Todo el tema del proyecto de modernización laboral se centra principalmente en como recaerá en los trabajadores y Pymes. Pero hay que no se ha mencionado con la misma magnitud y es lo referente a la desaparición paulatina de la actual estructura de la justicia nacional del trabajo, conformada históricamente por 80 juzgados y 10 salas operativas, al traspasar las causas a la justicia de la ciudad de Buenos Aires con 10 juzgados y 10 salas. Por ejemplo, un mozo que hizo su contrato y trabaja en CABA, hoy interviene la justicia nacional del trabajo y pasaría a la ciudad, supongamos que esto no sería problema. Pero, hay muchas empresas que se radican en CABA y que actúan a nivel de todo el país, acá no puede intervenir la ciudad, no tiene jurisdicción. Esto es claramente de la justicia nacional del trabajo.

El problema central radica en que el sistema judicial de la Ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con una estructura proyectada de apenas 10 juzgados y dos salas. Esto afecta a las partes, trabajadores y empleadores, en relación a tiempos de resolución de las causas.

El proyecto dice que, lo correspondiente a derecho individual del trabajo va a la ciudad y, todo lo demás, a la justicia contencioso administrativo federal, que es otro fuero, con otros principios. ¿Este fuero administrativo va a aplicar la ley de contrato de trabajo?

Concretamente, además del traspaso a la Ciudad de los reclamos individuales, el proyecto deriva el control de las entidades sindicales y los conflictos interjurisdiccionales al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Se crea una ley laboral y se suprime un fuero laboral para que este no aplique esa ley, que es laboral. Hay magistrados que hablan de “GRAVEDAD INSTITUCIONAL” porque atentaría contra la tradicional división de poderes. Existen mecanismos constitucionales y un Consejo de la Magistratura diseñados específicamente para sancionar o remover a los jueces con mal desempeño.

Este tema, de aprobarse el proyecto de modernización laboral tal cual está al momento, esto es, si no hay conversaciones y/o modificaciones, podría ser que termine judicializándose.

Sergio Alvarez Villegas, abogado laboralista

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El Eco de Tandil

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