Sanciones ejemplares como freno a las amenazas de bomba

El pasado 2 de mayo se inauguró la secuencia de amenazas de bomba en los establecimientos educativos de nuestra ciudad. La jornada de este martes se vio afectada por cuatro falsas amenazas en diferentes escuelas, que una vez más tuvieron que interrumpir sus clases para dar lugar a la apliación del protocolo pertinente.

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite

Amenaza de bomba en Comercio, Escuela Normal, Secundaria 1 y Técnica 2

Guillermo Castello, diputado provincial por Cambiemos y presidente de la Comisión de Educación de la legislatura bonaerense, conversó este martes con “Buenas y Santas”  sobre las posibles soluciones al conflicto que vuelven a padecer las comunidades educativas locales.

“Yo creo que hay un efecto contagio. El código penal prevé el delito de amenaza simple y calificada, tiene que intervenir el fiscal para investigar. También se puede poner en conocimiento a la Procuración de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante que se recojan pruebas. Muchas veces estos delitos quedan impunes porque no hay forma de llegar a los responsables. En Buenos Aires hubo allanamientos, se procesó a los responsables por intimidación pública y siguen los juicios”, explicó Castello.

Aunque las autoridades tengan la certeza de que la amenaza falsa, a la policía y directivos no les queda otra alternativa que aplicar el protocolo y evacuar. “Los chicos a veces no son conscientes del perjucio que ocasionan a toda la ciudadanía y al sistema judicial, la justicia debe estar al servicio del pueblo y actuar rápido para producir algún tipo de condena”, expresó el diputado.

Entre los múltiples perjuicios generados por estas “bromas de mal gusto”, se encuentra el traslado diario del personal especializado de la policía a nuestra ciudad. Como la Brigada de Explosivos pertenece al distrito de Azul, los efectivos deben movilizarse con los equipos hasta Tandil  y esto tiene un costo aproximado de 25, 30 mil pesos, cada vez.

Según el legislador, debería existir una condena ejemplificadora pública para disuadir  y evitar que siga sucediendo. “Cuanto más cercanía hay entre el delito y la condena, más poder de disuasión tiene”, detalló Castello.

En el caso de que sean mayores de edad, los autores de las falsas amenazas deberán correr con la responsabilidad penal y civil. Si son menores, el estado demandará por daños y perjuicios (responsabilidad civil) a los padres de los menores que sean identificados como autores de estos hechos.

Identificaron al joven que realizó una amenaza de bomba y quedó acusado de intimidación pública

“La educación requiere un cambio estructural que se hará en varias generaciones, es un proceso. Tenemos que darle importancia a la educación, el hecho de estar en la escuela es condición necesaria para que los chicos aprendan y socialicen, estas perturbaciones le hacen muy mal al sistema”, cerró el diputado.