Se llegó a un acuerdo en una audiencia por la toma en el barrio Palermo y los ocupantes liberarán el predio

 

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Luego de varios meses de conflicto desde que el propietario del predio delimitado por Segundo Sombra, Muñiz, Casacuberta y Caseros solicitara el desalojo de las familias que estaban ocupando el predio, con varias idas y vueltas en el medio, ayer finalmente se llevó adelante una audiencia que tuvo resultados positivos, considerando que las únicas tres familias que permanecen en el lugar accedieron a desocuparlo y a cambio el Municipio se comprometió a ayudarlos a pagar un alquiler por seis meses.

Cabe recordar que era un total de 12 familias las que ocupaban el lugar, la mayoría hacía muchos años, pero ante el pedido de desalojo, nueve de ellas lograron reubicarse en otros espacios. No obstante, tres no pudieron hacerlo y permanecían allí.

La secretaria de Desarrollo Social del Municipio Alejandra Marcieri aclaró en primer lugar el motivo por el cual no concurrieron a la audiencia anterior, que fue porque la invitación fue enviada a un mail que ya no está en uso, es decir que nunca la recibieron.

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“En realidad nosotros no concurrimos porque nunca fuimos invitados, el doctor Moragas hoy (por ayer) condujo la reunión y empezó diciendo que solicitaba unas disculpas al Municipio porque habían enviado la invitación para participar de la reunión anterior a un mail que ya no estaba en uso, y que por eso había sido nuestra ausencia. Entiendo que fue un error involuntario por parte de ellos también, que esperaban que nosotros concurriéramos y tampoco nos llamaron para corroborar ni verificaron que el mail hubiera sido recibido, así que después de las disculpas del caso empezamos la reunión”, señaló.

Del encuentro participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia, el fiscal Damián Borean, los abogados del titular del terreno, Desarrollo Social del Municipio, el juez de Garantías José Alberto Moragas  y el defensor oficial de las familias Diego Araujo.

“Araujo empezó diciendo que de las 12 familias quedaron 3, pero que algunas de las que se habían retirado estaban con algunas necesidades de acompañamiento desde el punto de vista de la asistencia social. Como nosotros en el mes de enero habíamos hecho los informes sociales de esas personas sabíamos que estaban en condiciones de resolver su situación habitacional y que no necesitaban asistencia del Estado para retirarse y de hecho así fue, que de las 12, 9 pudieron solucionar solas el retiro del espacio”, recalcó.

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En ese sentido, planteó que “eso es muy importante para nosotros porque significa que el trabajo que hicimos a nivel territorial fue el correcto en cuanto a la evaluación de las personas y la capacidad que tenían de hacerse cargo de manera autónoma de su situación habitacional”.

No obstante, sostuvo que “entendemos que en el marco de esta pandemia, de la situación que se está viviendo en el país, si bien esas 9 familias se fueron de manera autónoma pueden estar viviendo alguna necesidad, a lo cual y ante el requerimiento del defensor oficial accedimos a que sean atendidos en los centros comunitarios y si necesitan algún tipo de acompañamiento desde el punto de vista alimentario, algún tipo de asistencia para la cual tengamos algún programa, se los va a ofrecer y se los va a acompañar”.

La propuesta

Respecto a las tres familias que quedaron, el defensor oficial había solicitado lotes del Plan Familia Propietaria hace aproximadamente dos meses por escrito.

“Hace aproximadamente dos meses habían cursado una nota preguntándonos si teníamos lotes del Plan Familia Propietaria y si podíamos acceder a entregar esos lotes a estas familias que no tenían vivienda. Nosotros les respondimos que los lotes del Plan Familia Propietaria, se lo respondimos en su momento por escrito y lo ratificamos hoy (por ayer), que esos lotes que existen en nuestra ciudad hoy por hoy están afectados por una ordenanza a programas de vivienda que pudieran llegar a conseguirse financiamiento, tanto del Estado nacional como provincial”, manifestó.

Y agregó que “es política de este Estado municipal y que lo ha sido siempre y lo va a seguir sosteniendo que tanto las tierras que podamos tener o el suelo que se pueda urbanizar y que esté disponible para las personas se haría de manera transparente, y en igualdad de condiciones para todos aquellos que estén anotados en el Registro de Demanda Habitacional”.

