Miguel Ángel Lunghi (h), secretario de Gobierno, respondió con dureza a las críticas del concejal Rogelio Iparraguirre tras la difusión de un informe del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) que reveló una deuda de 3.661 millones de pesos por parte de obras sociales y prepagas. El funcionario instó al legislador a utilizar sus vínculos políticos para regularizar los pagos de IOMA y AOMA con el Municipio, y rechazó la adhesión al sistema provincial SAMO.

La polémica se encendió luego de que el SISP diera a conocer un detallado estado de situación sobre la falta de pago de diversos prestadores. En diálogo con La Mañana (El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1), Lunghi (h) defendió la gestión administrativa del área de salud y salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición. 

“Me gustaría saber qué comentario tiene él al respecto de la deuda que tiene IOMA con la Municipalidad de Tandil, porque quizás tiene reuniones para que se regularice. Es fácil ser comentarista porque uno no tiene la responsabilidad de gobernar todos los días”, disparó el secretario.

El informe oficial cuantificó la deuda exacta en 3.661 millones de pesos. El funcionario detalló el listado de las entidades deudoras, encabezado por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), que adeuda aproximadamente 291 millones de pesos. 

Al respecto, Lunghi (h) aclaró que, si bien la obra social provincial realizó un pago en febrero de 2026, el mismo correspondió a prestaciones brindadas durante el 2024. “Esa deuda atrasada genera que, cuando vienen los pagos, la capacidad de reposición de insumos médicos no sea la misma producto de la inflación en salud, que ha sido superior al IPC”, explicó.

El listado de deudores se completa con cifras significativas: Ospac debe 272 millones; el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), 149 millones; Osecac, 146 millones; ATSA, 111 millones; OPAC, 110 millones; y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), 108 millones. También aparecen en el registro la obra social de personal de farmacia con 81 millones; Camioneros (Ochoca), con 79 millones; y OSPM, con 73 millones de pesos, entre otras.

Ante la magnitud de estos números, el secretario de Gobierno subrayó que no se trata de estimaciones al azar, sino de un trabajo riguroso realizado por un área específica del SISP: “Acá hay un área pertinente que se dedica a la facturación del sistema, con once empleados que gestionan, facturan e intiman permanentemente”.

El rechazo al sistema SAMO

La propuesta de Iparraguirre de adherir al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una herramienta provincial de recupero de costos, fue uno de los puntos centrales del debate. Lunghi (h) fue tajante al explicar por qué la gestión local decidió no adoptar ese camino.

“Ese sistema cobra una comisión del diez por ciento por la gestión y tiene un nomenclador inferior en más de un 30 por ciento respecto al nomenclador que utiliza el sistema público de Tandil”, precisó el funcionario. Según su visión, aceptar el SAMO significaría "no defender los intereses de los tandilenses", ya que las prestaciones se cobrarían por valores muy por debajo del mercado.

El secretario comparó la situación con un distrito vecino de menos de 40.000 habitantes que sí adhirió al SAMO y que, sin embargo, mantiene una deuda proporcionalmente mucho mayor con IOMA y otras obras sociales. “Nosotros hemos elegido otro camino, que es intentar conveniar con cada una de las prestadoras mediante nuestro propio nomenclador, que establece los costos reales de cada intervención”, afirmó.

Lejos de considerar la difusión de los datos como una mera queja, Lunghi (h) desafió al concejal Iparraguirre a pasar a la acción. “Ojalá más que ofrecerse, las gestione. Que llame por teléfono e intente conseguir la regularización de la deuda de IOMA”, reclamó, extendiendo el pedido a la situación con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

Sobre este último punto, recordó que el Municipio paga el ciento por ciento de los recursos para los empleados de las canteras y que luego debería recuperar la mitad por parte de la Provincia de Buenos Aires. “A día de hoy, la Provincia nos debe 404 millones de pesos por los empleados de canteras”, denunció.

Asimismo, la situación con PAMI también fue objeto de análisis. El funcionario señaló que la obra social nacional adeuda 202.000 pesos (según el registro administrativo actual) y criticó la falta de interlocutores locales. “No tenemos responsable en el distrito. Habría que preguntarle a los concejales de La Libertad Avanza si van a lograr que se designe a alguien o si van a asumir ellos la responsabilidad”, sostuvo.

La salud como prioridad 

La decisión política de destinar el 40 por ciento de la recaudación de las tasas municipales al sostenimiento del SISP fue ratificada finalmente por el secretario de Gobierno. Ante las críticas de la oposición sobre este nivel de gasto, Lunghi (h) fue enfático: “Para nosotros no es un gasto, es una política de Estado. La salud es una prioridad y la sociedad lo ha ratificado cada cuatro años”.

El funcionario advirtió que el sistema público local está absorbiendo una demanda creciente debido a que muchas personas se dan de baja de las prepagas por los aumentos o pierden la cobertura de sus obras sociales sindicales por la situación económica. "El sistema público siempre intenta dar respuesta para que el problema de salud del vecino no se agrave. Nosotros nos hacemos cargo del problema y lo intentamos resolver todos los días”, concluyó.

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