La mujer irreverente que lleva de las narices a políticos y judiciales

La dirigente Griselda Altamirano y, en las sombras, su compañero Jorge “Mono” Lezica vuelven a ganar la atención ya no sólo marcando la agenda política, ahora también la judicial. 

Sabedores de que no gozan de la simpatía de buena parte de la opinión pública,  igualmente se las han ingeniado para estar en boca de todos, ya no sólo por el rechazo que generan sus modales y acciones, también porque con audacia provocan la incomodidad de la dirigencia política y ahora de los agentes judiciales, propensos a medir los costos a la hora tomar decisiones que duelen.

Altamirano y compañía lo saben, y se aprovechan. Conocen más que muchos las hendijas de un sistema contra el cual despotrican y dicen rebelarse, pero sobre el que subsisten como agrupación política que no se somete al voto popular aunque cosecha voluntades al por mayor con aquellos que no se sienten contenidos ni política ni socialmente.

Aquella debilidad del sistema, sus grises, contradicciones, miedos, son explotados al máximo por quienes consideran que tienen poco que perder, incluso al borde de la ilegalidad (ya fueron condenados y en un futuro procesal es factible que reciban nuevas sentencias adversas). Levantan proclamas que ya ni ellos creen, empero les sirven como excusa, como bandera para incomodar. 

Ayer fue a la clase política, sobre la cual lograron subsidios y planes, la que sostuvo a la agrupación y sus militantes. Se desligaron de su responsabilidad y depositaron en dicha agrupación la contención donde ellos no llegan por desinterés u omisión. 

La Justicia

Ahora el apremio recae en los actores judiciales, acostumbrados a intervenir en asuntos sensibles pero poco afines a la exposición ante una presión social. De hecho, se sospecha que mucho de lo que hasta aquí se resolvió en el vertiginoso derrotero procesal por el presente y futuro del exfuncionario lunghista imputado,   mucho tuvo más que ver con medir el humor social que con sostener el habitual ritmo que llevan causas tan o más escabrosas que esta. 

Aprovechando los resquicios que exponen el sistema y sus protagonistas, Altamirano encuentra consignas y acecha con críticas que pueden terminar coincidiendo con buena parte del pensamiento comunitario, con aquello de la desconfianza y/o desprestigio en que esos actores han quedado inmersos. 

Sin embargo, envalentonada en sus críticas, afirma pensamientos que no se llevan con la realidad. No es verdad cuando acusa de complicidad política y judicial local. Hay pruebas más que elocuentes del casi nulo trato institucional y personal que tiene el jefe comunal y su equipo de gobierno con los funcionarios judiciales. 

Esta misma Justicia llevó a juicio y condena a algunos de los colaboradores del jefe comunal, quien incluso fue citado a declarar y sometido a interrogatorios más severos que los que podría haber sufrido en una embestida de la oposición política. 

Se le achaca incluso a Lunghi y su Gobierno el poco interés por gestionar en pos de mejorar la infraestructura de los judiciales (no da votos), tampoco se entrometió en hacer looby por algún nombramiento afín a su identidad partidaria. 

A más datos: por el acampe en la explanada municipal y bajo ese espíritu de no asumir costos de una decisión (el Municipio tenía y tiene herramientas para accionar a través del Juzgado de Faltas) prefirió hacer una denuncia y tirar la pelota a la Justicia penal, cuando a todas luces era un dislate hablar de un desalojo compulsivo por una protesta en la plaza. 

Se dijo, y la dirigencia política lo admite, se alimentó “un monstruo” que en algunas circunstancias les sirvió, pero en otras oportunidades los acorrala. 

Ahora quien lo padece es el Poder Judicial, donde la presión llevó a estas horas a que los propios integrantes de la comunidad de traje y corbata hablen de vergüenza ajena, de papelón, a partir de cuestionamientos meramente técnicos que hacen a la propia causa Jaureguiber y su suerte procesal. 

Es sabido que el derecho expone dos bibliotecas para un mismo entuerto y, de acuerdo a las circunstancias y/o convicciones, se ubican las resoluciones. Pero hasta aquí, hasta este caso, no se reportaban antecedentes de tamaña celeridad (de aquí y más allá –Azul- también) a la hora de responder en un proceso de esta naturaleza. 

Pero las disidencias intestinas no se quedan en lo expeditivas que resultaron las decisiones judiciales (se apelará a la necesidad imperiosa de calmar el humor social frente a las virulentas manifestaciones), también se discrepa en cuanto a las resoluciones. A más claridad, hay un vasto consenso en que el delito endilgado al exfuncionario imputado no lleva a la prisión ni en el mediano ni en el largo aliento procesal. 

Más tarde o temprano (ahora deberá merituarse de acuerdo a la presión social que se imponga) Jaureguiber, de continuar a derecho, seguirá en libertad, morigerada, controlada, pero fuera de la cárcel. Así reza en el Código Penal que rige las decisiones ahora contrariadas. Así ocurrió con condenados por sucesos más gravosos que éste (caso Amores, D´Angelo, por citar ejemplos cercanos). 

En lo que se pone el acento y merece el desaguisado que llevó a apelación tras apelación que es el rechazo de la eximición de prisión fundada en el entorpecimiento de la causa, después de cuatro meses de litigio, se ha vuelto una discusión abstracta. Que el imputado fuera apresado a las horas de aquel suceso fatal podía cobrar cierta lógica en pos de la mentada pacificación social y precariedad procesal de esos días. Ahora, con el paso de los meses y las continuas instancias recursivas apeladas se transformó en un boomerang para esos actores judiciales que quedaron atrapados en su propia telaraña. 

Por más maquillaje que se intente imponer, la discusión sobre la detención del exfuncionario lunghista es un símbolo que a algunos les servirá como botín de sus batallas. Ni víctimas ni victimario encontrarán consuelo en lo que se resuelva ahora y más adelante. 

Los políticos ayer y los judiciales hoy, han sido llevados de las narices por la voluntad de una activista que con su irreverencia y temeraria astucia volvió a encontrar recovecos (con la toma masiva de lotes en Villa Cordobita hizo traspirar a más de uno) para exponer las debilidades de un sistema con sus actores a cuestas, que no saben cómo lidiar con lo que ellos mismos crearon. 

Sobre el autor

Guillermo Liggerini

Sec. de Redacción El Eco de Tandil