurren en prácticas hostiles.

Al respecto, el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, señaló: “Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”. 

El funcionario enfatizó que el objetivo es alcanzar acuerdos justos y prácticos, dejando de lado el maltrato que, según indicó, sufren habitualmente quienes atraviesan situaciones de endeudamiento extremo.

Por su parte, el diputado Facundo Tignanelli justificó la necesidad de esta normativa al señalar que el modelo económico actual ha generado niveles de endeudamiento sin precedentes. 

“Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. Tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”, afirmó el legislador.

Detalles del mecanismo de mediación

La propuesta legislativa plantea un cambio de paradigma: dejar de negociar las deudas de manera aislada para pasar a un análisis integral de la situación económica de cada individuo. De esta forma, se busca evitar que un acuerdo particular con un acreedor comprometa la capacidad de pago del consumidor frente a otras obligaciones, garantizando siempre condiciones razonables de subsistencia para el deudor y su grupo familiar.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la obligatoriedad de participación para los acreedores. La normativa estipula que la incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o cualquier maniobra dilatoria serán consideradas incumplimientos graves. Esto obliga a las entidades a sentarse a negociar bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo.

El asesoramiento que brindará el organismo será totalmente gratuito. En caso de que el proyecto se convierta en ley, esta instancia de mediación se transformará en un paso obligatorio antes de que cualquier conflicto de esta naturaleza pueda avanzar hacia la vía judicial, lo que permitiría, además, disminuir la carga de los tribunales y ofrecer soluciones más rápidas y menos costosas para los ciudadanos.

Finalmente, el régimen busca prevenir el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones y cargos adicionales que suelen asfixiar a los consumidores. Asimismo, se propone promover soluciones compatibles con la capacidad económica real de cada caso, garantizando condiciones de cobranza dignas, transparentes y libres de abusos, protegiendo así el crédito y facilitando el cumplimiento posible de las obligaciones contraídas.

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El Eco de Tandil

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