La Municipalidad de Tandil puso en marcha el diseño de una nueva normativa que busca poner fin a la proliferación de los alojamientos informales en el ámbito de la propiedad horizontal. El proyecto de ordenanza, que se elevará al Concejo Deliberante tras el receso de verano, tiene como objetivo principal regularizar los alquileres temporarios que funcionan dentro de complejos de departamentos y consorcios urbanísticos.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, explicó a El Eco de Tandil que la iniciativa surgió tras reiteradas reuniones con el Instituto Mixto de Turismo (IMT), donde tanto hoteleros como cabañeros manifestaron su preocupación por la dificultad que representa la competencia desleal y la falta de controles en el sector.

La funcionaria destacó que la problemática no solo es económica, sino que afecta directamente a la seguridad pública. En este sentido, recordó un episodio delictivo reciente donde los autores se alojaron en lugares que carecían de registros oficiales. Marcieri puntualizó un caso de gran relevancia donde una transacción de compraventa de divisas terminó en un robo violento dentro de un departamento que funcionaba como alquiler temporario sin estar habilitado.

En dicha oportunidad, no existían datos de los pasajeros, ya que el lugar no cumplía con la obligatoriedad del libro de ingreso y egreso, un requisito indispensable que sí poseen los establecimientos en regla y que cuenta con la doble rúbrica de la Inspección General y de la Policía.

El enfoque en consorcios

El eje central del proyecto de normativa reside en la regulación de los espacios de propiedad horizontal. Propone que aquellos complejos que posean unidades destinadas al turismo deban declararlo explícitamente en su reglamento de copropiedad. De esta manera, si un propietario decide destinar su departamento al alquiler temporario, la administración del consorcio tendrá la obligación de informar dicha situación a las autoridades municipales para permitir las inspecciones de seguridad e higiene correspondientes.

Según detalló Marcieri, si se detecta una unidad funcional operando de forma irregular, la multa no recaerá exclusivamente sobre el titular del departamento, sino que afectará a todo el consorcio a través de las expensas. "Al ser un reglamento de copropiedad, se busca que todos los participantes sean responsables de que la actividad se desarrolle dentro de los marcos legales", señaló. 

El objetivo es dotar al Municipio de una herramienta jurídica que permita el ingreso de los inspectores a los espacios privados cuando exista una declaración de uso comercial. En la actualidad, la detección de estos lugares se realiza a través de un rastreo de información en plataformas digitales, además del trabajo de campo que realiza el área de inspección general. Hasta el momento, se han detectado más de cien puntos en la ciudad que operan por fuera de la ley, los cuales serán los primeros en ser visitados para exigir su regularización.

Para combatir la evasión fiscal que genera esta actividad informal, el Gobierno local trabaja en conjunto con el área impositiva para implementar el alta de oficio. Este mecanismo permitirá que, una vez detectado un alojamiento en funcionamiento y con ingresos comprobables, el sistema lo incorpore automáticamente como un comercio. A partir de ese momento, el propietario quedará sujeto al pago de la Tasa Unificada de Actividades Económicas, tal como lo hacen los hoteles y complejos de cabañas habilitados.

Marcieri insistió en que los recursos recaudados a través de esta tasa vuelven al mismo sector turístico para financiar campañas de promoción del destino. Por lo tanto, quienes operan en la informalidad no solo evaden sus obligaciones, sino que se benefician de la publicidad y el prestigio que el resto de los prestadores sostiene con sus aportes. La intención es que el universo de los alquileres temporarios sea lo más transparente posible, garantizando que todos los actores compitan en igualdad de condiciones.

Garantizar un destino seguro

El concepto de Tandil como destino turístico ha sido uno de los pilares de la gestión municipal. El proyecto de esta reforma legislativa tiene entre sus aristas resguardar al turista. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se busca prevenir fraudes y estafas que empañen la imagen de la ciudad.

Se han registrado situaciones donde visitantes contratan servicios que no existen o que no cumplen con las condiciones de habitabilidad ofrecidas en las aplicaciones. "Necesitamos que el turista llegue, se encuentre con un lugar seguro donde alojarse y se retire convencido de querer volver, no que se sienta estafado", enfatizó la funcionaria. Desde el sector se ha hecho un gran esfuerzo por promocionar el destino, no solamente dentro de la provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, el hecho de garantizar un destino seguro también implica que si por alguna cuestión de seguridad se necesita recurrir a algún alojamiento, se pueda acceder a los datos necesarios: quién está alojado y de dónde proviene. “Parece una cuestión mínima, pero a la hora de la seguridad lo hemos hablado en varias ocasiones con la mesa de gestión local y es muy importante”, indicó.

La regulación exigirá que cada unidad funcional declarada cuente con elementos básicos de protección, como matafuegos, señalización de salidas de emergencia y condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Aquellas propiedades individuales o familiares que también se alquilan de forma temporaria serán abordadas en una etapa posterior con estrategias diferenciadas. “Es una herramienta más para regularizar. Es un universo muy grande y por algún lado hay que empezar”, cerró Marcieri.

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