La destrucción de parte de la estructura protegida por normativa patrimonial generó repercusiones en la ciudad. El inmueble, ubicado en Alem 925, se encuentra inscripto como Bien Patrimonial en el Anexo 5 del Plan de Desarrollo Territorial y su fachada está alcanzada por un régimen de preservación.

El caso tomó estado público a partir de la decisión del Municipio de paralizar los trabajos de demolición de la obra donde se construirá una casa de comidas rápidas. Y, en consecuencia, labró las actas correspondientes, que fueron elevadas al Juzgado de Faltas para que determine la forma en que deberá repararse el daño ocasionado.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicó a El Eco de Tandil los detalles del proceso que terminó con la pérdida de una parte del frente de la propiedad protegida por su singular arquitectura y consideró que se trató de una “negligencia” por parte de los responsables del proyecto. 

El hecho fue detectado ayer, cuando un funcionario advirtió que la maquinaria estaba operando sobre una estructura que, según lo dictaminado previamente, debía ser preservada. 

La propiedad había estado bajo la lupa de la dependencia comunal debido a una solicitud de demolición que contaba con el respaldo de un informe técnico privado. A más datos, el secretario indicó a este Diario que un ingeniero había planteado que la fachada se encontraba en mal estado, “sin capacidad de sostenerse”, y que recomendaba la demolición.

Fue entonces que, tras una inspección ocular realizada por técnicos del área municipal, se determinó que la situación difería a la planteada. “Previamente al tratamiento por la Comisión de Patrimonio, se evaluó que la fachada no revestía condiciones de inestabilidad, pero que sí había que hacer trabajos de apuntalamiento y de refuerzos en la estructura con el objetivo de preservar el patrimonio”, detalló Lafosse.

Si bien la parte trasera de la vivienda presentaba un “estado de deterioro muy grande” que hacía “altamente costosa” su recuperación, el valor simbólico y arquitectónico residía en su frente. “Estaba definido como bien patrimonial, pero no el nivel de protección que tenía que tener”, reconoció.

El  proceso administrativo

Después de esa evaluación, el expediente llegó a la Comisión de Patrimonio Histórico que determinó que la fachada debía mantenerse.

El predio involucrado consta de tres parcelas. Dos de ellas, las más cercanas a la intersección con la avenida España, contaban con los “expedientes aprobados” y los trabajos allí no presentaban irregularidades. El conflicto surgió en la tercera parcela, donde se ubicaba el bien catalogado.

En cuanto a los incumplimientos, Lafosse señaló que la empresa avanzó sobre una parcela para la cual no existía una autorización final de demolición. “Había un expediente que se estaba tratando, pero no estaba aprobada la demolición de todo el sector trasero”, precisó. Por eso, “cuando estaban haciendo los trabajos de demolición, la fachada se cayó”.

Al momento de la llegada del personal de Obras Privadas, la fachada ya se encontraba parcialmente derribada, lo que derivó en la intervención mediante la paralización de las tareas en ese sector y la confección de actas de infracción.

“En esa parcela no había permiso, pero si un expediente iniciado que tenía un dictamen de la comisión de patrimonio que pedía preservar la fachada, pero no había terminado de aprobarse", insistió.

Tras la paralización de la obra, el expediente fue elevado al Juzgado de Faltas, que será el responsable de  resolver las eventuales sanciones que corresponden al caso.

Entre las alternativas, Lafosse repasó que podría llegar a exigir “la remediación de toda la fachada”, además del “mantenimiento de lo que quedó en pie y su apuntalamiento”, y la posibilidad de una sanción económica.

La singularidad de la fachada

La propiedad destruida se encontraba incluida en el catálogo de bienes patrimoniales. A más precisiones, cabe indicar que la sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en 2005 incluyó el Anexo 5, donde se especifican todos los inmuebles públicos y privados protegidos.

Los criterios de salvaguarda son diversos, entre los que se encuentran las características de fachadas, el oficio que se utilizó en la construcción -como la Casa de Piedra de Rodríguez entre España y Mitre-, e incluso porque en dichos espacios sucedió algún acontecimiento histórico significativo o porque pertenecieron a vecinos que realizaron aportes a la ciudad.

Algunas de estas propiedades cuentan con protección total y otras con resguardo parcial. En estos últimos casos se permiten modificaciones respetando su fachada, como sucedió en el exBanco Comercial o como pasó con un edificio ubicado sobre calle Paz.

En el caso del inmueble de Alem 925, la Comisión de Patrimonio Histórico había sido específica al definir que el valor residía en la singularidad de su frente.

En ese sentido, Lafosse ratificó que “existen distintas jerarquías” para incluir un bien a preservar y aclaró que “la Comisión de Patrimonio dictaminó que, como toda la parte posterior estaba deteriorada, lo que había que preservar era la fachada”.

La vivienda poseía un interés arquitectónico. “Tenía unos arcos de medio punto con detalles que parecían mosaicos, aunque en realidad eran ladrillos pintados de distintos colores”, describió el funcionario para considerar que “se intentó preservar fue la singularidad de la fachada”.

“Era un bien patrimonial”

“En este caso era un bien patrimonial”, opinó sobre lo ocurrido con la propiedad de Alem al 900 en comparación con otros casos, como la demolición de la iglesia Luterana ubicada en Santamarina al 800, que no se encontraba catalogada. Por eso, consideró que “es más una negligencia que se da”.

“Cuanto menos es negligencia”, insistió Lafosse, dejando en claro que la empresa no tomó los recaudos necesarios para respetar las restricciones vigentes. “Se habían hecho los tramites y advertido sobre la necesidad de preservar esa fachada, que no fue respetada por la empresa encargada de la demolición”, remató.

Sobre el autor

Amalia Goñi

Periodista de El Eco de Tandil