El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, volvió a reclamar el tratamiento de una ley provincial que establezca reglas claras para el uso de productos fitosanitarios. Su posicionamiento ocurrió tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires de suspender de manera preventiva las ordenanzas municipales que regulaban estas prácticas en los partidos de Tandil y Rauch.

De acuerdo a lo expresado por el legislador, la cuestión había sido abordada por su espacio político hace unos cuatro años, cuando impulsaron una iniciativa para ordenar el marco normativo. En ese contexto, Bugallo recordó que la normativa vigente no fija límites específicos. “La ley actual no estipula distancias”, sostuvo. Además indicó que, en función del principio de que “todo lo que no está prohibido, está permitido”, las aplicaciones pueden realizarse sin restricciones determinadas.

No obstante, el diputado señaló que la falta de una regulación provincial con parámetros definidos llevó a que numerosos municipios avanzaran con normativas propias. “Bajo presión social, cada uno mete una ordenanza”, expresó, al advertir que esas disposiciones locales avanzan sobre atribuciones que corresponden a la Legislatura bonaerense.

Desde su perspectiva, estas medidas municipales suelen justificarse en razones de “seguridad sanitaria”, pero terminan legislando sobre una temática de competencia provincial. “No le compete a los municipios”, sostuvo Bugallo, remarcando la ausencia de criterios homogéneos en el territorio bonaerense.

El legislador también puso en duda el rol de la Justicia en este tipo de definiciones y citó el antecedente de Pergamino, donde un fallo judicial estableció una distancia de 1.095 metros para las aplicaciones, una decisión que, según afirmó, “genera un desorden tremendo a nivel territorial”.

En ese marco, Bugallo reiteró que su espacio cuenta con un resumen del proyecto presentado anteriormente, con ejes centrales y lineamientos sobre los puntos que debería contemplar una futura ley provincial de fitosanitarios. Asimismo, adelantó que volverá a insistir con la iniciativa, que perdió estado parlamentario.

“La verdad que sí es necesaria una ley”, insistió el diputado al señalar que sin una norma general “cada municipio hace lo que quiere” y que, en muchos casos, predominan posturas ideológicas por sobre criterios técnicos o científicos.

“Hoy muchos hablan de glifosato, de Monsanto”, planteó Bugallo, al cuestionar ese enfoque y aclarar que la empresa ya no opera en la Argentina y que ese herbicida no es el único insumo utilizado en la producción agrícola.

Por último, el legislador sostuvo que los productos, cuando son aplicados de manera adecuada, no provocan los daños que se les atribuyen. “El glifosato es banda verde y está habilitado por el Senasa”, afirmó. “El problema no es el producto en sí, sino si se utiliza de manera incorrecta, sin receta agronómica ni supervisión profesional”, remarcó.

Fitosanitarios, sanidad vegetal y salud humana

Bugallo explicó que el debate en torno a los fitosanitarios se encuentra principalmente ligado a la sanidad vegetal y que, en múltiples ocasiones, se mezclan esos conceptos con la salud humana.

La resolución de la Suprema Corte se dio en el marco de una causa de inconstitucionalidad vinculada al impacto ambiental en la cuenca del arroyo Chapaleofú. En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica sostuvo que afirmar que un producto “contamina, envenena o mata” es similar a considerar que un medicamento es dañino por naturaleza, y subrayó que el eje debe estar puesto en el uso responsable.

Finalmente, remarcó que las aplicaciones deben realizarse con receta agronómica, con el aval de un ingeniero agrónomo y utilizando productos autorizados por los organismos competentes.

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