La política alimentaria escolar en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro del debate luego de que la senadora bonaerense Natalia Quintana (UCR) presentara una serie de iniciativas para exigir informes y advertir sobre la situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en el marco de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Por un lado, la legisladora impulsó un pedido de informes sobre el Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), con el objetivo de conocer en detalle su funcionamiento, ejecución presupuestaria, mecanismos de control y criterios de asignación de recursos.

“El programa MESA fue una respuesta necesaria en el marco de la emergencia sanitaria, pero hoy es fundamental revisar su continuidad, su eficiencia y su articulación con otras políticas públicas”, señaló Quintana.

En ese sentido, advirtió sobre dificultades en la implementación, vinculadas a problemas de trazabilidad en la entrega de módulos alimentarios, demoras logísticas y superposición con otros dispositivos de asistencia, como el propio SAE. Además, remarcó la necesidad de contar con información precisa que garantice que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

Preocupación por el SAE

En paralelo, Quintana presentó un proyecto de declaración manifestando su “profunda preocupación” por la situación del Servicio Alimentario Escolar, uno de los principales programas sociales de la Provincia que alcanza a millones de estudiantes en escuelas públicas.

Según explicó, el desfasaje entre la inflación y la actualización de los valores del programa generó una pérdida significativa del poder adquisitivo, lo que impactó directamente en la calidad, cantidad y variedad de las prestaciones alimentarias.

“No actualizar el SAE en función de la inflación implica, en los hechos, una reducción del servicio que afecta a los sectores más vulnerables”, sostuvo la senadora.

Asimismo, destacó el esfuerzo de los equipos educativos y de los Consejos Escolares para sostener el funcionamiento del programa, aunque subrayó que la responsabilidad de garantizar un financiamiento adecuado recae en el Estado provincial.

Hacia una revisión integral

Finalmente, la legisladora planteó la necesidad de avanzar en una revisión integral de la política alimentaria, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo los programas con mayor capacidad operativa —como el SAE— y mejorando los mecanismos de control, transparencia y cobertura.

“Garantizar una alimentación adecuada no es solo una cuestión asistencial, es una política central para el desarrollo, la salud y el aprendizaje de nuestros chicos”, concluyó Quintana.

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