En el tramo leído ante el Tribunal Oral Federal 7, la fiscalía sostuvo que los sobornos investigados constituyeron “actos delictuales” garantizados por empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista y señaló a la exjefa de Estado como la “principal receptora” de esos pagos.

De acuerdo con la acusación, este mecanismo permitía a los funcionarios enriquecerse y asegurar la continuidad del circuito recaudatorio durante los años en que el expresidente Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner ocuparon la conducción del Ejecutivo.

Durante la quinta jornada del debate, el TOF 7 finalizó la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Carlos Stornelli y avanzó sobre la tercera pieza procesal.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 funcionó dentro del Poder Ejecutivo una asociación ilícita integrada por 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, dedicada a un sistema de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras y contratos públicos.

En este tramo, la fiscalía profundizó la imputación contra la ex presidenta, al sostener que los pagos registrados por el chofer Oscar Centeno y reconstruidos en la investigación formaban parte de un circuito de sobornos “perfecto”, en el que ambas partes, entre funcionarios y empresarios, obtenían beneficios.

En el caso de la máxima autoridad del Ejecutivo, la acusación ubica a Fernández de Kirchner como destinataria central de esa operatoria.

Otras imputaciones

En la audiencia también se repasaron imputaciones por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, junto con los descargos, la valoración probatoria y la calificación legal de cada imputado.

Entre los acusados se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta, funcionarios del Ministerio de Planificación y empresarios vinculados a firmas como Electroingeniería, Isolux e Isolux Corsán.

Cerca del final de la jornada se inició la lectura del tercer tramo de la causa, que abarca presuntos pagos vinculados a la adjudicación de obras públicas y nuevas imputaciones contra exfuncionarios y empresarios del sector de la construcción.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 2 de diciembre a las 13.30, cuando se completará la lectura del tercer requerimiento: anotaciones de Centeno, descargos, valoración probatoria y calificación legal. NA

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