Diputados buscará avanzar con la reforma del Tribunal Fiscal de Apelación en septiembre
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia tratará este viernes el proyecto que busca ampliar la estructura del organismo y crear una nueva tasa de actuación.
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La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia se prepara para una jornada clave este viernes a las 16 horas. El cuerpo parlamentario, presidido por la diputada Lucía Iañez, buscará dictaminar una serie de normativas consensuadas entre el oficialismo y la oposición, entre las que destaca la reforma del Tribunal Fiscal de Apelación, el órgano encargado de resolver conflictos entre contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires.
El tratamiento de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del peronismo, el radicalismo y el PRO, es visto como una continuación de los acuerdos alcanzados en diciembre pasado para la aprobación del endeudamiento.
El proyecto, presentado el 26 de agosto, propone optimizar el funcionamiento jurisdiccional mediante la ampliación de la estructura del organismo. En concreto, se plantea aumentar de uno a tres la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales, lo que implicaría la creación de 18 nuevos puestos laborales: “Cada vocal será asistido por hasta tres relatores, con título de abogado o contador, teniendo al menos uno de ellos título profesional diferente al de quien asista”.
La normativa también contempla la creación de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, con una alícuota general del 0,60% sobre la base imponible determinada. La celeridad en el tratamiento responde a un amplio arco de apoyo político, que suma 39 diputados peronistas, 11 del PRO, tres radicales y cinco de Unión y Libertad, quedando a solo cuatro votos de alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación directa.
Otros proyectos a abordar
En la misma sesión, la comisión abordará otros proyectos judiciales de relevancia. Entre ellos, se encuentra la propuesta de Lucía Iañez para establecer la obligatoriedad de una audiencia preliminar en los procesos penales, una medida solicitada por el miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, para “bajar el cuello de botella” previo a los juicios orales. Según se explicó, la intención es concentrar las posibilidades de acuerdos alternativos en una ventana de tiempo específica antes de fijar la fecha del debate.
Finalmente, el orden del día incluye iniciativas de Maite Alvado, sobre la recusación de magistrados ante manifestaciones de odio o discriminación, y de Ariel Archanco, que busca considerar el amedrentamiento a denunciantes como un peligro de entorpecimiento en casos de violencia de género, restringiendo las excarcelaciones en situaciones de riesgo reiterado.
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