El Gobierno nacional anticipó que la disputa por la reforma laboral se resolverá en la Corte Suprema de Justicia, en un contexto marcado por las presentaciones judiciales impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT).

“La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, afirmó un funcionario de primera línea del entorno del presidente Javier Milei, al referirse al futuro de la normativa.

En el oficialismo consideran que la estrategia judicial del sindicalismo es el único camino que le queda, aunque anticipan que el desenlace no será favorable para la central obrera cuando intervenga el máximo tribunal.

La tensión se incrementó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara la semana pasada la validez de la reforma laboral, en el marco de la causa “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”.

En ese fallo, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González resolvieron modificar el alcance de la apelación, lo que permitió que la normativa impulsada por el Gobierno recuperara su plena vigencia operativa, tras la medida cautelar que había suspendido 82 artículos.

Sin embargo, el conflicto judicial está lejos de cerrarse. Este lunes, la CGT recusó a ambos magistrados y solicitó la nulidad absoluta del fallo, al considerar que hubo prejuzgamiento sobre cuestiones de fondo vinculadas a los derechos laborales en discusión.

Además, la central obrera cuestionó particularmente a Pesino, al señalar un supuesto favorecimiento a la posición del Estado nacional, en paralelo a un pedido ante el Consejo de la Magistratura para que continúe en su cargo más allá de los 75 años, tal como lo establece la Constitución Nacional.

En el escrito presentado, la dirigencia sindical definió como “descalificable” la conducta del Estado, al sostener que promover la continuidad de un magistrado que falló a favor del oficialismo “constituye una conducta contraria a la ética” y una causa objetiva de apartamiento.

De esta manera, la disputa por la reforma laboral se encamina a una definición judicial de máxima instancia, en un escenario de fuerte confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero.

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