Se realizó la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil

Los organizadores de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil (familiares de víctimas con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos) que tienen registrados más de 6.500 casos de asesinatos, torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías y desapariciones desde 1983, leyeron un documento en Plaza de Mayo al finalizar la marcha en el que reclamaron justicia por todos esos casos.

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En el documento, los organizadores aseguraron que miembros de las fuerzas de seguridad asesinan a un joven cada 21 horas, por lo que exigieron: “Ni un pibe menos ni una bala más. El Estado es responsable. Todos los gobiernos matan y desaparecen personas. Que no nos maten aquí ni allá”.

Y agregaron: “Los adolescentes de San Miguel del Monte lo único que hicieron fue juntarse en la plaza. La impunidad que pretenden imponer hace que nosotros sigamos con las marchas en todo el país. El gatillo fácil es una forma de represión del Estado. Denunciamos al Estado represor y opresor del capitalismo burgués. También responsabilizamos al Estado por los pibes asesinados en comisarías como la de Transradio”.

Ayer, las familias de víctimas de gatillo fácil, marcharon bajo las consignas: “Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención; basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas; libertad a las/os presas/os políticas/os; no a la reforma del código penal y la implantación de la ‘doctrina Chocobar’”.

El reclamo principal, expresado entre pancartas, pintadas, banderas y folletos, fue contra miembros de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas Policía Bonaerense, Policía Federal, Policía de la Ciudad y Prefectura Naval, y también contra el Gobierno Nacional por considerar que hubo casos en los que “no intervinieron”.

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La movilización realizada en la Capital Federal se replicó en varias ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata.

 

En Rosario

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Los manifestantes, convocados a los Tribunales provinciales de Rosario, marcharon por las calles céntricas de la ciudad hasta la sede local de la gobernación santafesina.

“Los casos de violencia estatal y de gatillo fácil son una deuda de todos los gobiernos democráticos desde la vuelta de la democracia”, dijo a Télam Federico Pagliero, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario.

“La lentitud de la Justicia y la impunidad que aparecen en gran parte de los casos de violencia institucional en las que la policía se investiga a sí misma es otra deuda que exigimos a la provincia que salde”, señaló.

En un comunicado, los organizadores expresaron que “los hechos de violencia institucional no son casos aislados en nuestra ciudad. A lo largo y ancho de todo el país estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas, extendidas en el tiempo, y se profundizan y agravan en el marco de políticas de ajuste y empobrecimiento”.

“Repudiamos los dichos del ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, y del gobernador, Miguel Lifschitz, habilitando y respaldando el uso ilegal y abusivo de la fuerza como forma cotidiana de gestionar conflictos, en sintonía con la línea “manodurista” que impone el gobierno de Cambiemos de la mano de Patricia Bullrich”, remarcaron. (Télam)