Aba analizó el fallo judicial y advirtió sobre el impacto en salarios y becas

El fallo de la Justicia que intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario volvió a poner en el centro de la discusión la situación de las universidades públicas.

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Para el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, la resolución representa un nuevo paso dentro de un proceso que las instituciones universitarias vienen sosteniendo desde hace meses.

“Es lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo, que logró en su momento tener una ley que lo respaldara”, señaló Aba al analizar el alcance de la decisión judicial.

En ese sentido, repasó el recorrido que tuvo la normativa, desde su sanción en el Congreso y el posterior veto hasta las distintas instancias judiciales que atravesó la discusión.

La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, establece un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo a la medida cautelar, con la posibilidad de aplicar multas por cada día de demora.

La medida está vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente y a la recomposición de programas destinados a estudiantes.

“Parece ilógico que tengamos que estar hablando de esto. Hace muchos meses que hay una ley del Congreso de la Nación que obtuvo una mayoría muy altamente calificada y que se tendría que estar ejecutando”, reclamó el rector.

El alcance de la cautelar

Aba remarcó que el fallo no resuelve la totalidad de la problemática presupuestaria de las universidades, sino que se concentra en los aspectos que fueron incluidos en la medida cautelar por considerarse de atención más urgente.

“No es todo el problema de la universidad, pero sí es el más acuciante con respecto a sus trabajadores”, enfatizó.

Según detalló, en materia salarial la aplicación de lo dispuesto por la ley implicaría una recomposición para docentes y no docentes, mientras que el artículo referido a los programas estudiantiles alcanza a distintas modalidades de becas y ayudas destinadas a los estudiantes.

Entre ellas mencionó las Becas Manuel Belgrano, las becas de Enfermería y el programa Progresar, sobre el cual aclaró que existe una diferencia en la denominación que utiliza el Gobierno, que lo considera una ayuda económica y no una beca, pero sostuvo que la normativa contempla su actualización.

Los artículos refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.

“La vía recursiva ya tuvo todas las apelaciones posibles”

Uno de los puntos planteados por el rector fue el recorrido judicial que tuvo el conflicto y las alternativas que podría tomar ahora el Poder Ejecutivo. “¿Qué va a hacer el Gobierno? No lo sabemos”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló que el Ejecutivo todavía podría intentar alguna vía de apelación, aunque desde su perspectiva las distintas instancias ya fueron transitadas.

“La vía recursiva ya tuvo todas las apelaciones posibles en todos los niveles. Cada vez que pasó, el Gobierno apeló al juez, a la Cámara, a la Corte”, indicó.

La cautelar había sido confirmada durante el proceso judicial y la Corte Suprema rechazó en junio el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, por lo que quedó firme la medida mientras continúa la discusión sobre la cuestión de fondo.

Aba planteó que, si el Gobierno no cumple dentro del plazo establecido, será la Justicia la que deberá determinar los pasos siguientes y, eventualmente, las multas correspondientes.

“Si el miércoles no hay una respuesta por parte del Gobierno, será la Justicia, o el juez directamente en este caso, quien tendrá que determinar cuál es el castigo, la multa que corresponde por no cumplimiento”, planteó.

La discusión de fondo

Para finalizar, el rector también diferenció la medida cautelar de la discusión de fondo, que continúa en la Justicia y que comprende otros componentes del financiamiento universitario.

“Lo que está llegando a su fin con esta intimación del juez es la parte salarial. La cuestión de fondo también la tenemos en la Justicia y no ha hecho todo este recorrido todavía”, explicó.

En ese expediente se encuentran contemplados otros gastos vinculados al funcionamiento de las universidades, entre ellos mantenimiento, infraestructura y aspectos técnicos. De esta manera, la resolución constituye un capítulo dentro de un conflicto judicial más amplio.

La mirada sobre el Presupuesto

Hacia el final de la entrevista, Aba vinculó el nuevo escenario judicial con la discusión que comenzó a darse en torno al Presupuesto nacional y, particularmente, con el financiamiento destinado a las universidades.

“También marca hacia el Congreso que la Justicia le está diciendo al Poder Ejecutivo que no está cumpliendo con una ley del Congreso”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que las universidades buscan transmitir esa situación a los legisladores mientras avanza el tratamiento del proyecto de la ordenanza que marcará los lineamientos del Gobierno nacional el próximo año.

“Hay una ley del Congreso que no se cumple y se estaría aprobando una nueva ley de Presupuesto que la vulnera”, afirmó.

Para el rector de la Unicen, el fallo debería ser considerado antes de avanzar con la discusión presupuestaria. “Refuerza la precaución que habría que tener antes de avanzar con la discusión del Presupuesto nacional o, por lo menos, la parte de las universidades, que va en contra de una ley del propio Congreso”, concluyó.

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El Eco de Tandil

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