Nace un bebé por mes en Tandil con abstinencia neonatal y preocupa el aumento de los consumos

El consumo de sustancias durante el embarazo ya es un problema emergente de salud pública en Tandil. Los casos que algunos años atrás eran excepcionales, hoy son cada vez más frecuentes. Según datos recolectados por Perspectivas, en el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) se registró el nacimiento de un bebé por mes con Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN) en lo que va del año. El SAN es el conjunto de síntomas que pueden ocurrir por haber estado expuestos a sustancias psicoactivas. La situación incluye bebés internados con cuadros severos y madres adolescentes y muy jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. 

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Según el Ministerio de Salud nacional, entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de las personas gestantes declara haber usado drogas ilícitas durante el embarazo. En estudios toxicológicos de poblaciones de alto riesgo, el número puede trepar hasta el 40 por ciento. El fenómeno es global: la brecha de los consumos entre varones y mujeres tiende a disminuir y cada vez se comienza más temprano.

Este medio consultó con profesionales de la salud, especialistas en pediatría y neonatología -que optaron por reservar sus nombres- quienes brindaron una radiografía de lo que sucede en la ciudad con el consumo perinatal. “Nosotros vemos la consecuencia final, que es el neonato abstinente, pero antes de eso pasaron muchas cosas”, explicaron los médicos.

Asimismo, a mediados de este año, profesionales del SISP propusieron crear una mesa intersectorial para mejorar la comunicación entre los distintos sectores que trabajan con la problemática del consumo durante el embarazo. La intención es reunir a todos los actores implicados y trabajar de forma interdisciplinaria para elaborar un diagnóstico y fortalecer los dispositivos de atención y contención, que muchas veces fallan. 

El año pasado, en el Hospital Santamarina, hubo tres recién nacidos prematuros fallecidos a causa del consumo de cocaína con hemorragia cerebral y necrosis intestinal, entre otras patologías graves. Frente a esa situación, todo el sistema de salud se mostró alarmado. “Se hizo una comunicación con el Ministerio de Salud de la Provincia para ponernos en situación, porque estamos muy preocupados. Antes era excepcional, y ahora, desde enero, tenemos un caso por mes”, remarcaron las fuentes consultadas.

Un abordaje más afectivo 

e interdisciplinario

Los casos se multiplican, casi idénticos entre sí: mujeres que llegan al parto sin seguimiento, otras que concurren a los centros de atención primaria. Muchas de ellas mienten sobre su situación por temor. Al respecto, una de las especialistas entrevistadas ponderó que “hay una visión sancionadora de la medicina, porque durante mucho tiempo el médico ocupó ese rol y no se ocupó de establecer otro tipo de diálogo con el paciente”.

El abordaje debe hacerse “desde la perspectiva de género y de no sancionar”, porque muchas mujeres temen que, si admiten el consumo, les quiten a sus hijos. “No cualquiera está preparado para entablar una comunicación con una persona adicta que está gestando. Para proponerle un plan de acción hay que ponerse en la misma vereda del paciente, no en la del dedo acusador”, afirmó la profesional.

La profesional también remarcó que el sistema está adaptándose a una realidad nueva: “Antes no nos pasaba, ahora tenemos protocolos para niños con síndrome de abstinencia”. En la actualidad, todos los partos incluyen —o deberían incluir— análisis toxicológicos. A partir de esos resultados, se define un plan de acción con intervención del servicio social y local, aunque reconocieron que “el seguimiento en el terreno es deficitario total”. Esto se comprobó con dos neonatos diagnosticados con síndrome de abstinencia que, pese a haber sido dados de alta con dispositivos de contención, reingresaron con cocaína en sangre. Un panorama desolador. Así, la mejora del escenario requiere de un plan integrado, que no termine en el diagnóstico, sino que contemple el acompañamiento y el posicionamiento de los médicos ante las pacientes.

Alto riesgo

En tanto, cuando el sistema detecta una embarazada con consumo problemático, debe derivarse al consultorio de alto riesgo. Allí se intenta reducir el daño: “Obviamente se le propone no consumir, porque el neonato no solo está expuesto al síndrome de abstinencia, sino a malformaciones cardíacas, neurológicas y hasta trastornos del espectro autista que recién se van a ver cuando vaya a primer grado”.

El abordaje es interdisciplinario e involucra a obstetras, parteras, salud mental, servicio social y el entorno familiar. “El manejo es de acompañar hasta el parto. Si nacen con síntomas, se internan en neonatología porque hacen clínica: hemorragias, convulsiones, hipoglucemia”. Cuando el alta se concreta, se evalúa la situación familiar : “No quiere decir que esa madre no pueda ejercer la maternidad, pero ya implica inhibir la lactancia. Hay madres que se comprometen, pero no todas pueden sostenerlo en el tiempo”.

