Adoquines: piden la intervención de la Defensoría del Pueblo para participar en el debate

El debate por la preservación del adoquinado histórico de Tandil sumó un nuevo capítulo. La Asociación Civil Punto Verde, la Asamblea del Barrio de La Estación y la Asamblea Barrios de Piedra presentaron una solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo a cargo de Paula Lafourcade. El requerimiento apuntó a que el organismo solicite su incorporación con voz y voto en la Comisión de Patrimonio que debe tratar la protección de las calles empedradas.

El objetivo de las agrupaciones es destrabar la discusión que actualmente se lleva adelante en el Concejo Deliberante y asegurar que exista un control ciudadano efectivo sobre las decisiones que afectaron el patrimonio local.

De acuerdo a un comunicado enviado a esta Redacción, el debate se remontó a la vigencia de la Ordenanza 9.821 de 1995, la cual brindaba protección integral a 143 calles empedradas.

Según recordaron, esa normativa fue derogada en 2009 mediante la Ordenanza 11.400 y, al analizar los antecedentes de esa medida, alertaron que las actas de la sesión del cuerpo legislativo reflejaron que se eliminó de manera “exprés”.

“Al repasar el registro de aquella jornada, parecería que los propios concejales ni siquiera se hubieran enterado de lo que estaban votando”, señalaron los referentes, que denunciaron una “absoluta falta de argumentación técnica”.

Para las asambleas, esa sesión celebrada hace 17 años estuvo marcada por una “alarmante liviandad jurídica” que desprotegió el acervo histórico a espaldas de los vecinos.

En este sentido, la presentación ante la Defensoría buscó subsanar lo que consideraron un “error administrativo” y legal de larga data. Los peticionantes remarcaron que el debate actual en el Concejo Deliberante no debería centrarse en la conveniencia de proteger o no el patrimonio, sino en cómo restaurar los derechos que fueron vulnerados hace más de una década sin el debido proceso de consulta ciudadana.

Reparación histórica

Frente al escenario legislativo actual y la falta de consenso entre los diferentes bloques políticos, las organizaciones -que el pasado 6 de abril expusieron sus fundamentos técnicos mediante la utilización de la Banca 21- sostuvieron que el Estado tiene la “obligación legal” de progresar en la ampliación de derechos ambientales y culturales.

Bajo esta premisa jurídica, afirmaron que cualquier retroceso en la protección patrimonial resultó inconstitucional. Por tal motivo, consideraron que la derogación de la Ordenanza 9.821 careció de validez legal profunda y exigieron una solución de fondo.

Asimismo, valoraron la “lucidez” que mostraron algunos concejales “al comprender la gravedad del error administrativo cometido en 2009”. Sin embargo, apuntaron con dureza contra el resto de los integrantes del cuerpo legislativo al señalar que “resulta inadmisible e incomprensible que todavía existan ediles que crean tener el derecho de evaluar si se protege o no lo que ya estaba plenamente resguardado. No hay nada que deliberar sobre lo que fue quitado ilegalmente; la reparación histórica debe ser inmediata”.

Por este motivo, exigieron como un paso “automático e indiscutible” la restitución inmediata de la protección sobre las 143 calles originales.

“Consideramos que ese es el mínimo innegociable” y, a partir de allí, “la única discusión válida en las comisiones debe ser cómo ampliar dicha salvaguarda para alcanzar la totalidad de las aproximadamente 160 calles empedradas con las que cuenta Tandil”, detallaron en la misiva.

El rol de la Defensoría del Pueblo

La presentación hace especial hincapié en la legislación vigente y los tratados internacionales que exigen de forma vinculante la participación democrática de las comunidades en las decisiones que afectan su entorno.

Debido a que las asambleas firmantes no son convocadas por la Comisión de Patrimonio, consideran “urgente y necesario” que la Defensoría del Pueblo asuma un rol activo en este espacio.

Las organizaciones argumentaron que la dependencia cuenta con el conocimiento técnico-legal idóneo y representa la única garantía institucional que “el despropósito administrativo ocurrido en 2009 no vuelva a repetirse a puertas cerradas y sin control ciudadano”.

Por ello, solicitaron formalmente que el organismo requiera e impulse su incorporación inmediata con voz y voto en esa comisión.

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