En medio del debate en torno que abrió el reciente episodio en un loteo en la zona del barrio La Elena, la polémica por la urbanización en la zona de El Centinela sumó un nuevo capítulo al conocerse la denuncia penal contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse por la presunta existencia de una trama delictiva organizada para impedir el avance del proyecto ubicado en la Chacra 274.

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), Lafosse se refirió a la acción penal presentada por los desarrolladores, ratificó que su rol será el de la “custodia” del PDT e insistió con el impacto de las urbanizaciones en el área serrana.

Durante la entrevista, el secretario calificó estas imputaciones como “extremadamente graves”, aunque se mostró confiado en el accionar de la Justicia. “Están planteando que somos una organización criminar sistemática. Es bastante fuerte y hasta desmedido”, expresó durante la entrevista televisiva.

A nivel personal, reconoció que “afectan mucho” porque no apuntan a procesos administrativos que el Municipio puede llevar adelante, sino que “se toman acciones aisladas de cada uno de nosotros difícilmente demostrables”.

De todos modos, garantizó que “se aportarán las pruebas que justifiquen esa idea”, pero insistió que “no está objetado un proceso administrativo sino personas”.

“La custodia” del PDT

Lafosse remarcó que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), sancionado en 2005 y convalidado por la provincia de Buenos Aires en 2007, establece que ese sector está catalogado como Zona Rural, por lo que no admite la urbanización. “Y eso no lo plantea ni el Intendente ni el secretario de Obras Públicas; es una legislación municipal con validación provincial”, sentenció.

Entonces, defendió el posicionamiento, dijo que la gestión tiene a cargo “la custodia” de la normativa y justificó que el PDT contempla una “planificación de todo el Partido de Tandil”.

Luego, Lafosse mencionó que el loteo permaneció “sin ningún tipo de movimientos” desde 1947 hasta hace un par de años. “Nuestro principal interés es tratar de defender la letra escrita del PDT porque además estamos convencidos de eso”, ratificó el secretario.

En otro pasaje de la entrevista, detalló que en la zona en disputa se encuentra en la naciente del arroyo Blanco, frente al acceso a la cantera de Montecristo y el sector de El Centinela. “Es la creación de 240 lotes que estarían en la naciente de un arroyo que atraviesa la ciudad y en un ambiente de bastante fragilidad por las cuestiones geomorfológicas”, repasó.

En este sentido, aseguró que “la defensa del PDT ha sido una política de los 22 años de la gestión del intendente Lunghi” y que “estamos absolutamente convencidos de lo que estamos defendiendo”, aun al reconocer que “puede haber algún tipo de cambio, pero ese cambio que se podría llegar a proponer, no tiene nada que ver con la posibilidad de urbanizar el sector serrano”.

La denuncia penal

En su presentación, los denunciantes aseguraron que se utilizó el aparato estatal para bloquear ilegalmente la propiedad con el fin de favorecer intereses privados y despojar a los legítimos dueños de sus bienes.

La denuncia caratuló los hechos bajo figuras penales de defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, estafa procesal y tráfico de influencias, todo en concurso real.

Según el escrito, el modus operandi consistió en una dualidad dolosa: mientras el Municipio bloqueaba administrativamente el loteo de la Chacra 274 -cuyo plano de subdivisión data de 1946-, se facilitaban transferencias de dominio de tierras fiscales a favor de terceros allegados al poder bajo condiciones de dudosa legalidad.

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