El Gobierno nacional formalizó la concesión de la Hidrovía y dio inicio a la gestión privada

El Gobierno nacional concretó el pasado martes la firma del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, la principal arteria fluvial por la cual circula cerca del 80 por ciento del comercio exterior argentino. Con este paso, se dio inicio formal a una nueva etapa de gestión privada que, según destacó el Ministerio de Economía, permitirá reducir costos logísticos, modernizar la infraestructura y mejorar la competitividad de las exportaciones.

La concesión quedó bajo la responsabilidad del consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, empresas que cumplieron con los requisitos administrativos exigidos. Entre las obligaciones asumidas se encuentra la creación de la sociedad específica Vía Navegable Argentina S.A., el traspaso de activos de la administración estatal y la contratación del personal necesario para ejecutar las tareas de dragado, balizamiento y registro hidrométrico.

A partir del inicio del nuevo esquema, se activó de forma automática una reducción del 13,5 por ciento en el valor del peaje de la vía navegable. Asimismo, comenzarán las obras de profundización del canal y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la navegación, lo que permitirá que los buques operen con mayor carga y reduzcan sus tiempos de navegación desde los puertos de origen.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que estas mejoras tendrán un impacto directo sobre los costos de las exportaciones y fortalecerán la competitividad de los sectores productivos e industriales. Este proceso marca el fin de la gestión estatal de la estratégica vía para dar paso a un modelo basado en la inversión privada.

Transparencia y control

El Ministerio de Economía afirmó que la licitación concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes y destacó que se trató de uno de los procesos más complejos desde el punto de vista técnico. El procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia y participación, incluyendo mesas técnicas con usuarios privados, especialistas, productores, industriales, representantes de los sectores naviero y portuario, universidades y provincias ribereñas.

La licitación contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que supervisó el cumplimiento de estándares internacionales. Aunque la operación quedará en manos privadas, el Gobierno mantendrá el rol de autoridad de control y avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, integrado por representantes de las provincias ribereñas y usuarios privados.

Desde el Ejecutivo señalaron además que el sector privado respaldó el nuevo esquema y calificó la firma del contrato como “un hito histórico para la producción”, al considerar que permitirá consolidar una infraestructura clave para el desarrollo del comercio exterior argentino.

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