La Municipalidad de Tandil, a través del área de Patrimonio Cultura y Archivo Histórico, sentó su postura frente a la reciente demolición de la fachada una propiedad protegida ubicada en Alem al 900. En diálogo con El Eco, la coordinadora del área, Victoria Bianchi, dio cuenta del pormenorizado trabajo técnico que se realizó para intentar salvaguardar el bien y refutó los argumentos de trabajadores vinculados a la obra, quienes habían señalado que la estructura presentaba peligro de derrumbe.

"La propiedad no corría peligro derrumbe", aseguró Bianchi, quien sumó que “esto tiene que marcar un antes y un después. Una de las medidas que esperamos es la reconstrucción de la fachada”. 

Cabe recordar, tras la paralización de la obra, la causa ingresó al Juzgado de Faltas N°2, a cargo de Vicente Pedro Oliveto. El Eco de Tandil accedió al acta de la Comisión de Patrimonio, con las observaciones y recomendaciones realizadas a la empresa constructora.

De acuerdo a lo informado por la coordinadora, en la mencionada Comisión -integrada tanto por representantes del Municipio como también de la Unicen, el Colegio de Arquitectos y otros- recibieron un informe presentado por un ingeniero civil contratado por la constructora. 

En dicho documento, indicó, se argumentaba que la única solución viable para el predio era la demolición total, aduciendo una supuesta inestabilidad estructural que ponía en riesgo la vía pública. 

"Nosotros analizamos ese informe que, en ningún momento, manifestaba desperfectos a nivel estructural que permitiesen la caída de la fachada por sí sola", explicó Bianchi, quien destacó que el rigor con el que se trabajó buscaba justamente evitar una pérdida irreparable para el acervo local.

Ante la falta de coincidencias entre la postura de la empresa y la visión municipal, la Comisión solicitó una segunda opinión profesional. Dicho estudio coincidió con el diagnóstico oficial: la estructura era sólida. Según el dictamen técnico, lo que el informe privado señalaba como deterioro grave era, en realidad, vegetación invasiva y los efectos del vandalismo tras años de falta de mantenimiento por parte de sus propietarios.

Entre el abandono y la intencionalidad

Desde el Área de Patrimonio subrayaron que el cuidado de los bienes protegidos corresponde, en primera instancia, a los propietarios de los mismos. No obstante, en este caso, sostuvo que el municipio intervino activamente a través de la Comisión haciendo observaciones preventivas. 

En ese sentido marcó que el dictamen, emitido el 9 de diciembre pasado, puntualizaba cada uno de los argumentos técnicos para rechazar la desafectación y la demolición de la fachada, proponiendo en su lugar una integración armónica del frente histórico con el nuevo desarrollo gastronómico.

La funcionaria fue tajante al diferenciar el proceso de demolición del interior de la casa —el cual sí fue autorizado debido a su avanzado estado de deterioro— de la destrucción de la fachada. 

"Se permitió demoler el 70 por ciento de la superficie, pero pedimos mantener la fachada, que representa un estilo arquitectónico único en el partido de Tandil", señaló. Para la Comisión, la caída de los muros no fue un accidente ni producto del paso del tiempo, sino el resultado de una acción deliberada que ignoró las pautas de apuntalamiento necesarias para una obra de tal magnitud.

A pesar de que los responsables del proyecto fueron notificados de las sugerencias y restricciones impuestas por el Ejecutivo y la Comisión de Patrimonio, la obra avanzó sobre el frente protegido. 

Según Bianchi, el día que se retiró la resolución de la oficina de Patrimonio, la firma quedó legalmente al tanto de que la continuidad del proyecto gastronómico estaba supeditada al respeto de la fachada histórica. El incumplimiento de estas directivas es lo que ahora motiva la búsqueda de "medidas ejemplificadoras".

El acta de la Comisión de Patrimonio

A través de un acta, la Comisión de Patrimonio se expidió el 9 de diciembre pasado sobre la situación en torno a la fachada de la propiedad patrimonial ubicada en Alem al 900. Fue luego del informe técnico elevado por la empresa constructora, en el que se solicitaba la desafectación del inmueble del régimen de protección municipal, por el supuesto peligro de derrumbe que presentaba.

El Eco de Tandil accedió al acta que, entre otros aspectos y con mayores precisiones, marca que:

-La sola inspección visual no constituye diagnóstico estructural definitivo ni habilita directamente la opción demolición, por lo que la normativa exige agotar primero estudios instrumentados los cuales no constaban en el expediente.

-Los “colapsos parciales, filtraciones y pérdidas de pisos”, son patologías frecuentes en inmuebles de tal antigüedad y demandan intervenciones de emergencia.

-La alteración previa de la fachada “amerita sanciones, pero no anula su capacidad de recuperación”,  y “puede ser preservada con seguridad”.

-Sobre los riesgos para la seguridad pública, la Comisión expuso compartir la preocupación pero “la respuesta técnica correcta no es la demolición inmediata, es la implementación de medidas de seguridad”.

Como parte de las alternativas “basadas en la seguridad del propio informe”, recomendó el cierre perimetral, la señalización y el apuntalamiento inicial, así como también estudios técnicos complementarios.

Propuso una conservación de la fachada con posible reconstrucción interior,  pero también una conservación mínima que incluya la consolidación de muros, el refuerzo y la estabilización. Además, sugirió la posibilidad de integrar el emprendimiento gastronómico dentro del esquema de preservación. La documentación y el rescate, explica el acta es una instancia “excepcional y jamás puede tomarse como punto de partida”.

En cuanto a las recomendaciones administrativas y procedimentales, el acta de la Comisión de Patrimonio propuso una inspección técnica - ocular, solicitar la intervención de un segundo peritaje imparcial, rebatir la solicitud de desafectación y demolición hasta contar con estudios instrumentados concluyentes, requerir al solicitante un proyecto ejecutivo con alternativas de preservación, aplicar medidas cautelares sobre el inmueble y sanciones por intervenciones no autorizadas y evaluar alternativas de conservación y mantenimiento.
 

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