Adorni presentó sus descargos y justificó su patrimonio con ahorros en bitcoin

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito de 78 carillas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En su respuesta a los 20 puntos del requerimiento de justificación patrimonial, el exfuncionario negó haber abonado 245.000 dólares por refacciones en su vivienda del barrio privado Indio Cuá, asegurando que el monto real fue de 175.000 dólares.

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La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, sostuvo que el dinero en efectivo utilizado en diversas operaciones proviene de la liquidación de bitcoin realizada entre 2017 y 2018. Según el documento, ocho billeteras virtuales generaron un total de 591.544,61 dólares, activos que fueron acreditados mediante acta notarial y que, según argumentó el letrado, son preexistentes al ejercicio de la función pública.

“Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública”.

El escrito detalla que, tras la liquidación de los activos digitales, los fondos fueron conservados en efectivo fuera del sistema bancario en el domicilio del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti. La presentación también aborda la compra del lote 380 en el country Indio Cuá, la cual, según Manuel Adorni, se financió mediante un préstamo hipotecario de 100.000 dólares y 20.000 dólares en efectivo.

Respecto a las inconsistencias detectadas por la fiscalía, que ascienden a 43 millones de pesos y 400.000 dólares, la defensa calificó la diferencia como una brecha residual y no como un enriquecimiento ilícito. El abogado afirmó que la documentación contable y técnica aportada respalda la evolución patrimonial del ex integrante del gobierno de Javier Milei.

Finalmente, el escrito cuestiona los testimonios del contratista Matías Tabar sobre los costos de las obras y sugiere que, de existir irregularidades tributarias por los fondos no declarados en su momento, deberían ser tratadas por la ARCA o el fuero penal económico, y no por la justicia federal. La documentación quedará ahora bajo análisis de la fiscalía para determinar si las explicaciones son suficientes o si se avanzará hacia una declaración indagatoria.

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