El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero en un movimiento sin precedentes, anunció que su aplicación queda suspendida de forma inmediata. La medida se estableció a través del Decreto 681/2025, que invoca artículos legales que exigen que cualquier norma con gastos específicos tenga una partida presupuestaria definida para su ejecución.

El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue enviado al Parlamento el pasado 15 de septiembre y que es en ese ámbito donde se deben definir los recursos necesarios para la implementación de la ley. La norma había sido previamente vetada por el Ejecutivo en agosto, pero el Congreso insistió con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, obligando a la promulgación.

Los beneficios que quedan en suspenso

Entre las principales disposiciones que la ley establece, y que ahora quedan en suspenso, se encuentran la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (equivalente al 70% de la jubilación mínima), la garantía de cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y una compensación de emergencia para prestadores por la brecha inflacionaria.

El propio Poder Ejecutivo informó que la ley requiere una necesidad de crédito total de $3.019.508.900.000 para el año 2025, lo que representa el 0,35% del PBI. Según las cifras oficiales, el crédito disponible actualmente es insuficiente para cubrir la totalidad de las erogaciones, lo que justifica la decisión de no ejecutar la ley hasta que se apruebe el presupuesto con las partidas correspondientes. De esta manera, la responsabilidad por la aplicación de la ley se traslada al Congreso, que deberá decidir si asigna el financiamiento necesario para que la norma pueda, finalmente, ser aplicada.

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