Según los registros proporcionados a este medio, de doce casos, hubo seis internaciones este año y dos embarazadas en seguimiento con consumo problemático. La raíz del problema está en un deterioro profundo del tejido social y la falta de acceso a derechos básicos. “Tiene que ver con la educación, con el núcleo familiar. No hay educación preconcepcional. Son adolescentes, consumidoras, embarazadas, gente de muy bajos recursos y vulnerada. Habría que hacer un análisis muy profundo”, destacó una de las médicas.

Para ella, el sistema de salud ve “el embudo”, el resultado final. “¿Cuántas se nos escaparán?”, se preguntó. Y agregó: “Si estás embarazada y no te cuidás, ¿qué te lleva a no cuidar eso tan preciado? Pasan muchas cosas en el medio”.

El objetivo de la mesa intersectorial propuesta es evitar que se repitan situaciones como las de niños que reingresan con cocaína en sangre pese a haber sido dados de alta con un dispositivo. Se remarcó que el sistema debe detectar las fallas y ajustar los mecanismos de intervención. En esa línea, se subrayó la importancia del trabajo territorial y de la comunicación entre los equipos, al advertir que existe una diferencia entre “la foto del alta” y “la realidad cotidiana”, y que aún falta profundizar el trabajo en terreno.

Actualmente, el Servicio de Neonatología del Hospital Santamarina trabaja junto con la residencia de Ginecología y Neonatología en un estudio destinado a registrar los casos de embarazadas con consumo y a elaborar estadísticas locales. Según se explicó, ya se implementó un plan de acción, se conformó la mesa intersectorial —aunque no todos los actores implicados concurren— y se desarrolló una herramienta de detección temprana. Ahora se espera la aprobación de los recursos necesarios. Esta herramienta permitirá generar estadísticas y orientar políticas públicas efectivas para abordar los casos que lleguen al sistema.

Prevención y cuidados

La realidad es que muchas de estas mujeres llegan sin conciencia del riesgo e incluso sin saber que podrían acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) si lo desearan. Algunas no quieren y otras ni siquiera se lo plantean porque desconocen. A partir de la implementación de la Ley de IVE, la mayoría de las mujeres que llegan a parir lo hacen por decisión propia, lo que muestra que hay que correrse del prejuicio de que la persona que consume no desea maternar.

En este punto, es preciso mencionar también la falta de prevención y de trabajo territorial. “Si una joven o un chico van a la salita por un dolor de garganta, ese es el momento de abordar a los adolescentes de 15 años que no usan métodos anticonceptivos. Hay que educar, educar, educar”, insistieron. Hay evidencia que demuestra el impacto positivo de las políticas públicas en el abordaje de diversas problemáticas. Un ejemplo claro fue el Plan Nacional Interministerial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que logró reducir en un 55 por ciento la tasa de embarazos en menores de 19 años entre 2015 y 2022. Sin embargo, ese programa hoy está desmantelado.

Respecto a las enfermedades de transmisión sexual, se señaló además que la sífilis constituye otra epidemia silenciosa en el país y en Tandil. En la actualidad, se ha naturalizado la presencia de la enfermedad y el consumo de sustancias, lo que revela una falta de diálogo con la población y de articulación entre los diferentes actores estatales e institucionales.

Un problema que crece

Desde una mirada más amplia, se reconoció que existen causas que exceden el campo médico. La droga está presente en todos los ámbitos y su abordaje requiere decisiones políticas. También se mencionó que los propios vecinos suelen conocer la situación de quienes consumen y hasta quiénes venden, algo muy frecuente en algunas zonas de la ciudad.

En los relatos recogidos, se mencionaron expresiones como “me fumé una seca” o “toqué la bolsita”, interpretadas como intentos de justificación frente al consumo , que en la mayoría de los casos corresponde a cocaína —alrededor del 95 por ciento, según se indicó— , aunque también se han detectado casos con anfetaminas. 

No obstante, hay casos puntuales también en el que las madres no son consumidoras, pero fraccionan o venden, y ese contacto con las sustancias a través de la piel afecta a los pequeños. En algunas situaciones se registraron, en tanto, casos de abusos, una realidad que suele parecer ajena, pero que ocurre en todos los territorios.  

