El Municipio de Tandil reiteró su postura respecto a la ocupación del macizo privado ubicado en el barrio Movediza y volvió a señalar que la responsabilidad de intervenir en ese predio corresponde al Gobierno Nacional, luego de que la propia Nación lo incorporara al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2023.

Desde la comuna recordaron que el Municipio viene participando de las instancias de diálogo convocadas por la Justicia junto a la Defensoría Oficial y organismos del Gobierno provincial. Sin embargo, en ninguna de esas reuniones estuvo presente representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo incorporado al Renabap.

En este marco, el pasado jueves el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ellas, el Municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453.

Desde el Ejecutivo local reiteraron que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el Municipio no destinará recursos públicos de los tandilenses para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a una toma ubicada en un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

A esta situación se suma la falta de respuesta del Gobierno Nacional a las notas enviadas previamente por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y el pedido formal de remoción del macizo del Renabap.

Asimismo, el Municipio remarcó que los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables.

Mientras tanto, la intervención municipal continuará restringida a situaciones vinculadas a la salud y a la atención de grupos en riesgo, sin asumir obligaciones que competen a la órbita nacional y provincial.

Finalmente, el Ejecutivo local adelantó que seguirá reclamando al Gobierno Nacional —a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana— el cumplimiento de la legislación vigente en materia de barrios populares, teniendo en cuenta que la Justicia consideró válida la inclusión del macizo en el Renabap.

Breve recorrido histórico de la situación

La ocupación del macizo comenzó en febrero de 2023 sobre un predio privado cuyo propietario denunció la usurpación del inmueble. Durante los primeros meses, la Justicia dispuso medidas de no innovar, solicitó un censo y ordenó el desalojo que finalmente no fue efectivizado.

En diciembre de 2023, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Gobierno Nacional incorporó formalmente el predio al Renabap. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones de Azul declaró inconstitucional esa incorporación y ordenó avanzar con el desalojo.

Sin embargo, el 19 de junio de 2024, el nuevo Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, emitió un acto administrativo que ratificó la inclusión del macizo en el Renabap y solicitó levantar la medida de no innovar relativa a la provisión de servicios. Esta decisión reafirmó la postura del Gobierno Nacional respecto al predio.

A pesar de esa ratificación, el proceso de expropiación no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, lo que mantiene el conflicto sin una resolución definitiva.

En paralelo, el Municipio envió diversas notas pidiendo la remoción del macizo del Renabap y solicitando definiciones formales, pero no obtuvo respuesta. Durante todo el proceso, la comuna mantuvo su postura de no destinar fondos locales para urbanizar una toma y de intervenir solo ante situaciones de salud o riesgo en las poblaciones más vulnerables.

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