El Gobierno acelera las negociaciones para aprobar el proyecto de defensa de la soberanía en Malvinas

El Gobierno nacional intensificó las negociaciones con distintos bloques de la Cámara de Diputados para avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, una iniciativa que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales y establece nuevas herramientas en materia de defensa y seguridad.

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Funcionarios del Ejecutivo mantuvieron una reunión con legisladores del PRO, el MID y el Partido Justicialista, con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para conseguir un dictamen favorable. Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

El próximo martes 27 de octubre, a las 16, está previsto un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde el oficialismo intentará obtener dictamen para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto.

Sin embargo, los tiempos legislativos representan uno de los principales obstáculos. Aunque el Gobierno consiga las firmas necesarias, existen dudas sobre la posibilidad de convocar a una sesión el miércoles 28 de octubre.

El panorama se complica aún más de cara a noviembre, cuando la discusión del Presupuesto nacional, la visita del papa León XIV y otros compromisos previstos en el calendario podrían dificultar el tratamiento de la iniciativa.

"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos", expresó Ravier en sus redes sociales.

El funcionario aseguró además que la defensa de la soberanía sobre Malvinas constituye una prioridad para el Gobierno nacional.

Penas de hasta 20 años por explotar recursos naturales

Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento de las penas por la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

La iniciativa contempla sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes participen o colaboren con estas actividades sin autorización argentina.

Además, propone reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las restricciones, que dejarían de limitarse a los hidrocarburos para alcanzar cualquier recurso natural, tanto renovable como no renovable.

También establece la creación de un registro público de infractores, cuyos integrantes quedarían inhabilitados para contratar con el Estado y con particulares en la Argentina.

El texto incorpora, asimismo, la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la normativa.

Nuevas facultades para la seguridad nacional

Otro de los aspectos relevantes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Este organismo tendría a su cargo la coordinación de las políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.

Ante amenazas graves e inminentes, podría disponer medidas excepcionales como restricciones a operaciones financieras y cambiarias, bloqueos temporales de activos, suspensión de contrataciones y limitaciones al comercio exterior.

El proyecto también contempla, como último recurso y bajo protocolos específicos, la posibilidad de autorizar el derribo de aeronaves o el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles.

Cambios en inteligencia, financiamiento político y defensa

La iniciativa incluye modificaciones en otras áreas sensibles de la legislación nacional.

Entre ellas, propone prohibir los aportes económicos a partidos y campañas políticas provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras.

También incorpora figuras penales relacionadas con la revelación de secretos a gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y la participación financiada desde el exterior en campañas coordinadas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.

Por otra parte, redefine las funciones de la Defensa Nacional para permitir su intervención en cuestiones de seguridad interna frente a determinadas amenazas externas, tanto estatales como no estatales.

Finalmente, incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con mecanismos para inmovilizar bienes y restringir operaciones económicas de personas o entidades incluidas en ese registro.

Con este amplio paquete de modificaciones, el Ejecutivo busca avanzar en una legislación que excede la cuestión específica de Malvinas y alcanza diferentes aspectos de la seguridad y la defensa nacional. El primer desafío será conseguir el dictamen el martes 27, antes de que la agenda parlamentaria reduzca las posibilidades de llevar el proyecto al recinto.

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El Eco de Tandil

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