Violencia de género
Investigan a dos empleados del Juzgado de Faltas 1 por acoso laboral, violencia y abusos
Tras los avances en la Justicia penal, el Municipio inició un sumario administrativo a dos trabajadores. La denuncia motivó una instrucción penal preparatoria que está próxima a elevarse a juicio. La víctima lamentó que no encontró apoyo de las autoridades, que demoraron en abrir la investigación y se limitaron a cambiarla de área. Declararon otras empleadas del juzgado que vivieron situaciones similares.
El avance de una causa penal por “Abuso sexual” en la que están imputados dos trabajadores del Juzgados de Faltas 1 tuvo sus repercusiones en la Municipalidad, que abrió un sumario administrativo para dilucidar los hechos ocurridos en el área que funciona en la planta alta de la Terminal de Ómnibus. La víctima, que lamentó la falta de contención oportuna de parte de las autoridades comunales, había realizado una presentación ante la comuna en noviembre de 2019 y meses después radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.
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La instrucción penal preparatoria que llevó adelante la UFI 3 a cargo del fiscal Luis Humberto Piotti avanzó con celeridad, con las pruebas aportadas por la víctima, como audios y mensajes de texto; testimonios y demás. En tanto, en diciembre pasado los imputados fueron citados a indagatoria, pero se negaron a declarar.
Mientras se aguarda por la requisitoria de elevación a juicio, desde la Oficina de Asistencia a la Víctima, el doctor Mariano Girolet envió al Municipio un oficio para informar el estadio de la causa penal, lo que a la postre derivó en la apertura del sumario administrativo dispuesta en el Decreto 1690/2022, rubricado el 20 de mayo pasado.
El sumario
Tras el avance de la causa penal, el intendente Miguel Lunghi decretó “ordenar la apertura de instrucción de Sumario Administrativo Disciplinario destinado a investigar los hechos denunciados en el marco de la I.P.P. Nº 310/2020 y que forman parte del expediente administrativo Nº 19/16562/00, y sus agregados y fusionados, y deslindar las responsabilidades del caso, si las hubiere, respecto de los trabajadores Hugo Daniel Rey y Mauricio Palahi”.
En segundo término, designó como instructor sumariante a la doctora Karen Daiana Aguerregoyhen y como secretaria, a la doctora Paula Gajduczyk.
La resolución se tomó a partir de las actuaciones administrativas en trámite en la comuna y los informes de Legal y Técnica por los avances de la causa penal.
En los considerandos, el Municipio reseñó que “los hechos denunciados dan cuenta de posibles inconductas reprochables en el marco de la Ley 14.656 y del Contrato Colectivo de Trabajo N° 09/19”; por lo cual “resulta necesario esclarecer dichos hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes mediante la realización del sumario administrativo”.
En simultáneo, sostuvo el principio de inocencia y citó que “conforme lo entiende la Asesoría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, debemos partir de la premisa que establece que ‘el personal de planta permanente con estabilidad de las municipalidades no puede ser privado de su empleo ni ser objeto de sanciones disciplinarias sino por las causas y procedimientos determinados en el Estatuto del Empleado Municipal (artículo 23, siguientes y consecutivos de la Ley 14.656), debiéndose ajustar la orden de sumario conforme lo estatuido en el artículo 27 del citado cuerpo legal’”.
En tanto, citó que el artículo 24 de la Ley 14.656 establece que “no podrá sancionarse disciplinariamente al trabajador con suspensión de más de diez (10) días o con sanción de mayor severidad, sin que previamente se haya instruido el sumario administrativo ordenado por la autoridad competente en las condiciones y con las garantías que se establecen en esta ley”.
Además, fundamentó que el artículo 101 de la misma norma estipula que “el personal de la Administración Municipal no podrá ser privado de su empleo, ni objeto de sanciones disciplinarias sino por las causas y procedimientos determinados en esta ley, en la Ordenanza o en el Convenio Colectivo de Trabajo”.
El relato
En diálogo con este Diario, la trabajadora acosada confirmó que ante los episodios de acoso, hostigamiento, tocamientos y abuso por parte de dos compañeros, el 12 de noviembre de 2019 realizó una denuncia administrativa ante la Municipalidad. Sin respuestas, meses más tarde recurrió a la Justicia con una denuncia en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia.
La mujer contó que desde mediados de 2019, sufrió distintas situaciones de acoso por parte de los imputados que fueron escalando hasta que uno de ellos se bajó los pantalones, le agarró la mano y la obligó a tocarle las partes íntimas.
En tanto, describió que el presunto abusador, que por entonces era delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales, la hostigaba a partir del reparto de beneficios como las horas extras.
En tanto, refirió que el otro trabajador está imputado por “tocamiento”, aunque también por amenazas.
Vulnerada por las agresiones y la violencia que padecía en el ámbito laboral, confirmó que recurrió a distintas autoridades comunales como la directora de Políticas de Género Matilde Vide y el secretario de Legal y Técnica Andrés Curcio, quienes optaron por sostener a los trabajadores en sus puestos, mientras que a ella la apartaron de sus funciones a los fines de “preservarla”.
En paralelo, expuso que recibió apoyo de las delegaciones de los ministerios de Trabajo de Provincia y Nación, como así también de los ministerios de Género, y de la Oficina de Asistencia a la Víctima.
A raíz de la denuncia, el Juzgado de Familia libró la restricción de acercamiento para los imputados y la víctima fue dotada de un botón antipánico como mecanismo de prevención.
Por otra parte, la víctima señaló que desde 2012, al menos cinco compañeras dejaron el área por padecer situaciones de acoso y violencia. Incluso, confirmó que el fiscal solicitó a la Comisaría de la Mujer una denuncia por maltrato radicada por otra trabajadora que había sido archivada.