Desarticular prejuicios

Perspectivas consultó, a la par, con trabajadores de la salud mental que están día a día en los barrios, quienes coincidieron en la importancia de visibilizar la problemática. Los profesionales realizan seguimientos, asisten a los servicios de pediatría y obstetricia y observaron de cerca “los episodios de maltrato que sufren las jóvenes con consumo o con resultados tóxicos positivos”. Cuando existe el consumo, debe analizarse en qué contexto ocurre porque también los entornos familiares son complejos: muchos niños entran en contacto con sustancias en sus propias casas, donde las condiciones de vida suelen ser precarias y hacinadas.

Asimismo, las fuentes consultadas valoraron la posibilidad de seguir reflexionando colectivamente sobre estos temas y de participar en los espacios de trabajo que se abrieron recientemente.

Es preciso señalar que, a nivel local, los distintos estamentos del Estado recién comienzan a tomar conciencia de una situación que emergió con virulencia. En esta etapa inicial, los esfuerzos se concentran en la articulación interna entre salud comunitaria, el Hospital Santamarina, Provincia y los distintos niveles de atención. Sin embargo, los consultados remarcaron que el ámbito médico conserva prácticas muy hegemónicas, con fuertes prejuicios hacia las personas que consumen, especialmente cuando se trata de mujeres que dan a luz a bebés con tóxicos en sangre.

Como se mencionó previamente, el objetivo actual es incorporar estos casos al registro del sistema para contar con datos más precisos y, a partir de ello, promover prácticas más humanas dentro del ámbito hospitalario, y políticas de cuidado y reducción de daños. Se advirtió, sin embargo, que persisten sesgos discriminatorios: por ejemplo, que el servicio social puede solicitar un test toxicológico según la apariencia o el nivel socioeconómico de la madre, lo que genera profundas desigualdades. En tanto, la semana pasada en La Movediza, trabajadores del CPA se juntaron con AMAR, una organización de base que trabaja con jóvenes del barrio y que se sostiene por madres que, en su mayoría, están atravesadas por situaciones de consumos y padecimientos mentales en sus círculos familiares. “En Tandil hay que seguir construyendo más comunidad con las herramientas que tenemos ante un crecimiento exponencial de la problemática”, subrayó uno de los asistentes al espacio.

Los desafíos del consumo 

perinatal en Argentina

El consumo de sustancias durante el embarazo constituye una problemática de salud pública. En junio de 2025, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una campaña de concientización en la que advirtió que “durante la gestación, el consumo de sustancias psicoactivas —alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, ácido lisérgico, entre otras, tanto sintéticas como naturales— afecta el desarrollo de la organogénesis”. En el documento, la entidad remarcó que “no existe una dosis segura” y que estas sustancias pueden provocar complicaciones obstétricas como restricción del crecimiento intrauterino, abortos, partos prematuros, eclampsia y otros trastornos que pueden comprometer la vida del binomio madre-hijo.

De acuerdo con una nota publicada en septiembre último en el portal Anfibia y firmada por la periodista Julia Dominzain, “el tema abre múltiples líneas de debate, entre ellas los criterios para solicitar un dosaje en orina. Dado que el consumo personal no está penalizado, la discusión no pasa por lo judicial, sino por las decisiones clínicas: por ejemplo, cómo proceder con la lactancia en casos de consumo, si suspenderla hasta que el resultado sea negativo o inhibirla directamente”.

En 2022, el Ministerio de Salud de la Nación publicó una serie de recomendaciones para la prevención del consumo perinatal —durante el embarazo, el parto y el puerperio— con el objetivo de actualizar los conocimientos disponibles, promover su abordaje y aportar una mirada desde la salud mental. Allí se subraya la dificultad de establecer relaciones causales entre una sustancia psicoactiva y los efectos adversos observados, debido a los principios de la teratología —la disciplina que estudia las anomalías en el desarrollo embrionario—, que considera factores como el bagaje genético de la gestante, la edad gestacional al momento del consumo y el tipo de sustancia implicada.

Por eso, se habla de un “espectro de efectos”, que puede incluir restricción del crecimiento uterino, partos adelantados, bajo peso al nacer, microcefalia, dismorfias faciales, dificultades en el lenguaje y en la atención, además de un aumento del riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.

Aunque el documento del Ministerio propone un abordaje integral para los equipos de salud, muchas mujeres continúan evitando el sistema sanitario. No se priorizan, temen perder a sus hijos y no quieren ser juzgadas. Un estudio realizado por la Asociación Intercambios en tres ciudades de Argentina resume bien esta situación : no aparecen en las estadísticas, el tabú las empuja a ocultarse, la discriminación las expulsa y la falta de apoyo les impide cuidarse o acceder a tratamientos. Sin dudas, una realidad que debe ser trabajada desde una perspectiva de derechos para fortalecer el bien común.