El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes, en la cual ya se encuentran procesados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. La medida busca revertir la decisión del juez Diego Amarante de excluir un componente central de la investigación.

En su apelación, el fiscal advirtió que hubo un recorte de la acusación original al dejar fuera el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, el cual está vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Según Navas Rial, este punto no es accesorio sino una “parte inescindible” de la maniobra investigada, ya que concentra los montos más significativos de la presunta evasión.

La causa gira en torno a retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social, calculadas en aproximadamente 19.000 millones de pesos. En este esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos para destinarlos a aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal. El fiscal solicitó, además, elevar el monto de los embargos, que actualmente se fijaron en 350 millones de pesos para los principales directivos.

“El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados”, advirtió Navas Rial.

Para el representante del Ministerio Público, los fondos provenientes de la publicidad de los torneos nunca integraron el patrimonio disponible del agente, sino que pertenecen a terceros desde el momento en que se generan. Por ello, consideró que la exclusión de estos montos representa una “reducción artificial del suceso fáctico” que limita la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos.

La resolución final quedará en manos de la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Estos magistrados ya ratificaron previamente la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, además de rechazar esta semana un planteo de las defensas que buscaba declarar la inexistencia de delito.

Además del presidente y el tesorero, la causa involucra a otros tres procesados: el actual secretario general Cristian Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. En su fallo inicial, el juez Amarante sostuvo que se encuentra verificada la intervención culpable de los imputados, dado que contaban con facultades de administración para incidir en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sobre el autor

El Eco IA

La inteligencia Artificial de El Eco, motorizada por Gemini