La situación prestacional de las obras sociales en la ciudad ha alcanzado un punto de extrema complejidad. Desde la Municipalidad de Tandil, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, manifestaron su profunda preocupación por el progresivo recorte en los servicios destinados a las personas mayores y personas con discapacidad. La directora del área, Lucia González, trazó un panorama sombrío sobre el presente de Pami e Ioma, señalando que el incumplimiento de estas entidades está derivando en una sobrecarga directa sobre el sistema público local.

Según detalló la funcionaria en diálogo con El Eco, la crisis de Pami se ha vuelto más visible en el último tiempo, aunque responde a un recorrido previo de quita de beneficios. Este escenario afecta de manera directa a cerca de 25 mil afiliados en el distrito, quienes sufren el recorte en prestaciones básicas y la pérdida de la cobertura total en medicamentos esenciales. Este "corrimiento del Estado nacional", como lo definió la directora, genera un impacto inmediato tanto en el Sistema Integrado de Salud Pública como en las arcas de la administración municipal.

Estrategias legales y acompañamiento a los afiliados

Ante la falta de respuestas por parte de los organismos nacionales y provinciales, el gobierno local ha decidido avanzar en una estrategia de judicialización y asistencia técnica. Lucia González confirmó que se encuentran manteniendo reuniones con equipos de abogados y que han pautado un encuentro clave con la Defensoría del Pueblo. El objetivo primordial es generar estrategias conjuntas que permitan acompañar a cada afiliado en sus demandas individuales y colectivas.

“Estamos trabajando para que la Defensoría del Pueblo acompañe a los vecinos en sus reclamos, buscando llegar a respuestas concretas a través de recursos de amparo”, explicó la funcionaria. En paralelo, el Municipio ha iniciado procesos de gestión formal ante Pami para que regularice la atención de los adultos mayores. La premisa es clara: las obras sociales deben cumplir con las leyes y obligaciones vigentes para con sus beneficiarios.

La funcionaria remarcó que esta desatención obliga a la Secretaría de Desarrollo Humano a realizar grandes esfuerzos presupuestarios. y aclaró que la prioridad son las atenciones a los más vulnerables, "a sabiendas del impacto que esto genera, afectando incluso otras partidas presupuestarias para poder estar presentes donde el Estado nacional se retira”, subrayó, destacando que la prioridad actual es garantizar cuidados específicos en hogares y asistencia básica.

El drama de los medicamentos y el costo de vida

Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el acceso a la medicación. La directora de Discapacidad y Adultos Mayores, visiblemente conmocionada, describió situaciones cotidianas angustiantes, donde los jubilados se encuentran con sorpresas económicas insalvables al llegar al mostrador de la farmacia. “Son decisiones arbitrarias de las que uno se entera por el diario o cuando el adulto mayor va a la farmacia y le dicen que tiene que pagar un diferencial de 40 mil, 50 mil o hasta 120 mil pesos”, relató.

Este desfasaje económico empuja a los afiliados a volcarse masivamente hacia los centros comunitarios de los barrios y a las oficinas de la secretaría en busca de auxilio. El contexto se agrava por la situación económica general, donde las jubilaciones mínimas resultan insuficientes para cubrir la canasta básica. “Hoy las personas mayores deben elegir entre comprar el alimento, pagar los medicamentos o abonar los servicios de luz y gas”, lamentó Lucia González.

La funcionaria calificó como "alarmante" el número de personas que llegan diariamente solicitando ayuda. Incluso mencionó que la crisis ha llevado a que muchos adultos mayores deban realizar "changas" para subsistir, una realidad que calificó como sumamente angustiante para este sector de la población que debería contar con la protección del Estado.

Impacto en discapacidad y centros de día

La problemática no se agota en la tercera edad, sino que se extiende hacia las personas con discapacidad. Muchos de ellos dependen de Pami a través del antiguo sistema de pensiones o por ser familiares a cargo de adultos mayores. La falta de pago y cumplimiento de las obras sociales pone en riesgo la continuidad de servicios fundamentales en la ciudad.

“Tenemos madres angustiadas no solo por el diferencial de la medicación, sino porque es posible que un centro de día cierre en nuestra ciudad debido a que prestadores como Pami o Ioma no están cumpliendo con sus obligaciones financieras”, advirtió la directora. Esta situación de incertidumbre afecta la estructura de cuidados de Tandil, dejando a cientos de familias sin los espacios de contención y rehabilitación necesarios para el desarrollo de una vida digna.

Finalmente, desde la comuna esperan que las acciones conjuntas con otros organismos del Estado municipal permitan torcer el rumbo de estas políticas de ajuste y que los afiliados comiencen a recibir las prestaciones que por ley les corresponden.

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