La Corte Suprema ratificó la cautelar que obliga a aplicar la ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por falta de sentencia definitiva, el tribunal mantuvo vigente la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Estado y ratificó la decisión cautelar dictada en la instancia anterior, la cual se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de diversas universidades nacionales.

Alcance de la medida judicial

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar, que el Gobierno cumpliera de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley. Estos puntos refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. Asimismo, el tribunal consideró que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

Antecedentes del conflicto

El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta donde se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000.000.000 de pesos. Por este motivo, la resolución de la Corte no tiene efectos económicos inmediatos, pero funciona como un aval implícito a la ley.

El Gobierno Nacional había intentado recusar a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria, pedidos que fueron desestimados por el tribunal. El expediente sobre la cuestión de fondo, que incluye el planteo de inconstitucionalidad del decreto 759/2025, continúa su curso por separado.

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