Cositorto sera procesado por 1.095 estafas y ordenan investigar a 22 sobreseídos de Generación Zoe
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto como presunto jefe de una asociación ilícita por 1.095 estafas y revocó el sobreseimiento de 22 implicados, al tiempo que ordenó investigar la ruta del dinero y lavado de activos.
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La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py confirmó el procesamiento contra el coach Leonardo Cositorto como presunto jefe de una asociación ilícita responsable de un total de 1.095 estafas vinculadas al conglomerado Generación Zoe.
Los camaristas Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi firmaron la resolución que además revocó el sobreseimiento de unos veintidós implicados en el manejo de la empresa. La decisión obliga a continuar la investigación sobre quienes cumplían funciones dentro del emporio financiero educativo denunciado por ocultar un presunto esquema ponzi.
La imputación abarca presuntas estafas cometidas entre 2019 y abril de 2022, cuando Generación Zoe ofrecía cursos de coaching, trading y liderazgo y prometía rendimientos mensuales a partir del 7% en dólares. Los instrumentos ofrecidos incluyeron membresías, robots de trading, lotes vinculados al "Zoe Paradise Club de Campo", productos denominados "PIN Nación" y "PIN Multimillonario" y activos digitales como USDT (Tether) y Zoe Cash.
La acusación estima un perjuicio económico de más de 16 millones de dólares, 4 millones de pesos y 6.500 euros, además de bienes registrables cuyo valor no fue determinado en la resolución.
En la resolución, los camaristas rechazaron los argumentos de la defensa de Cositorto, que sostenía que la empresa tenía actividades reales y que el cese de pagos respondió a una corrida mediática. Los jueces señalaron que, si bien se registraron pagos de rendimientos por un plazo, no se encontró una actividad económica que justificara los rendimientos ofrecidos por Zoe.
La decisión suma un procesamiento más contra Cositorto, quien actualmente se encuentra detenido en Corrientes cumpliendo una condena de 12 años por estafa; además tiene otra condena de 11 años en Salta y causas abiertas en Santa Fe y Córdoba. No obstante, el movimiento judicial del que da cuenta la resolución corresponde a la causa porteña, que concentra la mayor cantidad de presuntos damnificados.
La Cámara cuestionó decisiones previas de la jueza Alejandra Alliaud, quien en septiembre del año pasado había sobreseído a varios involucrados. Los camaristas consideraron esas decisiones prematuras y dictaron la figura de falta de mérito para mantener a esas personas en la causa sin procesarlas, al tiempo que ordenaron que continúe la investigación.
"Si bien los elementos incorporados resultan insuficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la intervención penalmente responsable de los imputados, tampoco permiten afirmar, con la certeza negativa que requiere el sobreseimiento, su ajenidad"
La Sala agrupó a los investigados según su rol. En primer lugar ubicó a quienes tuvieron una intervención funcional o manejo de fondos: Facundo Maringolo, Martín Rodríguez, Evelyn Cameille, Micaela Liporacci, Federico Aguirre, Matías Zamorano y Norman Próspero.
De Nicolás Ariel Lahargou y Marina Daniela Mantelli la Cámara pidió una mejor determinación del origen de sus fondos para justificar la compra de bienes.
En un tercer grupo, definido por intervenciones profesionales, técnicas o funcionales, la Sala ubicó a Maximiliano Aguirre Bosc, al contador Gustavo Antonio de Jesús Saavedra, a Fernando Camiletti, al trader Matías Notaro, a Matías Ferri, a la contadora Julieta Sciutti y al exjuez Héctor Luis Yrimia, quien según la causa reside en Dubai y manifestó no tener intenciones de volver a la Argentina.
Un cuarto grupo, con menor intensidad incriminatoria pero con tareas realizadas para el conglomerado, incluyó a Adriel Calomite, Keila Batista, Eliana Velázquez, Lucas Camelino (condenado en Corrientes), Maxi Mitroff y Juan José Lima.
Además de confirmar el procesamiento, la Sala ordenó revocar los sobreseimientos por lavado de activos y solicitó reconstruir el circuito de cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes, con el objetivo de determinar la ruta del dinero y profundizar la investigación sobre posibles maniobras de complejo blanqueo.
La resolución representa un avance en la causa porteña que investiga el colapso del esquema denunciado y mantiene abiertas las pesquisas para dilucidar la participación de directivos, profesionales y empleados vinculados a Generación Zoe.
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