El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por el delito de asociación ilícita. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de una causa que investiga cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

El fallo también alcanzó a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como segundo de Spagnuolo en la Andis, y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con estrechos vínculos con droguerías. En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre ellas exfuncionarios y empleados del organismo, así como empresarios privados que habrían intervenido con distintos roles en la presunta asociación ilícita.

Casanello dispuso embargos de diferentes montos sobre los bienes de los involucrados. El más elevado recayó sobre Spagnuolo, por una suma superior a los 202 millones de pesos.

En su resolución, el juez sostuvo que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se conformó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Según el magistrado, dicho esquema se estructuró a partir de la actuación conjunta de operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima autoridad, en perjuicio del interés general y en beneficio de negocios privados ilícitos.

De acuerdo con el fallo, la Andis habría sido utilizada como una “vía de enriquecimiento” para los integrantes de la organización, en detrimento de la finalidad pública del organismo, que debía estar orientada a la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.

Además, Casanello dejó abierta la posibilidad de profundizar la investigación al advertir que el esquema delictivo “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. En ese sentido, señaló que existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores dentro de la propia Andis.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado, como hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, concluye el fallo del juez.

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