Los puntos clave del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El Gobierno presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que endurece las sanciones por la explotación ilegal de recursos naturales, crea un Consejo de Seguridad Nacional y regula la actuación estatal frente a amenazas externas.
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El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que establece un nuevo régimen para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina. La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y regula la respuesta del Estado ante amenazas externas.
Entre los ejes principales, el proyecto endurece las penas por la explotación de recursos en Malvinas, reemplazando la actual Ley 26.659. Las prohibiciones se extienden a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables, alcanzando a proveedores, socios y accionistas. Las sanciones incluyen penas de hasta 20 años de prisión, multas e inhabilitaciones, además de la prohibición de operar en el país para las empresas infractoras.
El Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, tendrá a su cargo la coordinación estratégica en áreas como inteligencia, defensa y ciberseguridad. Asimismo, el proyecto faculta el uso de la fuerza para proteger el espacio aéreo y marítimo ante aeronaves o buques hostiles, bajo medidas progresivas y con autorización presidencial.
La iniciativa también introduce restricciones contra la influencia extranjera, prohibiendo aportes de extranjeros sin residencia permanente a campañas políticas y tipificando delitos por revelar secretos a Estados extranjeros o manipular procesos electorales. Finalmente, se eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), permitiendo la inmovilización de bienes de los involucrados.