En diciembre de 2019 se produjo en la ciudad china de Wuhan el primer brote de COVID-19, que semanas después se convirtió en pandemia y marcó un capítulo propio en la historia de la Humanidad. A 3 años de esa revelación, China sigue basando su estrategia sanitaria contra los nuevos contagios en aislamientos selectivos o generales (a veces sorpresivos) de casos positivos y contactos estrechos y testeos masivos, mientras se registran niveles bajos de vacunación.

Esa política de COVID cero que en principio fue adoptada por varias países, fue paulatinamente abandonada por la gran mayoría de los gobiernos a partir de la llegada de las vacunas, pero persiste en China en medio de un nuevo aumento de casos registrado en las últimas semanas que desató protestas después de un trágico incendio.

Estas manifestaciones cobran relevancia internacional no sólo porque se trata del país más poblado del planeta (tiene 1.400 de los 8.000 millones de personas que habitan la Tierra) sino porque en China las libertades individuales y los derechos civiles están limitados. Es decir, que allí las protestas no son algo común, como sí lo son en las democracias liberales.