El per saltum es un recurso judicial extraordinario que permite llevar un caso directamente a la Corte Suprema, sin pasar por las instancias intermedias, como las cámaras de apelación. Se trata de una herramienta excepcional dentro del sistema judicial argentino, que solo puede utilizarse cuando el caso presenta una situación de gravedad institucional o requiere una resolución urgente por su impacto.

El Gobierno decidió recurrir a este mecanismo en el conflicto por la reforma laboral, luego de que un juez suspendiera más de 80 artículos de la norma tras un planteo de la CGT. El objetivo del recurso es acelerar los tiempos judiciales y evitar que el expediente pase por tribunales intermedios, de modo que el máximo tribunal intervenga de forma directa y defina el caso.

En este contexto, la Procuración del Tesoro solicitó que la Corte Suprema deje sin efecto la medida cautelar y restituya la vigencia de la ley mientras se resuelve el fondo del conflicto. El planteo oficial sostiene que la suspensión de una ley nacional por parte de un juez de primera instancia implica un problema institucional y afecta el principio de división de poderes, uno de los argumentos centrales para justificar el uso de este recurso.

Para que el per saltum avance, la Corte Suprema debe aceptar su tratamiento. En caso contrario, la causa continúa su trámite habitual en las instancias judiciales inferiores. De esta manera, el recurso se convierte en una vía directa y excepcional hacia el máximo tribunal, utilizada en casos puntuales donde se busca una definición rápida sobre temas de alto impacto político, económico o institucional.

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