“No consideramos que afectar este uso a personas que hayan usurpado y que estén solicitando tierra para desalojar un espacio sea un mecanismos al cual el Municipio pueda acceder, se lo volvimos a comunicar, y lo entendieron. Explicamos que tenemos 650 acompañamientos en alquileres en estos momentos en la ciudad, que son 650 vecinos que hoy por hoy no pueden con su alquiler y que también necesitan una vivienda y que estaríamos en una situación muy injusta cederle estos terrenos a estas tres personas que quedaron, o a las 12 que en su momento eran o a cualquier vecino que hoy por hoy ocupe de manera ilegal un lote solucionarlo entregándole un terreno”, argumentó.

Y consideró que “aprobar entregar terrenos bajo esa metodología sería sentar un precedente que no corresponde porque no sería ni transparente ni igualitario”.

En tanto, indicó que a las tres familias que quedaban, “ya en su momento en enero se les había ofrecido que vayan a buscar un alquiler, y se habían resistido porque tienen una casa muy grande y la tienen que desarmar, que son de planchones. Así que mantuvimos nuestros ofrecimiento desde un principio, que busquen un alquiler y en la parte que ellos no lleguen nosotros los acompañaremos. Y Araujo nos pidió que fuera por el término de 6 meses el acompañamiento, a lo cual nosotros accedimos”.

Después intervinieron funcionarios de la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia quien le solicitó al Municipio que antes de terminar esos 6 meses hagan un informe social de situación, porque “si siguen necesitando ayuda van a gestionar un subsidio desde la Provincia ya sea en materiales si necesitaban construir, o ya sea a través de dinero para seguir fortaleciéndolos si pasados los seis meses necesitan acompañamiento, ese fue el compromiso que asumió la Provincia”.

Las tres familias deben presentarse el lunes en Desarrollo Social para coordinar y salir a buscar un espacio para mudarse.

“Los que tienen que desarmar su vivienda lo van a hacer y nos pidieron ayuda para el traslado en algún vehículo municipal, yo les dije que hoy por hoy no me podía comprometer en eso porque de mí no dependen los vehículos de gran porte como para hacer esos traslados que están en otras áreas pero que si está a nuestro alcance gestionarlos y están disponibles para cuando ellos desarmen lo vamos a gestionar”, aseguró.

El desalojo

En tanto, como tramitar los subsidios demanda alrededor de 30 días, el Municipio solicitó que se postergue el desalojo. En ese sentido, se acordó hacerlo efectivo el 21 de junio. “Para ese día tendría que estar desocupado el predio porque nos hemos puesto de acuerdo todas las partes. Esa fecha la acordamos entre todos y quedó establecida, más que nada porque hay gente que tiene que desarmar casas enteras de planchones, y lleva tiempo”, indicó.

Por otra parte, expuso que “otra cosa que le pedí al titular del terreno es que teniendo en cuenta que hicieron pozos sumideros precarios, donde quedaron restos de construcción, pastizales, escombros y demás, como es un lugar que probablemente pueda transitar algún niño, puede ser peligroso, que procediera ni bien la toma de posesión con todo lo que tenía que sanear el espacio desde el punto de vista de seguridad e higiene, lo más prolijo posible, cegando los pozos, cortando los yuyos”.

Asimismo, le solicitó que “proceda al cercado para que no se vuelva a dar  esta situación de intrusión, yo le sugerí que lo cerque y que se encargue de cuidar el espacio, porque es de él, sino en 15 días estamos en la misma situación porque se mete gente”.

En cuanto a la propuesta que hizo la Provincia al dueño de que subdivida los terrenos y ellos se hacían cargo de los gastos, el propietario se negó.

Por último, Marcieri destacó que “se resolvió el conflicto de manera pacífica, logrando que las personas se retiren, algunos por sus propios medios porque estaban en condiciones y otros con el acompañamiento del Estado, pero lo importante es que esta gente ya no va a estar en condiciones de vulnerabilidad habitacional y la persona titular del inmueble va a poder hacerse del espacio y ser responsable también de lo que pasa en el mismo”.