Della Maggiora justificó el frustrado alquiler del edificio de Pinto al 800 y defendió su gestión
El responsable de la cartera de Protección Ciudadana justificó la decisión de alquilar durante 10 meses una locación que finalmente fue desestimada. Expuso que la devolución del dinero que efectuó el Intendente con recursos propios no fue para reparar un error. Además, informó que en Tandil se registraron curvas descendentes en la actividad delictiva.
Hace una semana el Departamento Ejecutivo hizo pública su voluntad de rescindir el contrato del local para Protección Ciudadana. En una decisión inédita, además, el propio Intendente pagó 500 mil pesos de su bolsillo para devolver a las arcas municipales los alquileres que se abonaron por el mismo desde febrero.
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Miguel Lunghi y su gabinete de gobierno arribaron a la conclusión de dar baja el cuestionado alquiler con opción a compra de un edificio ubicado en Pinto al 800 para que funcionara allí la sede integral de la oficina a cargo de Atilio Della Maggiora. Al comunicar la decisión, los funcionarios alegaron que la coyuntura macroeconómica y la devaluación operaron en contra del proyecto. El arrendamiento se había rubricado por un plazo de cinco años y los alquileres abonados no se devengarían del precio final de compra, propuesto en 750 mil dólares. El Municipio contaba con los recursos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Servicios Asociados, que el Gobierno provincial distribuyó en 2017. Por aquel entonces, el intendente Miguel Lunghi reservó la suma de 20 millones de pesos para destinar a tal fin.
“Creemos que la idea era viable con el valor del dólar en ese momento, cerca de los 20 pesos, la ubicación es excelente, la tasación era accesible también. La distorsión de las variables económicas alejaron la propuesta”, expuso en conferencia de prensa Julio Elichiribehety, titular de la jefatura de Gabinete.
El Municipio efectuó una férrea defensa de la decisión de alquilar el espacio, hecho que en su momento derivó en una catarata de críticas por parte de la oposición e inclusive dentro del seno del oficialismo por considerarlo inviable, innecesario y oneroso. Della Maggiora y Elichiribehety defendieron el proyecto y no lo plantearon como un error de gestión, sino como una buena propuesta que no se pudo concretar.
En la jornada de ayer, el funcionario lunghista visitó el piso del programa La ciudad (104.1 Tandil FM y ECO TV) y reafirmó su defensa del contrato.
“Era uno de los tantos proyectos que se manejan en la secretaria e impulsa el Municipio. Cuando se analizó, evaluó y tomó la decisión había una necesidad justificada de acceder a este tipo de proyecto. Era viable, teníamos los fondos disponibles para lograr la adquisición del inmueble y para iniciar el armado de una nueva concepción del centro de operaciones inteligentes, las circunstancias macroeconómicas lo impidieron”, aseguró el responsable de Protección Ciudadana.
Con respecto a la demora en definir la situación del evento, que podría haber decantado en la compra efectiva del inmueble o el abandono inmediato de la idea, explicó que era necesario iniciar una serie de trámites para llegar a la adquisición y también ciertos trabajos internos -como la proyección de obra- que obligaron a tomar en locación el inmueble previo a la compra.
“Hay dos niveles de análisis en el tema. Es una decisión tomada en el gabinete municipal, los secretarios somos responsables de la letra chica y los detalles, pero un proyecto de este alcance presupuestario es evaluado en otros niveles también”, expuso.
Al ser consultado sobre el gesto del jefe comunal, que el miércoles concretó la transferencia del medio millón de pesos provenientes de su patrimonio personal para compensar a las arcas comunales tras la determinación de no seguir adelante con el contrato, Della Maggiora aseguró que la decisión del Intendente no está sustentada en el enfoque de subsanar un error, “fue simplemente para no perjudicar el erario publico, se tuvo que pagar un alquiler y no se consuma un proyecto. Termina haciéndose cargo pero no porque considere que haya sido un desacierto. Es un proyecto que se frustra y a uno no le gusta”. Además, afirmó que su renuncia está siempre a disposición, si así lo requiriera el mandatario. Cabe consignar que un amplio abanico opositor consideró que el funcionario debería renunciar a su puesto por las irregularidades advertidas durante su gestión.
El control del delito
En este sentido, el funcionario mencionó la aplicación Alerta Tandil, que comenzó a funcionar el 16 de mayo y tiene 2350 suscriptores a la plataforma que sirve para interactuar con el centro de monitoreo dependiente de la esfera de Protección Ciudadana. Dicho dispositivo está basado en una plataforma tecnológica y operativa que centraliza información o solicitudes de los vecinos a través de diferentes medios, que son derivados al área que deba intervenir.
Alerta Tandil permite mejorar la gestión de la prevención de delitos e incidentes, logrando optimizar el trabajo de las fuerzas de seguridad y de las diferentes dependencias que se ocupan de esas tareas, a través de herramientas de tecnología y comunicación al alcance de toda la comunidad, como redes sociales, teléfonos inteligentes o sistemas de posnet en los comercios.
El titular del área valoró como positivo el funcionamiento de la plataforma, que se sumó durante el corriente ciclo a las acciones emprendidas en materia de seguridad.
En la entrevista, Della Maggiora aportó las cifras de la inseguridad en la ciudad, que arrojan un número de 2833 delitos denunciados durante noviembre 2017 y el mismo mes de 2018, dato inferior a las situaciones que se pudieron haber registrado ya que no todos los hechos llegan a una instancia formal de denuncia. En este sentido, con los datos disponibles relevados por el área, remarcó que en Tandil se aprecian curvas descendentes en la actividad delictiva durante el periodo mencionado.
“En nuestra ciudad el delito tiene como víctimas a personas ausentes de sus casas en una amplísima mayoría de casos y hay bajo nivel de delito en el espacio público, gracias al buen control policial preventivo”, consideró.
Por otro lado, Della Maggiora enumeró al azar la cantidad de personas puestas a disposición de la justicia en cada mes del año en curso; 54 en noviembre, 43 en octubre, 51 en setiembre y 67 en enero, variables que arrojaran un promedio de 50 casos mensuales que se judicializan.
La falta de estadísticas correspondientes a años anteriores vuelve imposible la tarea de comparar el estado de situación para conocer si estas cifras han bajado o subido y establecer un diagnóstico preciso acerca de la problemática, norte al que apuntan en los años venideros.