La Justicia intimó al gobierno de Javier Milei a reparar la Ruta Nacional 3 y garantizar seguridad
La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Municipio de Azul y ordenó al Estado nacional ejecutar obras urgentes en el tramo hacia Cacharí.
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La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar en las últimas horas a una medida cautelar presentada por el Municipio de Azul e intimó al Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, a reparar la Ruta Nacional N°3 para garantizar condiciones mínimas de seguridad. Los magistrados ordenaron al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y a Corredores Viales S.A. implementar medidas urgentes en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEntre los fundamentos del fallo, los camaristas destacaron que durante los últimos seis meses se registraron 11 siniestros viales en ese sector. Asimismo, informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron la presencia de baches, hundimientos, huellas de alto tránsito y falta de señalización en distintos sectores de la calzada.
La Cámara Federal de Mar del Plata revocó la resolución dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Azul, que había rechazado la cautelar, al considerar acreditada la existencia de un riesgo actual y concreto para quienes circulan por la traza. Frente a esta situación, la administración nacional deberá presentar ante el Juzgado Federal de Azul, dentro de los diez días hábiles de notificada, un plan detallado de trabajo que incluya prioridades, responsables, cronograma y medidas de contingencia.
“El cumplimiento de estas tareas deberá concretarse en un plazo máximo de 120 días corridos, bajo control judicial, con informes mensuales sobre el avance de las obras”, se señaló.
Los jueces fundamentaron su decisión en la protección constitucional de la vida y la seguridad de los usuarios. En ese sentido, recordaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que quienes tienen a su cargo la prestación de un servicio vinculado a la seguridad de las personas deben adoptar todas las medidas razonables para evitar riesgos previsibles.
Por tal motivo, la Justicia solicitó que el Estado nacional coloque señalización preventiva y carteles de advertencia, implemente reducciones de velocidad, balizamiento y dispositivos de visibilidad nocturna. Además, se ordenó la ejecución de reparaciones provisorias y focalizadas en los sectores de mayor peligrosidad.
Los magistrados sostuvieron que la tutela cautelar busca neutralizar un riesgo antes de que se produzcan nuevos daños, al existir evidencia suficiente de un peligro concreto por el mal estado de la red vial.
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