La defensa de Pity Álvarez solicitó la nulidad de la pericia interdisciplinaria

La defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, solicitó este viernes la nulidad de la pericia interdisciplinaria llevada a cabo en el Cuerpo Médico Forense (CMF) al considerar que el documento habría sido elaborado previamente. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la invalidez e "ineficacia" del análisis.

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Los letrados sostuvieron que el informe se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones. Por este motivo, requirieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen, al tiempo que peticionaron un nuevo examen para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

De manera subsidiaria, la defensa solicitó la citación a declarar de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia. Si bien el informe no advierte una alteración de las facultades psíquicas, ambos profesionales señalaron que el peritado no se encontraba lúcido al momento de realizar el análisis.

El escrito presentado, de 22 páginas, también reclama la suspensión de la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 y solicita la nulidad del debate debido a que transcurrieron más de 16 días desde la última audiencia. Asimismo, los abogados pidieron que se convoque a los profesionales de la Clínica Dharma, el Hospital Tornú y otros equipos asistenciales para esclarecer las contradicciones existentes.

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Tras el hecho, el imputado se dio a la fuga y concurrió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. El intérprete, de 54 años, enfrenta una imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con una pena prevista de ocho a 25 años de prisión.

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