La Libertad Avanza (LLA) busca acuerdos para votar el proyecto de Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias que se realizarán entre el 10 y 31 de diciembre, pero necesita el respaldo de los gobernadores dialoguistas para reunir los votos necesarios.

Si bien el oficialismo tendrá 90 diputados y juntos a sus firmes aliados alcanzará unos 115, necesitará al menos una quincena para sancionar el proyecto de Presupuesto en Diputados, por lo que resultan claves los acuerdos que pueda alcanzar con los gobernadores.

En ese contexto son claves las reuniones que viene manteniendo el designado ministro del Interior, Diego Santilli, quien la semana pasada se entrevistó con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; y de Catamarca, Raúl Jalil, a quienes se sumaron Marcelo Orrego, de San Juan, y Martín LLayora, de Córdoba en la última jornada.

El Gobierno girará durante 2026 a las provincias 7,7 billones de pesos correspondientes al porcentaje que les corresponde por coparticipación federal y por programas acordados entre Nación y las respectivas jurisdicciones, pero los gobernadores piden más recursos para aprobar el Presupuesto 2026.

De acuerdo al proyecto oficial, las provincias recibirán 73.914.241 millones de pesos, que corresponden a transferencias automáticas, es decir a aquellas que se giran a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con los índices de coparticipación federal de impuestos y sobre la base de la estimación de Recursos de Origen Nacional.

En tanto que 3.627.442 millones son las transferencias no automáticas que se incluyen en el marco de diferentes programas y que serán aprobadas por el Congreso al momento de la sanción de la ley, según señaló la Oficina de Presupuesto.

Los incrementos representan un 31 por ciento de aumento con respecto al 2025 pero los gobernadores peronistas y aliados reclaman mayores ingresos en concepto de ATN y del impuesto a los combustibles.

Las demandas

Una de las principales demandas de los gobernadores es una nueva distribución de los ATN, que el año próximo tendrá una partida de 500 mil millones de pesos, más de un 100 por ciento superior con respecto a 2025.

Otra de las solicitudes de las provincias es una nueva distribución de los ATN, que en 2025 tendrá una partida de 569.426 millones de pesos, lo que representa de más del cien por ciento con respecto a este año, pero mantendrá la potestad para realizar su distribución ya que sigue vigente el veto a la ley sancionada por el Congreso.

Esa ley impulsada por gobernadores fijaba se que se distribuyera en forma automática y diaria de acuerdo a la ley de coparticipación; el Gobierno solo estaría dispuesto a conceder que cada año fiscal se pueda distribuir el remanente, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Otro punto de disputa con los mandatarios son los recursos que se destinarán para cubrir el déficit de las cajas previsionales, y en este punto el Gobierno estableció que se girarán 122.762.664.874 para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados.

Los mandatarios dicen que esa cifra es la mitad de lo que se establecía en el Presupuesto 2025 y que para cumplir la ley se requieren unos 900 mil millones de pesos.

En el artículo 60 del Presupuesto se fija que la transferencia solo procederá si la provincia presenta un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que “surja de un acuerdo suscripto con Anses y que corresponda como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior”.

Otro punto de discusión es la distribución del impuesto a los combustibles, que tendrá una recaudación de 7,6 billones de pesos, y por la que los gobernadores aspiraban a tener un 52 por ciento de esos recursos, pero esa ley que impulsaban los mandatarios fue rechazada en la Cámara de Diputados.

En la actualidad, el 28,6 de ese impuesto se deriva a ANSES; un diez por ciento a las provincias; el 24,29 al Tesoro y el resto a fideicomisos, pero al estar eliminados esos fondos los recursos quedan en manos del Tesoro Nacional.

Otro reclamo está vinculado con las obras públicas y cada mandatario tiene su pedido para que se incluya aquellas vinculadas a sus provincias; además algunos gobernadores quieren avales para tomar endeudamiento y llevar adelante obras de infraestructura. NA

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