La Corte Suprema de Justicia propuso una profunda reforma en el sistema de selección de candidatos a jueces federales y nacionales. El proyecto, que fue elevado para su análisis al Consejo de la Magistratura, tiene como objetivo central fijar un límite al margen de acción política en los criterios de evaluación de los postulantes.

El nuevo reglamento lleva la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Cabe destacar que el documento no cuenta con la rúbrica del presidente de la máxima instancia judicial, Horacio Rosatti, lo que evidencia un cambio en la dinámica interna del tribunal. La propuesta surge en un contexto donde el Consejo de la Magistratura se encamina a modificar su relación de fuerzas, con una mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

Criterios objetivos y transparencia

La iniciativa busca reducir la discrecionalidad mediante la implementación de un banco de preguntas y un sistema de corrección mediante multiple choice. Uno de los puntos más relevantes es la pérdida de peso de la entrevista personal, que históricamente fue un espacio de alta incidencia política. Con el nuevo esquema, esta instancia solo podrá otorgar un puntaje con un límite del diez por ciento del total, reduciendo al mínimo su capacidad de alterar el orden de mérito.

Asimismo, el reglamento introduce la obligatoriedad de realizar concursos anticipados, incluso antes de que se produzcan las vacantes. Esta medida pretende licuar la influencia del contexto político del momento en el que se desarrolla el proceso de selección y evitar que las vacantes prolongadas afecten el servicio de justicia.

Evaluación técnica y anonimato

El proceso evaluativo se dividirá en dos etapas para garantizar la objetividad. La primera instancia será de carácter general y técnico, con una calificación automatizada que medirá conocimientos sin discrecionalidad. La segunda etapa, de índole práctica, evaluará la capacidad de resolución de casos y la redacción de sentencias. Todo el sistema se apoyará en herramientas digitales que aseguren la trazabilidad y el anonimato de los postulantes para blindar el proceso frente a interferencias externas.

Además, se establece un sistema de evaluación de antecedentes tabulado, donde la formación académica, los promedios universitarios y la trayectoria judicial se ponderarán mediante métricas verificables. De esta manera, se busca sustituir las valoraciones subjetivas por indicadores claros, como el rendimiento académico en la carrera de grado. Si bien en el organismo existen otras 14 propuestas, esta acordada de la Corte Suprema de Justicia es de cumplimiento obligatorio para el cuerpo colegiado.

Finalmente, el proyecto fue comunicado a las Cámaras nacionales y federales de todo el país, así como a los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Para su aprobación definitiva en el plenario del organismo, se requerirán mayorías agravadas, consolidando así la influencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso de selección en desmedro de la discrecionalidad de los consejeros.

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